El gobierno de Mauricio Macri continúa castigando a Chubut y su economía, en el intento constante de forzar la apertura de proyectos mineros en el territorio patagónico. Esta vez, a través de la AFIP, se han producido embargos a 60 pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Esquel, la comunidad que desde hace 15 años resiste con energía inagotable la instalación de empresas de megaminería. En tanto, los asesores legales del organismo impositivo son señalados como beneficiarios fraudulentos de los juicios que ellos mismos impulsan contra pequeños productores y prestadores de servicios de la provincia.
Fuentes: Diarios Jornada y El Patagónico
La AFIP embargó a otras 60 pymes de Chubut, a finales del mes de junio.
Se trata de embargos contra pequeñas y medianas empresas de Esquel que a raíz de la profunda crisis económica no pueden hacer frente a sus obligaciones fiscales. La situación fue denunciada ante funcionarios nacionales. En la provincia hay alrededor de 1.800 pymes embargadas por el organismo tributario, dimensionó la Federación Empresaria Chubutense.
Durante la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se planteó ante los funcionarios nacionales la situación de endeudamiento que viven las pymes de todo el país y los procesos de embargos y procesos judiciales que existen por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Al respecto se refirió el vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, quien reflejó ante los ministros del Gobierno Nacional (Rogelio Frigerio de Interior, Jorge Triaca de Trabajo y Dante Sica de Producción) la situación irregular de los abogados del organismo tributario, por su doble rol como personal de la AFIP, pero también como principales impulsores de los juicios contra las empresas para el cobro de honorarios.
El directivo de CAME, quien además pertenece a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, remarcó que quienes ejercen su labor de asesoramiento legal dentro del organismo tributario nacional, no pueden ser los mismos que después se benefician con la “persecución y la instigación de las empresas” que hoy se encuentran en una situación vulnerable, por cuestiones conocidas de la actual coyuntura económica (léase liberación de los mercados, vaciamiento financiero, devaluación del peso, y profunda crisis económica en la provincia de Chubut en particular)
Asimismo, Navarro dejó en claro que en su tarea como letrados de AFIP, también poseen información privilegiada y acceden a datos de forma anticipada que inciden en el resultado final de los procesos judiciales contra las firmas.
Según CAME, ante el conocimiento que desde la AFIP se darían medidas de excepción a las pymes chubutenses, comenzaron a acelerarse llamativamente los juicios y ejecuciones, lo cual puso en alerta al sector empresarial.
Días atrás, se había dado a conocer la información que en la provincia de Chubut se encuentran embargadas por la AFIP alrededor de 1.800 pymes. Por ese motivo se consideraba de gran importancia el haber logrado la sanción de la Ley de Emergencia Comercial, lo que dejó las puertas abiertas para avanzar en las gestiones pertinentes que permitan postergar las ejecuciones y prorrogar vencimientos de impuestos nacionales.
Los embargos a las PYMES de Chubut suman mayores angustias a la descarnada crisis económica y social que viene sufriendo la población de la provincia en los últimos meses, originada en una profunda trama de corrupción que atravesó distintas gestiones y colores políticos, así como en el compromiso vergonzoso y manifiesto de la mayor parte de los gobernantes y funcionarios de distintos niveles con los intereses de las empresas mineras.
