El gobernador de Chubut participó de una mesa virtual nacional que presentó el Plan Estratégico para el desarrollo Minero, en donde anunció que tienen un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la megaminería en la provincia. Participaron el Secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel y el Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.
Por Noalamina.org
Mariano Arcioni puso en palabras que piensa modificar el marco legal que desde 2003 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia. Si bien como vicegobernador participó y aplaudió la Cumbre Ambiental que se pronunció en defensa del agua en 2016 y como candidato a diputado nacional hizo campaña en contra de la megaminería, ya como gobernador, trabajó para que las empresas mineras avancen.
En 2018 comenzó a operar junto a Carolina Sánchez y al Ministro de Energía Juan José Aranguren para realizar la cumbre minera en Telsen. En este 2020 y en plena pandemia, se reunió -al menos siete veces- con el Secretario de Minería de Nación del nuevo gobierno, con quien viene avanzando en varios frentes.
Eligieron a mediados de octubre a Martín Cerdá como presidente del COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, órgano estatal que fomenta el desarrollo megaminero dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. De no participar en la última elección de autoridades, el gobierno de Chubut puso a su Ministro de Hidrocarburos como presidente, secundado por el responsable de minería del Jujuy gobernado por Gerardo Morales.
Semanas antes, la filial local de la minera canadiense Pan American Silver, solicitó al Instituto Provincial del Agua permiso para bombear agua del acuífero Sacanana y con ella abastecer al campamento minero del Proyecto Navidad, en la meseta central norte. El titular del IPA es Gerardo Bulacios, quien también participó de la mesa virtual ayer.
Por su parte el Ejecutivo modificó por decreto áreas en el propio Ministerio de Hidrocarburos: en 2019 quisieron denominarlo “Ministerio de Hidrocarburos y Minería” pero ante la presión desistieron. Quitaron sólo la palabra. En octubre fue publicada la creación de la Subsecretaría de Minería, y dentro de ésta, la Dirección General de Control Técnico Minero y la Dirección General de Desarrollo Minero Sustentable. Dentro de esta última, la Dirección de Políticas Mineras y el Departamento de Evaluación de Proyectos. También la Dirección General de Control Técnico Minero de donde dependerán la Dirección de Catastro Minero y la Dirección de Policía Minera.
Mariano Arcioni gobierna una provincia en crisis desde su asunción en reemplazo de Mario Das Neves. Mientras participaba de la cumbre minera virtual, se anunciaba el pago de salarios para estatales y jubilados de agosto y septiembre según el rango de salario. Dicho de otra manera: hasta hoy debía entre dos y tres meses de salarios y el medio aguinaldo. Sigue adeudando entre uno y dos meses más el aguinaldo, sin novedades de cómo continuará. La pandemia parece haber profundizado una crisis sistémica, en la que se apoya el lobby minero para proponerse como única salida, cuando la población viene rechazando la actividad desde 2003, hoy con el lema “No cambiamos salarios por megaminería”.
Provocativamente, Mariano Arcioni dijo frente a los funcionarios nacionales que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. En realidad la discusión comenzó a darse seriamente en Esquel en 2002, y durante 18 años se sostuvo el rechazo en las calles cada día 4 de cada mes, sumándose a lo largo de los años, manifestaciones mensuales en gran cantidad de localidades.
Las asambleas chubutenses ya presentaron un proyecto por Iniciativa Popular en 2014 para prohibir la megaminería en todas sus variantes y etapas, así como se presentó uno nuevo este año para que se discuta en la Legislatura de Chubut como propone la Constitución Provincial. En plena pandemia, se reunieron y verificaron 30.916 firmas que representan el 7% del padrón (la normativa exige el 3%) y los pueblos de la meseta firmaron en porcentajes altos.
El gobernador ningunea también a quienes desde la academia y la ciencia se han posicionado, como la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco desde su Consejo Superior, así como científicos y académicos que en la provincia se desempeñan en la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Chubut, institutos provinciales dependientes del CONICET, entre otros.
Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de zonificación, a partir de declaraciones de empresarios y mapas tentativos, es que se pretende permitir la megaminería en entre un 60 y 70% de la superficie provincial en las regiones menos densamente pobladas, dejando afuera a las ciudades de la cordillera y la costa. El río Chubut, el único que atraviesa la provincia de oeste a este, queda en el centro de la zonificación. Los proyectos más avanzados en esta región implican extracciones de plata, plomo y uranio.
Los pueblos que quedan dentro de la zonificación, “zonas postergadas” según el gobernador responsable de esa postergación, han sufrido un abandono estatal que habilitó a Pan American Silver a proponerse como quien llevará a la meseta central trabajo, energía eléctrica, transporte e internet: servicios y derechos en los que el Estado incumple. En todos ellos hay habitantes que no quieren ser una zona de sacrificio y reclaman que se les escuche, que no se los tape, mientras los medios de comunicación de la pauta oficial y minera hacen tapa todos los días con declaraciones a favor de la megaminería.
En diciembre de 2019, un recién asumido Alberto Fernández anunciaba ante empresarios que habían logrado “que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Once meses después, con el impulso de funcionarios nacionales y el padrinazgo de Sergio Massa, Arcioni pretende imponer una zonificación traicionando sus promesas electorales; pasando por encima los mecanismos avalados constitucionalmente con los que la población decidió expresar su posición; sin respetar los convenios y compromisos asumidos sobre Consulta Previa al Mundo Indígena; sumergiendo a una provincia en la peor crisis de su historia. Una crisis a la que se llegó de la mano de la deuda y el extractivismo, y que promete empeorar más aún con las mismas recetas.
