La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco repudió los intentos de modificación de la ley provincial 5001 que prohíbe la actividad minera en Chubut y las manifestaciones de funcionarios políticos que alientan la posibilidad de discutir la apertura de los megaemprendimientos mineros.

Fuente: diario El Patagónico

07/09/2011. A través de un comunicado firmado por los referentes de la cátedra, expresan: «El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es un Derecho Humano reconocido en la Constitución Nacional. Es deber del Estado velar para que éste, al igual que el derecho a la salud, no sean afectados, y garantizar la preservación de la naturaleza, el planeta y el futuro de las nuevas generaciones».

Martha Susana Díaz, vocera del espacio indicó que la cátedra decidió incluir dentro de sus temas los derechos humanos vulnerados entorno a la explotación minera.

Indicó que considerando que Comodoro Rivadavia «es una ciudad poco participativa» el trabajo está destinado a promover información que permita a la comunidad entienda por qué se considera que las mineras vulneran los derechos humanos elementales.

La docente argumentó que los derechos humanos están contenidos en los instrumentos internacionales y los estados están obligados, y han sido obligados por la lucha de los pueblos, a reconocer los derechos internacionales.

En este caso, «quienes somos parte de la sociedad, al ser titulares de derecho, cuando el Estado no responde tenemos la posibilidad de recurrir al fuero internacional, a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Esto es lo que lo hace al derecho a un ambiente saludable un derecho humano», subrayó.

DAÑOS OCULTOS

Díaz recordó además que según fuentes acreditadas «por cada kilogramo de litio y oro que se extrae, se producen 350.000 kilogramos de material contaminante. Esa capacidad de contaminar y de destrucción genera día tras día, además del irreparable daño ambiental, enfermedades, sufrimiento, e injusticias, es decir la más profunda violación a los Derechos Humanos de las personas que habitan en las zonas aledañas a la minas, y por extensión en toda la región», se expresó en el comunicado firmado además por Manuel Correia y Fabiana Antiñir.

La comunidad Ñamkulawen también sumó su adhesión a todas las manifestaciones de rechazo «al modelo económico y a las mineras».

Argumentan que en el marco de «un modelo de desarrollo neoliberal extractivista, se ha despreciado la existencia de modos de vida ancestrales y subestimado los saberes tradicionales, que permitieron sobrevivir a millones de personas».

Luego recordaron que los emprendimientos mineros que desde principios de siglo XX «contaminan» territorios de los pueblos originarios, lo hacen sin su consentimiento, ni consulta, desplazando a comunidades enteras en África, India y en América.