En la cordillera luchan por decidir cómo sustentarse en el tiempo. Entrevista radial a la activista contra la minería Carina Moreno, de la localidad de Famatina, en la provincia argentina de La Rioja, quien recuperó la libertad luego de haber permanecido detenida este fin de semana acusada del “entorpecimiento de servicios públicos”. Incluímos el artículo Entorpecimiento del Derecho Público: “Si algo sucede en La Rioja en la más absoluta impunidad, es el entorpecimiento de ciertos “derechos públicos””.

Fuente: Radio Mundo Real
Famatina, La Rioja, Argentina – 01/07/09.

Descargar: entrevista MP3 – 8.2 MB duración: 12 minutos 2 segundos

La causa viene del 14 de abril último, cuando 3 ambientalistas de la zona y un documentalista fueron agredidos por personal de la minera Barrick y funcionarios de la Secretaría de Minería provincial que intentaban cruzar el bloqueo que mantienen las asambleas.

Radio Mundo Real conversó con Carina, quien compartió las exigencias que en la altura siguen manteniendo los vecinos autoconvocados: que se frene la entrega de los recursos naturales, se apruebe la Ley de Glaciares vetada en noviembre pasado y se protejan las fuentes de agua de toda la región.

* Comunidades, movimientos sociales y activistas pueden comunicarse con nuestros corresponsales de base en Argentina Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.

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Entorpecimiento del Derecho Público
Por Ramón Navarro (h)
La tipificación penal (Art. 194 del Código Penal Argentino) que se les imputa a 2 compañeras asambleístas es “Entorpecimiento de Servicios Públicos”.

Si algo sucede en La Rioja en la más absoluta impunidad, es el entorpecimiento de ciertos “derechos públicos”, por parte de una democradura que se está cayendo a pedazos, y quienes entorpecen el normal desempeño de las leyes, son precisamente quienes debieran velar por su estricto cumplimiento.

El presunto delito que el Juez Ramos “ve” en Chilecito en nuestros pueblos, se parece demasiado a un ardid para tapar penosamente lo que se intenta ocultar: la persecución político-judicial a la legítima decisión soberana y popular de negar la Licencia Social a la mega minería.

Lo que ocurrió es que un grupo de funcionarios públicos que no cumplen precisamente un servicio a la comunidad sino todo lo contrario, desoyen la decisión contundente de esa misma comunidad en contra de la explotación mega minera a cielo abierto en su zona, agredió el 14 de Abril pasado -está filmado y presentado- a 2 asambleístas que forman parte de los riojanos que defienden desde hace tres años en Peña Negra, su propia fuente de agua, vida, tierra y destino.

Este Juez es un servidor público a sueldo, pagado por la misma comunidad que ya se ha expresado claramente en contra de estas actividades saqueadoras y contaminantes. Una comunidad que se ha organizado pacíficamente para decidir de pleno derecho (Art. 41 de la Constitución Nacional) qué destino desea para el futuro de sus hijos y nietos y que fue “escuchada” por conveniencia política en 2007 por gran parte del arco de poder que sancionó leyes de prohibición y consulta que luego barrió de un plumazo.
¿Qué tipificación penal verá este señor Ramos en gobernador y legisladores que mienten y traicionan?

¿A quiénes representan estos ”brindadores de servicios públicos”?

¿Los funcionarios de minería que agredieron a las 2 compañeras, no son servidores públicos a sueldo?

¿Los vehículos que los transportaban, los viáticos que cobraron y el combustible que usaron, no los pagamos nosotros?

Lo único “funcional” de estos “servicios públicos” orientados a criminalizar a la comunidad agredida, es brindarle herramientas perversas y serviles de asedio y persecución a quienes dan las órdenes, delegados traidores y empresas que no pasarían indemnes una mínima investigación seria sobre sus actos y patrimonios.

Lo que esta pasando es gravísimo, y recibe la repulsa generalizada de toda la sociedad y adhesiones solidarias nacionales de múltiples sectores sociales.

Los bienes comunes naturales son patrimonio del pueblo de La Rioja.

Las asambleas cuentan con el respaldo mayoritario de la sociedad riojana.

Los mandantes ya nos hemos expresado: No damos Licencia Social a la mega minería.

Otorgar o negar esta Licencia Social es un derecho público constitucional e internacional.

Quienes lo entorpecen, deberán hacerse cargo de sus actos.

RN (h)
DNI 12.646.312
La Rioja, 04 de Julio de 2009