Un debate donde las comunidades afectadas por las mineras son soslayadas. La Universidad Nacional de la Patagonia recibió $ 1.115.000 pesos de regalías de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Si bien, legalmente pueden aceptar ese dinero, existen voces en contra debido a la función social de las universidades y por el prontuario que tiene la empresa por contaminación ambiental. Ciertos sectores universitarios hacen un balance del «todo vale» donde los únicos que pierden son las personas que padecen en carne propia los desastres que ocasionan este tipo de yacimientos mineros en el medio ambiente.
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Por Nancy Sáez
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina – 15/05/09. La Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB) recibió $ 1.115.000 pesos de una partida proveniente de regalías de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que tiene varias denuncias en contra por daños al medio ambiente.

El dinero fue distribuído el 24 de abril de 2008 en tres direcciones por el Consejo Superior. Los destinos de tales fondos serán: la Construcción del Comedor Universitario de la Sede Trelew ; compra de libros para el sistema de Bibliotecas y proyectos e insumos relacionados con el medio ambiente.

Si bien, legalmente las Universidades Nacionales pueden aceptar ese dinero, existen voces en contra debido a la función social de las universidades y sobre todo, a causa del prontuario que tiene la empresa en referencia contaminación ambiental.
El yacimiento fue descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán. A partir de allí se comenzó la explotación en un primer momento a nivel local y después intervinieron capitales extranjeros hasta que quedó prácticamente todo en manos francesas y canadienses durante la época menemista.

La ley 14771 en su artículo 18 inciso C, establece que en ciertas condiciones de distribución, se puede dar a las universidades nacionales el 50% de las utilidades liquidas de YMAD. A mediados del 2008 surgió la existencia de dinero de las regalías del 2007 y el Estado decidió repartirlo entre las universidades nacionales. El reparto se hizo a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).adjudicándose a la UNPSJB la importante suma de un millón ciento quince mil pesos ($ 1.115.000).

¿A nadie le importa de dónde viene el dinero?

Los opositores a la aceptación del dinero fueron tildados de principistas en el HCS argumentándoseles que los principios no son operativos. El punto es grave porque las Universidades Nacionales tendrían que evaluar bien de dónde provienen los fondos y más cuando hay una denuncia concreta…

El argumento fue que se usará el dinero para cosas positivas y acciones de remediación medioambiental, pero tampoco se puede de recibir de cualquier origen porque «hay necesidad y en definitiva son fondos frescos”.

Los Consiliarios del claustro no-docente y del Claustro alumnos, que en su momento se opusieron a la recepción de esos fondos, fueron tildados de «principistas» y poco prácticos u operativos. Motivo por el cual, seguramente para ser más prácticos, los alumnos decidieron solicitar $ 450.000 de las regalías de YMAD para construír el comedor Universitario de la Sede Trelew.

De aquí que en el Balance del «todo vale» las sumas y las restas guardan equilibrio. En definitiva los únicos que pierden son las personas que padecen en carne propia los desastres que ocasionan este tipo de yacimientos mineros en el medio ambiente.

El rol de las Universidades Nacionales

¿No estamos dando un doble mensaje a nuestros alumnos cuando pregonamos el respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo aceptamos recursos procedentes de una empresa minera seriamente denunciada y procesada por contaminación ambiental?

¿No es preocupante para una institución educativa que algunos consejeros hayan esgrimido como argumentación para no rechazar esta regalías que las “actitudes principistas no resultan operativas”, que es necesario “ser pragmáticos” y que si nos “quedamos en los ideales no obtenemos nada como resultado”?

Observese que ésta es la misma lógica que imperó en el Consejo Superior del mes de abril 2009 entorno a la Creación de la Universidad de Tierra del Fuego y la «posible» y «deseable» transferencia de la Sede Ushuaia de la UNPSJB a futura Universidad Nacional.

Recorte y amputación de la Sede Ushuaia

Si bien el CIN en su Resolución 415/07 se expide negativamente sobre la creación de nuevas universidades en los territorios “donde ya existe o hay cerca una sede o Universidad”, el HCS de la UNPSJB , en su sesión del 24 de abril, consideró que nada podía hacerse ya que era una decisión de política nacional que cada provincia tuviera su propia Universidad Nacional. En ese caso lo mejor sería que se “creara sobre las bases de la Sede que la UNPSJB tiene en Ushuaia”.

De esta manera, a ningún Consiliario –excepto la representante del Claustro no-docente- le importó la legalidad y oportunidad de tal decisión, como así tampoco la identidad regional y territorial con la que fue conformada la UNPSJB en la Patagonia. (De hecho como mi postura nuevamente fue «principista» y poco alejada de la realidad práctica -según la visión imperante en el Superior- quedé totalmente «orside»).

Es evidente que el modelo capitalista y neo-liberal nos ha cegado a todos y que lo que vale no son los principios, ni la historia, ni la identidad regional. Es evidente que la «contabilidad creativa» implica la lógica del recorte, de la amputación…sea de la zona desfavorable en los trabajadores no-docentes o de las Sedes demasiado alejadas, como la Sede Ushuaia.

En este sentido, la creación de Universidades sin un proyecto de planificación previo, no sólo recarga el presupuesto destinado al sistema nacional de Universidades, sino que restringe la posibilidad de utilizar los fondos públicos para otorgar mayor calidad a la oferta educativa.

¿Y los principios de autarquía y autonomía?¿Y la lucha de tantos actores institucionales y sociales, como la que encarnó el Ing. Aldo Lopez Guidi por consolidar la regionalidad de la Universidad Nacional en la Patagonia ? ¿a nadie le interesa?

El único “muro” que se visualiza, no es la historia (como apunta el rector Jorge Gil en la nota publicada el 05 de mayo), sino la falta de visión y planificación estratégica de los gestores institucionales actuales, toda vez que no se defienden los principios constitutivos de la Universidad que debería sostener y apuntalar con solidez.

¿No se daña la credibilidad y el rol referencial de la Universidad nacional en eventuales estudios de contaminación ambiental con la incorporación a su presupuesto de regalías del YMAD, aunque haya una ley de por medio? ¿cómo podemos ser contralores de empresas que nos «auspician» en este mercado de oferta y demanda?

Estoy más que convencida de que la respuesta a cada uno de estos interrogantes solo puede ser un CATEGÓRICO SÍ y que la Universidad Pública al aceptar, sin ningún tipo de cuestionamiento, estos recursos “contaminantes” corre el riesgo de “contaminar” su protagonismo y su responsabilidad social.

El «tras-fondo» político y judicial de estas regalías

En 1998, el ex-Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, el Biólogo Juan González, denunció a Minera Alumbrera Limited por violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos ya que en el fondo del arroyo DP2 se hallaron niveles de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico superiores a los límites establecidos por la normativa aplicable. Por otra parte, en el Concejo Deliberante de Catamarca, vecinos de YMAD solicitaron la inmediata relocalización de la planta industrial por la contaminación ambiental producida en la zona urbana y por el empleo de cianuro sin los tratamientos adecuados. La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación también generó un informe que detalla los graves impactos ambientales que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca del río Salí, en la Quebrada de Lules y en los embalses El Cadillal y Rio Hondo.

En junio del año 2008, sobre la base de la mencionada denuncia del Biólogo J. González, la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán procesó al Vicepresidente Primero y Gerente General de la Minera Alumbrera por el delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo Nº 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) en coordinación con el artículo Nº 200 del Código Penal de la Nación (11.179, T.O. 1984 actualizado) que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.

Solo un mes después de esta decisión judicial inédita en América Latina, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), en su reunión del 10 de julio de 2008, acordó la distribución entre las Universidades Nacionales de las utilidades provenientes de YMAD correspondientes al ejercicio 2007 que ascienden a 50 millones de pesos. Por supuesto que en el reparto, el CIN tampoco quedará excluido, ya que también se quedará con una importantísima suma de dinero para construir su propio edificio.

Por Nancy Sáez
docente y no-docente
UNPSJB

ver esta información y también la relacionada con Sede Ushuaia en;
claustro no-docente: http://claustronodocenteunpsjb.blogspot.com/