En un contexto de falta de licencia social en muchas regiones del país en las que se proyectan realizar extractivismos, entre ellos la minería a gran escala, el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad planifica garantizar su desarrollo a los inversionistas creando un COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA. Con este hecho, se cierra el plan de colonización y saqueo materializado a través del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Y serán las fuerzas de seguridad del Estado Argentino las que, en lugar de proteger los derechos de quienes habitan los territorios, protegerán los intereses de las grandes empresas cuyas actividades son rechazadas por las comunidades por los impactos negativos que ocasionan.
Por: noalamina.org
La aprobación de la Ley de Bases, que incluye el RIGI, otorga enormes incentivos a las inversiones de más de 200 millones de dólares que seguramente atraerán a grandes empresas para realizar proyectos en el ámbito de la minería, gas y petróleo, agroindustria, forestación, tecnología, infraestructura y energía. Dichos estímulos para la inversión son de una magnitud tan exagerada que resultan innecesarios. Por ello, consideramos que fomentan el saqueo, ya que se otorgan muchos derechos y pocas obligaciones para con nuestro país.
Estas leyes, que se dictan con la supuesta intención de fomentar el desarrollo a través de actividades que dicen generar muchos puestos de trabajo, ya se han dictado en diferentes momentos históricos de nuestro país. En la década de los ’90, se sancionaron leyes en todo América Latina con el objetivo de promover la minería a gran escala. Sin embargo, los resultados obtenidos en el primer proyecto concluido, Bajo Alumbrera en Catamarca, fueron desfavorables respecto a las expectativas con que se promovió la actividad con el objetivo de que sea aceptada por el pueblo.
Desde entonces, el rechazo a la megaminería se extendió por todo el país y muchos proyectos están frenados por la resistencia de las comunidades mediante movimientos socioambientales. Y al igual que en el resto del mundo, los extractivismos se llevan a cabo mediante persecución, represión, judicialización de la protesta, espionaje ilegal, violación de derechos humanos y constitucionales. En pueblos como Andalgalá, se habla de una especie de “dictadura minera” ya que en todos los casos, el Estado acompaña y protege a las empresas.
La implementación del RIGI seguramente incrementará las resistencias sociales en todo el país. No sólo oponiéndose a la minería sino también al fracking, a las forestaciones de especies foráneas como el pino y el eucaliptus (han dañado a los ecosistemas, produjeron incendios y escasez de agua), al agronegocio con uso de agrotóxicos, a la energía nuclear, para dar algunos ejemplos. Esta situación, ha hecho pensar erróneamente que se solucionaba con la creación de un comando unificado destinado a frenar y/o paralizar cualquier tipo a de acción en oposición a los emprendimientos. Lo que desconocemos, son las herramientas que están dispuestos a utilizar para intentar lograrlo. Lo que desconocen ellos, son las fuerzas generadas por el convencimiento de que debemos defender el agua y la vida.
En el día de hoy, 6 de septiembre de 2024, fue publicada la Resolución 893/2024 del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich que resuelve crear el COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA. En los considerandos figura el antecedente del Comando Unificado creado para el desalojo de la Comunidad Lafquen Winkul Mapu en Villa Mascardi que llevó un costosísimo despliegue de tropas y vehículos para detener a 7 mujeres y sus niños pequeños, tomando además la decisión equivocada de traslados aéreos a dependencias carcelarias nacionales y su inmediato regreso por vulneración de derechos, que más que exitosa fue vergonzosa.
Si los proyectos a realizarse cumplieran con las normas locales preestablecidas, si los Estudios de Impacto Ambiental con sus posteriores Audiencias Públicas fueran reales y no una puesta en escena, si las comunidades fueran escuchadas y consultadas, la creación de un Comando Unificado de Seguridad Productiva sería completamente innecesaria. Su existencia verifica la ausencia de la licencia social correspondiente, un gasto innecesario para el Estado y que se gobierna de espaldas a los pueblos.
