La explotación de uranio de la mina Los Gigantes, en el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba, dejó de funcionar en 1990, pero nunca se realizaron los trabajos de remediación para evitar que siga contaminando. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Energía Atómica analiza trasladar allí los desechos radiactivos de la fábrica Dioxitek, desde la capital provincial.
Ver también: Alta preocupación de vecinos y organizaciones por la mina de uranio en Los Gigantes
Fuente: La Voz
La mina de uranio que funcionó en la década de 1980 en Los Gigantes parece dormida. Pero, para los pobladores de la zona y ambientalistas, aquel sueño ha dejado peligrosas secuelas.
Desde la altura de este sistema montañoso de las Sierras Grandes, clave para la generación de agua en Córdoba, se observa cómo está hoy el lugar. Mantiene sus instalaciones casi intactas, a excepción de la zona de los dormitorios, ya demolida. Tampoco están los gigantescos tachos donde se depositaba el ácido sulfúrico, necesario para el proceso de concentración del uranio.
A la distancia, lo que más llama la atención es el dique principal con un líquido de color oscuro. En el predio están todos los residuos que se generaron durante la explotación de la mina entre 1982 y 1990. Estériles, diques de cola, marginales de cantera y lodos. Millones de toneladas de desechos que concentran materiales radiactivos y metales pesados. Representan un riesgo potencial para la biodiversidad y para una de las fuentes de agua de la provincia, el dique San Roque.
“La gente que viene a hacer trekking nos pregunta si hay riesgo de contaminación o de radiación. Todos preguntan”, asegura José Luis Amuchástegui, dueño del campo Valle de Los Lisos.
En tanto, Manuel Guerrero Díaz, exempleado de la planta, muestra el recorrido de los efluentes que se arrojaban desde los diques con desechos cuando funcionaba la mina. “Cuando se tiró una solución ácida, se murieron los peces. Nosotros bajábamos a pescar, porque teníamos un entretiempo entre un turno y otro. Las piedras estaban babosas y la vegetación se había muerto. Eso llegó hasta el río San Antonio”, asegura.
Raúl Montenegro, de la Fundación para el Ambiente (Funam), asegura que el riesgo sigue latente. “Es un lugar donde se han acumulado artificialmente toneladas de residuos que tienen concentraciones de elementos radiactivos, metales pesados y metaloides”, señala.
Y explica que hay riesgo de que se genere un colapso en la zona por una lluvia torrencial o como consecuencia de un terremoto. El 5 de noviembre pasado, dos diques con desechos mineros colapsaron en el estado de Mina Gerais, Brasil. El derrame provocó 11 muertos y 15 desaparecidos. Además, se suspendió el suministro de agua potable de 230 localidades de la región que se alimentaban del río Doce, el cual seguirá “muerto” y contaminado por varias décadas.
El campo donde está la mina pertenece a la orden de los franciscanos, quien se lo alquila a la Cnea. La explotación fue concesionada a la empresa Sánchez Granel Ingeniería SA, con ningún antecedente en la actividad minera. Se extrajeron 200 toneladas de uranio en ocho años y luego cerró. Este diario intentó hablar con los responsables de la firma, pero no respondieron a la requisitoria periodística.
Como recuerda Guerrero, durante su funcionamiento se produjeron varios derrames de sustancias ácidas y alcalinas que encendieron la alarma de la población. “Después de muchos de estos episodios, la mina comenzó a preocupar a la gente porque estaba afectando el turismo. Se decidió cerrarla, pero esto nunca se remedió”, apunta Montenegro.
Y agrega: “Desde 1990 hasta ahora sigue contaminando. El Gobierno provincial también es cómplice porque nunca le exigió a la Cnea que realizara los trabajos de remediación”.
Vecinos preocupados
Desde hace unas semanas, un grupo de vecinos autoconvocados está pidiendo la remediación definitiva del lugar. En una carta enviada al presidente Mauricio Macri y al gobernador Juan Schiaretti, reclaman que se realice la reparación del sitio “previa a la presentación del estudio de impacto ambiental y a la realización de la correspondiente audiencia pública”.
“El temor es que el yacimiento pueda llegar a contaminar o que ya esté contaminando los cursos de agua. Estamos con un fenómeno del Niño fuerte, tenemos miedo de que se desborden los piletones y el material radiactivo llegue hasta el río San Antonio, desde donde los municipios de Punilla captan el agua para potabilizarla”, dice Juan Carlos Paesani, presidente de la Fundación Educación Ambiente y Trabajo e ingeniero químico.
En 1998, la Cnea presentó un proyecto al Banco Mundial con el objetivo de obtener un crédito para financiar los trabajos de remediación de todas las minas de uranio de Argentina y de la fábrica Dioxitek, en la ciudad de Córdoba. El crédito, por 30 millones de dólares, fue aprobado en 2008, pero el organismo nacional debía formar un Foro Social integrado por vecinos y organizaciones de cada sitio.
“La Cnea se comprometió a mantener informado al Foro Social sobre los pasos que se iban tomando en la remediación, pero no tenemos ningún dato y se nos niega el ingreso al predio”, señala Paesani.
Pasaron siete años desde que se obtuvo el crédito, pero en Los Gigantes no se ven avances. La Cnea ha focalizado los trabajos en Malargüe, con la esperanza de poder volver a explotar la veta de uranio de Sierra Pintada que hay allí.
¿Qué desechos hay?
A pesar de que fue consultada varias veces por este diario, la Cnea no accedió a brindar información. El último estudio indica que el dique principal tiene 120 millones de litros de líquidos con elementos contaminantes en altas concentraciones, como amonio, radio y manganeso. Y metales pesados como plomo, cobre y zinc. Alcanzan para llenar 48 piletas olímpicas.
También hay 2,4 millones de toneladas de colas de mineral (restos de mineral al que se le extrajo el uranio), 1,6 millones de toneladas de marginales y estériles de cantera, rocas extraídas pero que no fueron procesadas.
En 2014, la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN) determinó que la concentración promedio de radio 226 (elemento radiactivo en el que se transforma el uranio) aguas abajo de la mina fue de 14,9 milibecquerel por litro (mBq/l), con un máximo de 40,8. Aguas arriba, este elemento no fue detectado. La Organización Mundial de la Salud marca como límite los 1.000 mBq/l.
El Arroyo de la Mina (tributario del río Cajón y este, del San Antonio) es el más afectado, aunque aguas abajo la concentración de los contaminantes está por debajo de los máximos tolerables, según la normativa nacional. En 2000 se realizó un estudio sobre la fauna acuática. A diferencia de otros cursos de agua de la zona, el Arroyo de la Mina no tenía seres vivos salvo dos especies de algas.
Analizan el traslado del “chichón” de Alta Córdoba a la mina
No es la primera vez que la Cnea estudia esta polémica mudanza que genera el rechazo de los vecinos de Punilla.
A las millones de toneladas de materiales nucleares que ya hay en la mina, la Cnea quiere sumar los desechos que hay en la fábrica de dióxido de uranio Dioxitek de Alta Córdoba. En el conocido “chichón” hay 58 mil toneladas de residuos con radiación baja depositados allí.
El dato surge de un documento presentado en octubre de este año por la Cnea ante el Banco Mundial en el marco del crédito otorgado para la remediación. Según el detalle del proyecto, el organismo nacional realizó un llamado a licitación para realizar “servicios de consultoría para la ingeniería de detalle de los proyectos de restitución minera de los sitios Los Gigantes y Córdoba”.
Una de las tareas de la consultoría será elaborar el proyecto “para la carga y transporte del material acopiado en el sitio denominado ‘el chichón’, ubicado en Alta Córdoba hasta el sitio Los Gigantes”.
Según el detalle, el proyecto deberá contemplar una maximización de las medidas de seguridad de modo de evitar la dispersión de material al aire o suelo durante la carga, transporte y descarga.
“En la primera presentación al Banco Mundial, la Cnea ya planteaba realizar este traslado. Me llama la atención que insista en esta idea. Me suena a que les están buscando trabajo a las consultoras, porque pensar que realmente se pueda realizar es ingenuo”, comenta Raúl Montenegro.
Y agrega: “Significaría remover el material y trasladarlo por calles de la ciudad de Córdoba, por la autopista… Es tan fuerte la resistencia social que les resultaría imposible”. Ante la consulta periodística, la Cnea no brindó más información.
En su momento se realizó un cálculo de la magnitud de estas tareas. Se deberían realizar 27 viajes diarios durante unos siete meses con camiones de 15 toneladas de capacidad. El problema es que en varias localidades por las que deberían pasar los vehículos está prohibido el ingreso de residuos nucleares.
Cómo sería la remediación
Esta consultora también deberá elaborar la ingeniería de detalle para la remediación de Los Gigantes. Según los diseños previos, la idea es realizar un tratamiento químico de los líquidos del dique principal para reducir la carga de contaminantes y luego o bien esperar que se evaporen, o descargarlos a los arroyos de la zona.
El dique vacío se rellenaría con roca, estériles y marginales de las canteras, además de arena. Luego se colocaría una capa de material para impermeabilizar y así evitar la erosión y el contacto con los cursos de agua y mitigar la emanación de gas radón. En este dique también se depositarían los desechos provenientes de Dioxitek.
Para los 2,4 millones de toneladas de colas de mineral se construirían uno o varios diques que contengan estos sólidos y que eviten que lleguen hasta los cursos de agua.
Ana Marini realizó su tesis de maestría en Ingeniería Ambiental en la remediación del yacimiento. Asegura que los efluentes del Arroyo de la Mina que descargan en las napas subterráneas son los más contaminados. Sin embargo, advierte que los niveles de uranio están por debajo de lo que exigen las normativas internacionales.
“Ha pasado muchísimo tiempo y no se ha hecho nada. Lo más preocupante es que con poco se puede solucionar lo que quedó”, sostiene Marini. Y explica que una fitorremediación consistiría en el aislamiento de los efluentes contaminados, por compactación de capas de arcilla y rocas del lugar, para que el agua contaminada no llegue al subsuelo ni a la cuenca. “Luego se implantan especies autóctonas, como pasto llorón y stypa, que evitan la erosión eólica y la hídrica”, comenta.
Un exempleado, verdadero testigo de la historia
Vivió de cerca la contaminación y el trabajo insalubre en la mina. Manuel Guerrero Díaz trabajó allí durante tres años y medio.
Manuel Mario Guerrero Díaz trabajó durante tres años y medio para la firma Sánchez Granel como oficial electricista y, luego, como jefe de mantenimiento encargado del montaje de la planta de uranio, en la década de 1980. Era el momento de apogeo de la planta, con unos 140 empleados.
“Cuando se terminó el montaje, nadie de nosotros sabía cómo era el proceso. Trajeron ocho químicos y ninguno tenía experiencia en la extracción de uranio. No sabían por dónde empezar, para qué era cada cosa”, cuenta Guerrero, de nacionalidad chilena.
Los empleados de la planta se regían con el convenio de trabajo de la construcción. “Me iba a dormir con la ropa con la que trabajaba. Supuestamente había un sistema donde había un vestuario. Uno tendría que haber entrado ahí, sacarse toda la ropa, dejarla en un casillero, pasar desnudo a otra sala donde tendría que haber estado la ropa de trabajo”, relata Manuel, que le ganó un juicio a la empresa Sánchez Granel.
Guerrero asegura que el uranio se secaba en un horno y se molía, pero las máquinas no funcionaban bien. “Había que sacar la tapa del horno, meterse adentro, con masa y cortafierro para limpiar. Hasta yo me metía con el cigarro en la mano. Esas eran las medidas de seguridad que teníamos. No sabíamos, éramos ignorantes de lo que estábamos manipulando”, relata.
48 horas
Luego aprendieron que a las 48 horas de exposición al polvillo, el organismo eliminaba un 96 por ciento de la sustancia, pero que quedaba un remanente. “No sé qué mediciones usaban ellos para eliminarnos porque a nosotros nos hacían un análisis de orina cada 15 día. Cuando llegaban los resultados de Buenos Aires, nos enterábamos porque de la oficina les decían a los empleados que eran de Pocho, que pasaran a cobrar el fondo de desempleo. El lunes venían 10 empleados nuevos para reemplazar a los despedidos”, subraya.
