Comunidades rurales de San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba pidieron a las autoridades provinciales el cese inmediato de la modificación climática. El último resultado obtenido de sus reclamos ha sido la media sanción para el Proyecto de Ley que prohíbe modificar el clima en la provincia de San Luis.

Por: Alejandro Pellegrinuzzi

En una situación crítica de sequía que atraviesa gran parte de la región centro-oeste de Argentina, comunidades rurales de las provincias de San Luis, La Rioja, Córdoba, Mendoza y San Juan nuevamente alzan la voz contra lo que consideran una amenaza directa a sus territorios: la manipulación climática.

A través de un contundente comunicado los habitantes de las cinco provincias exigen a sus gobiernos que investiguen, denuncien, prohíban y controlen definitivamente las prácticas y tecnologías de modificación del clima en la región, ya que aseguran “son las que han alterado gravemente los ciclos naturales de lluvias y nevadas, generado una sequía devastadora para los territorios”.

Las comunidades señalan que prácticas como la siembra de químicos desde avionescañones antigranizo, generadores terrestres, proyectores de ondas ionizantes, difusores, cohetes explosivos y radares meteorológicos están siendo utilizadas para controlar las precipitaciones de nieve y lluvias en beneficio de proyectos mineros y agrícolas. Según los firmantes del petitorio, esta intervención en los sistemas climáticos ha contribuido a la prolongación de la sequía, deteriorando las condiciones para la vida en sus territorios.

MANIPULAR PARA MANIPULAR

A lo largo de más de 25 años, estas comunidades han documentado los impactos negativos de estas tecnologías en el medio ambiente, la economía y la salud de las personas. “La modificación del clima”, aseguran, “se ha convertido en una herramienta para manipular el territorio y desplazar a pequeños productores y campesinos, mientras las grandes corporaciones se benefician del control del agua y la tierra. Las consecuencias de esta sequía inducida afectan no solo a la agricultura y ganadería de pequeña y mediana escala, sino también a la biodiversidad y a los recursos hídricos esenciales para la subsistencia de las poblaciones”.

Mari Luján, ganadera de La Rioja, otra de las provincias donde, desde hace años, se denuncia la manipulación intencional del clima.

La unión hace la fuerza

A partir de noviembre de 2023, las comunidades se unieron y comenzaron a movilizarse públicamente, realizando manifestaciones y presentando petitorios a las autoridades provinciales y nacionales.

“Hemos acercado a las autoridades de diferentes estamentos gubernamentales de las provincias mencionadas petitorios e información de nuestras amplias investigaciones”, dicen, “pero siempre culpan al cambio climático, a la niña o al niño y omiten mencionar el cambio climático inducido que viene sucediendo desde hace décadas”.

Los habitantes afirman que, a pesar de los pronósticos de lluvias abundantes debido al fenómeno de El Niño que pasó, han sido testigos de cómo las tormentas que se formaban en sus regiones fueron dispersadas artificialmente, dejando a sus tierras sin las precipitaciones esperadas.

DATO: las comunidades aseguran que en la temporada de primavera – verano de 2023-2024 han registrado la intervención de más de 30 tormentas en Cuyo y el Centro del país.

El llamado a la ciencia: Investigación sin intereses

En su reclamo, las comunidades también se dirigen a la ciencia, exigiendo investigaciones honestas e imparciales que analicen el impacto real de las tecnologías de modificación climática. Piden que los estudios consideren las experiencias y testimonios de los habitantes locales, en lugar de partir de suposiciones que niegan la existencia o la efectividad de estas prácticas.

Critican lo que consideran una tendencia a desestimar la problemática desde organismos supranacionales, cuyas investigaciones, afirman, parecen estar alineadas con intereses económicos y políticos que no priorizan la soberanía ni la libertad de las poblaciones afectadas. Para estas comunidades, la ciencia debe actuar en favor de la población y el territorio, y no perpetuar la impunidad con la que se siguen aplicando estas tecnologías de manera clandestina.

En este contexto, destacan el informe técnico y científico elaborado por Oscar Raúl Dölling, de la Universidad Nacional de San Juan, que marcó un antes y un después en las medidas que se tomaron en la provincia de San Juan sobre la problemática.

Bengalas rompetormentas

Cañones rompetormentas

La urgencia de una gestión transparente del agua

Paralelamente a su denuncia sobre la modificación climática, los firmantes también exigen la implementación de mecanismos de gestión del agua que sean transparentes y participativos. Advierten sobre el peligro de una posible privatización encubierta del recurso, señalando como ejemplo la entrega de la gestión del agua a empresas extranjeras, como Mekorot, que podrían estar avanzando hacia la privatización del suministro.

Los códigos legislativos de las provincias establecen que la prioridad en el uso del agua debe ser para las poblaciones humanas y sus necesidades básicas. No obstante, las comunidades denuncian que en muchas regiones, cuando el agua escasea para los pueblos, las grandes empresas siguen haciendo uso intensivo de este recurso en sus actividades comerciales. Por ello, proponen que la información sobre el uso empresarial del agua sea pública y accesible, y que se garantice que las corporaciones no tengan prioridad en el acceso a este recurso esencial.

El petitorio subraya que, si estas prácticas ilegales de intervención climática continúan, solo se detendrán cuando las propias empresas sufran la falta de agua superficial o subterránea. Las comunidades alertan que, si las lluvias se siguen evitando de manera artificial, tanto las personas como los ecosistemas sufrirán las consecuencias.

Una lucha por la vida y el territorio

El reclamo está firmado por diversas organizaciones, entre las que se destacan el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC); Cielos Limpios en América Monitor Ambiental (CLAMA); la Comunidad Territorial Huarpe Pinkanta San Juan; la Asociación Civil Huellas Huarpes; los Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo en San Juan; Guardianes del Monte de Traslasierra Córdoba; No a los Cortes de Tormenta, Sierras Grandes de Córdoba; Patrimonio Natural, Merlo San Luis; Guardianes del Agua, Punilla Córdoba; Comunidad Sikiman (Punilla Sur); Comunidad Nueve Lunas (Punilla Norte) de la Organización Territorial Kami Henen; Entidad Merlina de Protección Animal (Emiroa); Comunidad warpe del territorio del Kuyum San Juan; Organización Territorial warpe waro.

Todas estas agrupaciones han unido fuerzas para exigir que se ponga fin a la modificación climática y se restablezca el equilibrio natural que garantice el acceso al agua y la vida en sus territorios.

El mensaje final de las comunidades es claro: “Modificar artificialmente el clima es un crimen contra nuestras tierras y nuestro futuro”.