El discurso de la megaminería tiene raíces en la última dictadura cívico-militar y en el neoliberalismo de la década del 90. Un análisis del accionar de los organismos financieros internacionales, los gobiernos progresistas, el consenso extractivo, la complicidad mediática y, en los territorios, las comunidades que defienden el agua, los cerros y la vida.
Fuente: TIERRAVIVA AGENCIA DE NOTICIAS
Por Horacio Machado Aráoz*
Desde Catamarca
A solo 24 horas de la rimbombante inauguración de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac), fuerzas policiales dispararon contra los cuerpos de los pobladores de Andalgalá (Catamarca). El objetivo de los disparos fue abrir paso a vehículos al servicio del mega-proyecto MARA, una explotación minera de polimetálicos diseminados, controlada por la trasnacional canadiense Yamana Gold y proyectada sobre la cuenca hidrográfica del río Andalgalá, a 17 kilómetros en línea recta de la localidad homónima y cabecera departamental.
A 1600 kilómetro de aquel pulcro escenario donde encumbrados funcionarios de gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad que presentaban como tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. El adalid de la embestida, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por una “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”. Vaya manera de construir confianza.
A decir verdad, los planteos de Kulfas y compañía no tienen un ápice de originalidad. Son los últimos actores de una larga lista de funcionarios que, desde el riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem) hasta la actualidad, vienen ejerciendo el mismo libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para “legislar” e impulsar la actividad en los países del Sur Globali.
Son aquellas mismas leyes —sancionadas en 1993 en la Argentina, a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Augusto Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre”— las que hoy siguen vigentes. Igual que en Chile, esa legislación (la Ley 24.196 y correlativas) expresa el mismo espíritu que sus antecesoras de la última dictadura, la Ley 22.095, del 26 de octubre de 1979. No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.
Un discurso con antecedentes en la Dictadura Cívico-Militar
El guion del ministro Kulfas fue escrito décadas atrás. Antes que él, José Alfredo Martínez de Hoz, emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, señalaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”ii. Y justificaba los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones que hoy se hallan vigentes, bajo el resguardo de los actuales funcionariosiii.
Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas de las de la Dictadura) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.
Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Por el contrario, es un antiquísimo reflejo que se remonta a los orígenes mismos del discurso colonial, formalizado por Ginés de Sepúlveda —en la conocida como “Disputa de Valladolid”— cuando procuraba justificar ante las denuncias de Bartolomé de las Casas, la masacre de indígenas operada por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”iv. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.
Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales y paisajes que describen como “inhóspitos”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares” de la economía “nacional”. Como en la época de Martínez de Hoz —en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo—, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).
Territorios para la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional
De la firma del “acuerdo” con el Fondo a la inauguración de la “Memac” y a los gatillos detonados en Andalgalá, pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino en diciembre de 2019 a la balacera en Chubut con el mismo propósito, y la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo (y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra). Son todos eslabones de una misma cadena, la cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales, políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.
Como advirtiéramos casi al inicio de este Gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquistav; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas.
Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.
Consenso miope para el extractivo
Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual Gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó por alto la aceptación (absolutamente unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional” y medio único de pago al que “echar mano”.
Más allá de cuánto y cuándo pagar, la cuestión decisiva del “cómo” quedó completamente al margen de toda discusión. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico y partidario de la clase política. La convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios suprime todas las polarizaciones; no hay grieta para el extractivismo. Se da por hecho que “hay que pagar” y que el superávit exportador “es la única forma de pagar”; las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos.
Por ello, la presencia estelar del presidente del Banco Central en la “Memac”. Tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes del lanzamiento de esa Mesa (y de las balas de goma), la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA, que se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto MARA representa inversiones por más de 4000 millones de dólares y exportaciones por 1200 millones de dólares a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables también mil millonarias: las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá. Nada de eso les parece relevante.
Igualmente, si fuera todavía aceptable la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” del proyecto, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista.
La confesión del despojo
La legislación minera de los ’90, aún vigente en Argentina, está hecha a la medida de los capitales mineros, no del país. Como admitiera Fernando Sánchez Alvabera, conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país, luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la Cepal y CEO de la Barrick Gold).
Según sus palabras, la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica —en términos muy claros y simples— que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional”vi.
En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas trasnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua.
Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido historiador y geógrafo inglés: “Tanto el Siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida”vii.
Si nada estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?
*Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).
NOTAS
i Banco Mundial (1996) “A Mining Strategy for Latin America and the Caribean”. Technical Paper N° 345.
ii José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 175.
iii “El negocio minero requiere un muy largo período de retorno del capital invertido, así como de espera de la rentabilidad, para lo cual es necesario correr un alto nivel de riesgo (…) La estructura de la minería moderna sólo es factible mediante la participación de grandes empresas con organización, capital y tecnología adecuados a la magnitud del esfuerzo que se requiere. (…) Para que ello pudiera suceder en la Argentina era necesario modificar la legislación básica vigente en la materia, modernizándola y adecuando su orientación de acuerdo a los conceptos expresados. (…) La Ley 22.095 [26 de octubre de 1979] estableció el nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen hacia esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería”. José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 176.
iv “La primera [razón de la justicia de esta guerra y conquista] es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros [indios], incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas commoditates, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para el bien universal de todas las cosas.” (Ginés de Sepúlveda, [1550] (1979) “De la justa causa de la guerra contra los indios”. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 153).
v Rosa Luxemburgo (1912) “La acumulación de capital”. Edicionl Internacionals Sedov.
David Harvey (2004) “El ‘nuevo’ Imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist Register N° 40, “El Nuevo Desafío Imperial”. Buenos Aires: Clacso.
Jason Moore (2013) “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.
vi Fernando Sánchez Alvabera (2005) “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 11.
vii Anthony Bebbington, (2007) “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 284.
