El gobernador mendocino, Francisco Pérez, respaldó a los funcionarios y legisladores de la UCR que viajaron financiados por las empresas rusas que hacen lobby para reactivar el proyecto San Jorge y terminó por blanquear así la intención del gobierno de avanzar con la minería. «Que la empresa haga lobby no me parece mal y que nosotros nos interioricemos para después bajar línea, tampoco», dijo.

Fuente: Mendoza On Line
Ya casi no quedan dudas de que Francisco Pérez saldrá a dar el debate por la minería en Mendoza. Y esto no solo por la amplia encuesta que el gobernador le encargó sobre el tema a su gurú Mario Riorda. Sino porque Paco avaló sin fisuras el controversial viaje que un funcionario clave suyo en esta área, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, está cerrando por estos días por Macedonia financiado por las empresas rusas que quieren reactivar el proyecto de cobre San Jorge en Uspallata.

Cuando la polémica por el viaje del funcionario estalló, que además está acompañado por dos legisladores radicales, Martín Kerchner y Néstor Parés, Pérez despotricó mientras escuchaba cómo por la radio en la mañana del jueves las críticas por el viaje arreciaban.

«¿Qué quieren hacer? -atacó a los críticos- . No me parece mal que vayan a esos lugares para ver qué se hace en distintos lugares con la minería. Si no vemos y trasladamos esa información y se comunica después qué se puede hacer minería sustentable, el debate nunca se va a abrir», protestaba el gobernador ante el oído ya acostumbrado a este tipo de reacciones de sus colaboradores.

Zandomeni deberá demostrar a su regreso que el viaje fue financiado por su bolsillo y no por la empresas que llevaron al resto de la delegación, Aterra y Solway, que además subieron al avión para recorrer las minas de cobre macedónicas a un par de periodistas también y al ministro de minería San Juan, Francisco Saavedra. La convocatoria al sanjuanino tiene sus motivos: la reactivación de San Jorge abarca el tratamiento del material en la ciudad de Calingasta, en la provincia vecnia.

El lobby de los rusos fue evidente. Y Pérez lo respaldó: «El lobby conceptualmente es legítimo y legal. Que la empresa haga lobby no me parece mal y que nosotros nos interioricemos para después bajar línea, tampoco», siguió respaldando el mandatario.

Ahora bien: el tour de funcionarios y radicales no cayó nada bien en el bloque de legisladores peronistas, que deberán ser los primeros que tendrán que levantarle la mano al puñado de iniciativas para autorizar proyectos mineros que llegarán en un plazo no muy lejano a la Legislatura.

Los justicialistas, incluso los que están a favor de la minería, no solo apuntan a caerle a Zandomeni a su regreso, sino también a la empresa que financió todo.
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«El bloque de diputados está muy caliente con Zandomeni y con la empresa además, que está jugando políticamente», descargaron su bronca ante MDZ un par de legisladores oficialistas.

Al ministro, le achacan haber sido el organizador del tour. Y a los representantes locales de Aterra y Solway, les pegan por haberse llevado de viaje a dos radicales «porque están jugando a que Cornejo será el próximo gobernador».

«Están equivocados. El problema de la minería no es la gente, son las empresas mineras que quieren meter a presión sus proyectos de inversión en Mendoza», se quejó un hombre del PJ que viene impulsando y fuerte la reactivación de la actividad.

Más allá de todo esto, en el último tiempo ya se sumaron varias señales por parte del Ejecutivo de que la minería se volverá a discutir. Y hay cinco emprendimientos que están sobre la mesa de Pérez.

Dos muy demorados, como son la remediación de las colas de Paramillos y la controversia legal que planteó Danone (la dueña de Villavicencio) que es dueña de 70.000 hectáreas en la zona ricas en oro y cobre y que llegan hasta Paramillos y en donde una empresa, Desarrollo de Prospectos Mineros SA (Deprominsa), tiene permisos de exploración.

Los franceses fabricantes de agua acudieron a la Justicia, solicitando una medida cautelar y lograron frenar los trabajos.
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Hay un proyecto que es a futuro como Cerro Amarillo, una mina de oro y cobre que es la contraparte argentina del conocido cerro El Teniente, en Chile.

Pero hay dos cuya discusión será inmediata. Hierro Indio es un proyecto de capitales argentinos que, con una inversión de U$S 2 millones, pretende explotar un yacimiento de hierro en Malargüe en la zona de la Laguna Blanca y cuyo expediente podría llegar para el tratamiento legislativo antes de fin de año.

Y el otro es el ya conocido San Jorge. Anticipan que a más tardar en octubre ingresará a la Legislatura la nueva actualización para explotar San Jorge y que a nivel oficial se usará el debate de esa nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se discutirá allí, para sondear el clima político y social en torno a la habilitación, aunque sea parcial, de cierta actividad minera.

San Jorge está ahora en manos de empresarios mineros de origen ruso, Aterra Capital y Solway Investiment (los financistas del viaje de legisladores y funcionarios), quienes plantean un nuevo proyecto biprovincial para extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.

Lo que la provincia debe autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, es la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación. Si esa autorización pasa el filtro de la Legislatura, quizás la presión a nivel oficial sobre el regreso de la minería nivel oficial se acentúe. Ahora si esto no sucede, es probable que el tema quede como uno de los asuntos a discutir para el gobernador que venga.

En julio el PJ mendocino redobló su presión y «salir a militar» la cuestión aunque no está en los planes de Pérez aún, avalar los cambios a la ley 7722 (la conocida ley antiminera) que reclaman algunos peronistas.

Estos vaivenes, harán que la Suprema Corte de Justicia postergue para más adelante su sentencia acerca de la constitucionalidad o no de la ley antiminera, que viene analizando desde hace seis años y que se esperaba que tuviera resolución en 2014. Los jueces están ahora pendientes de la resolución política del conflicto antes de dictar sentencia.

Ya no son pocos los ministros que hablan públicamente del tema. Quien rompió el fuego fue el propio Zandomeni, quien hace poco tiempo, en una reunión con la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) y con la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, dijo que «hoy la discusión no es si minería sí o minería no, hoy la discusión es de qué van a vivir nuestros hijos».

El que le siguió fue Marcelo Costa, quien el mismo dia de agosto al asumir como ministro de Agroindustria, lanzó la propuesta de discutir la matriz productiva de Mendoza «para los próximos 30 años y por supuesto que la minería tiene que entrar en la discusión».

Una idea rondó por la Casa de Gobierno esta última semana: así como departamentos combativos del Valle de Uco sancionaron ordenanzas municipales oponiéndose al fracking (la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional) Pérez ya está hablando de que aquellas comunas que estén de acuerdo con la minería, Malargüe y Las Heras, la respalden políticamente a través de sus Concejos Deliberantes.

Los lasherinos no han dicho nada al respecto todavía. Pero desde el Sur se avecina una movida fuerte: el intendente Juan Agulles prepara el anuncio de la creación de una empresa municipal de minería, que buscará asociarse con los privados que pretenden desarrollar proyectos en ese departamento.