La Secretaría de Minería de la Nación – ascendida a rango ministerial – y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros – principal vocero del discurso corporativo – aseveraban que, en 2007, la actividad había generado 40.000 empleos directos (ARGENTINA, 2008; 2010a; CAEM, 2015). Sin embargo, otro organismo oficial como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había estimado para ese año una plantilla laboral sensiblemente menor – 19.142 empleos directos (ARGENTINA, 2010b). Los informes de la Secretaría de Minería habían vaticinado para 2015 la cifra de 87.250 puestos directos de trabajo en el sector (ARGENTINA, 2008; 2010a), proyección sin fundamento toda vez que, durante el segundo trimestre de ese año, el personal en mina ascendió a 63.018 obreros, apenas el 0,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional – 18.076.746 obreros (ARGENTINA, 2015a).
La Secretaría de Minería presenta además estadísticas laborales elaboradas a partir de datos agregados que no permiten discriminar cuáles son los yacimientos y/o los subsectores de la actividad donde se inserta la fuerza de trabajo contratada revelando así la intencionalidad de atribuir a los proyectos metalíferos en particular la creación de puestos de trabajo.
Esa estratagema queda expuesta cuando se recurre a las estadísticas del INDEC: de los 60.244 puestos de trabajo directos registrados en 2014 en la minería en general, el 62,7% (39.503) correspondía a la explotación de minerales energéticos (petróleo, gas, carbón, uranio), y el 22,9% (14.473), al sector canteril (rocas de aplicación); la minería metalífera aportaba el 14,4% (9.072 obreros), cifra equivalente al 0,13% del empleo privado (6.490.746) y el 0,11% del empleo total nacional (7.965.375) (ARGENTINA, 2015a).
El gobierno catamarqueño había prometido en 1993 que, cuando Bajo La Alumbrera comenzara a funcionar, se crearían 10.000 puestos directos de trabajo: las imágenes que poblaron los diarios y la publicidad gubernamental pregonaban una gran ola de empleos mineros, a tal punto que se decretaban frecuentes feriados y asuetos para que la población de Andalgalá y Belén pudiera asistir a la llegada de las maquinarias del progreso.
Ese mismo argumento fue repetido años más tarde en San Juan. Sin embargo, la escasez de puestos directos de trabajo en el sector es la regla, no la excepción. La plantilla laboral de Bajo La Alumbrera asciende a 1.429 operarios, seguida por Gualcamayo (920), Veladero (800), Casposo (420) y Salar del Hombre Muerto (270) (IEEE, 2009; BELENINFO, 2012; NALM, 2010; 2015a; PASTOR, 2014; EL ESQUIÚ, 2012). Como resultado, el personal de esas cinco minas metálicas sumaría apenas 3.839 obreros, poco más de la tercera parte de las cifras que la narrativa estatal y corporativa había augurado dos décadas atrás para Bajo La Alumbrera.
Estos guarismos corroboran la aseveración de Machado Araoz de que, por cada millón de dólares invertido en el sector, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos; teniendo en cuenta que la puesta en producción de los proyectos aquí considerados demandó 1.995 millones de dólares, la relación respecto de la generación de empleo directo sería de 1,92 puestos de trabajo por cada millón invertido.
Otra evidencia empírica de la falacia subyacente al mito del “empleo minero‟ es que el boom metalífero no solo ha manifestado una ínfima influencia en la creación de puestos directos de trabajo, sino que en algunos casos hubo reducción de la capacidad de absorción laboral del sector minero en general.
En Catamarca por ejemplo, donde se emplazan tanto el principal mega-yacimiento cuprífero como la única mina de litio del país: la participación de la rama económica “Minas y canteras” en la ocupación laboral disminuyó, entre 2001 y 2010, del 0,99% al 0,26%. Lo mismo ocurrió a nivel departamental en el área de influencia de Bajo La Alumbrera, tal como lo demuestran los casos de Andalgalá (de 1,72% a 1,17%) Belén (de 7,73% a 0,93%) y Santa María (de 1,84% a 0,67%). La plantilla laboral minera de Andalgalá se mantuvo estable (79 obreros), en tanto que la de Belén y Santa María se redujo un 83,1% (de 550 a 93) y un 46,8% (de 109 a 58), respectivamente. Aún más drástica fue la caída registrada en Antofagasta de la Sierra – del 13,86% al 0,22% (ARGENTINA, 2009; 2013a), a pesar del creciente boom internacional del cloruro y carbonato de litio.
Otro importante factor a menudo ocultado es que el origen geográfico de la inmensa mayoría de los obreros contratados no es local, ni siquiera provincial; por el contrario, posee un componente marcadamente extrarregional, incluso extranjero. So pretexto de baja cualificación laboral y/o escasa tradición minera de la fuerza de trabajo local, las empresas transnacionales suelen contratar a operarios provenientes de otras provincias argentinas no-mineras así como también de algunas naciones sudamericanas, además de reclutar personal jerárquico y técnico originario de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, Inglaterra, Australia y Japón.
La reducida incidencia del sector sobre la ocupación directa se traslada también al empleo indirecto, debido a que la inmensa mayoría del equipamiento y los insumos utilizados en la explotación de los yacimientos es de origen externo, incluso importado. Como resultado, las minas funcionan como verdaderas economías de enclave casi absolutamente desarticuladas del tejido socio-productivo local.
En lo que atañe a la distribución de la renta minera, el discurso corporativo sostiene que, en el año 2013, la remuneración de los asalariados absorbió el 29% de la misma, al igual que el excedente de explotación (CAEM, 2015). Sin embargo, en la principal mina metálica del país (Bajo La Alumbrera) los salarios pagados en 2010 representaban sólo el 2,5% del valor bruto de producción, guarismo que caía a apenas el 1,7% cuando se extrapolaba dicho análisis al período 1998-2010.
Fuente: Psicoesfera y Minería Metalífera en la Argentina: el Mito de la Creación de Empleo en las Provincias de Catamarca y San Juan, Sebastián Gómez Lende.
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