Lo dijo la abogada de los vecinos procesados por bloquear el paso a los camiones de esa empresa bajo los alcances de la polémica “Ley Antiterrorista”. El fiscal Gómez opinó que debería ser destituido el magistrado catamarqueño que ordenó la medida. La diputada Alcira Argumedo denunció que hay dinero minero “para acallar” voces críticas.
Mientras se mantienen los bloqueos selectivos que organizaciones socioambientales de Tucumán y Catamarca llevan adelante para exigir el cierre del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera, se acrecienta la polémica en torno a la orden judicial que, utilizando la figura de la “Ley Antiterrorista”, derivó en el procesamiento de un grupo de manifestantes, la semana pasada.
Según advirtió a la prensa la abogada defensora de los asambleístas que fueron reprimidos el 26 de enero en el corte que se realizaba en la localidad catamarqueña de Santa María, Nidia Beatriz Gauthier, esta medida demuestra la existencia de una complicidad entre la empresa Minera Alumbrera, el Estado y la propia Justicia.
“Lo que pasó acá en San José (Santa María, Catamarca) es grave. Se constituyó una comisión especial, un tribunal con un fiscal que era incompetente, la secretaria y un escribiente y tomaron indagatoria en la comisaría, inventaron un delito a personas que estaban pacíficamente protestando”, expresó.
La letrada recordó, además, que por orden del fiscal provincial Julio Landivar, quien ordenó la represión, “no dieron ingreso a los abogados, incluso llegaron a encerrarnos y sólo por presión de los compañeros que estaban afuera pudimos ingresar”, acotó.
Gauthier sostuvo que “esto es grave, atentatorio de cualquier derecho, como todas las leyes que son, últimamente, del agrado de las empresas y de la desgracia de la gente que las sufre”.
La abogada consideró que “esta empresa Minera Alumbrera pisotea los derechos de la comunidad y de los mismos operarios que trabajan ahí adentro. Tienen un poder judicial propio dentro. Es un Estado adentro de un Estado”, resumió.
Por otro lado, cargó contra “esta Ley Antiterrorista que se les aplicó y está orientada contra los que reclaman derechos laborales, contra los que se agrupan, contra el derecho de protestar. Debería hacerse una movida tal para que se derogue”, opinó.
Los ambientalistas fueron arrestados el 26 de enero mientras detenían selectivamente el paso de vehículos en el cruce las rutas provincial 337 y nacional 40 bajo el artículo 213 Bis del Código Penal que castiga “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (…) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
“Se prohíbe el disenso”
La actuación del fiscal provincial catamarqueño Landivar mereció la crítica del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien señaló que “en este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera”´.
El magistrado explicó ese tipo de protestas están claramente exceptuadas en la nueva norma.
“Definitivamente no se castiga una acción sino la falta de lealtad a un sistema político. Se prohíbe el disenso. Del daño o lesión a un bien jurídico para que exista un delito tal cual lo exige la Constitución Nacional, mejor ni hablar”, sentenció.
Según el fiscal Gómez, los asambleístas de Santa María van presos por su ‘peligrosidad social’ aun ante la inexistencia de acción dolosa alguna, e incluso la defensa de los derechos tutelados por nuestra Constitución, que se concretan en la protesta social, la libertad de expresión y de pensamiento”.
Por este motivo, opinó que “pedir la destitución del fiscal provincial Landivar por ordenar la represión en Santa María invocando leyes que no están en sus manos aplicar, es lo mínimo”.
A su turno, Landivar justificó su accionar asegurando que “la Justicia Federal se declaró incompetente” y agregó que a los manifestantes se los arrestó “bajo los cargos del artículo 213 Bis. Recuperaron su libertad antes de las 24 horas mientras realizábamos las averiguaciones sobre el hecho y sin perjuicio de continuar la causa”, acotó.
Además el fiscal, indicó que en caso de ser arrestados en otra protesta a los manifestantes se les volvería a aplicar el mismo artículo.
También dejó en claro que no aplicó el artículo 194, que se refiere al entorpecimiento del tránsito vehicular.
A propósito, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, había asegurado que la Justicia usó el artículo 194, para negar que se utilizó la Ley Antiterrorista, votada hace pocas semanas en el Congreso, en esta oportunidad.
Dinero para acallar
A su turno, la diputada nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, denunció que “los subsidios de Minera Alumbrera a gran parte de las universidades nacionales y los congresos filosóficos auspiciados por la Barrick en San Juan, han logrado hasta ahora acallar a una mayoría lamentable de universitarios. La visibilidad alcanzada por la resistencia social contra esta depredación, tal vez logre inducirlos a romper ese silencio”, acotó.
La parlamentaria opositora recordó que “la cantidad descomunal de agua dulce requerida por esta minería reduce los niveles de ríos y arroyos, además de absorber napas subterráneas, sin contar la destrucción de glaciares en las explotaciones de alta montaña”. También se refirió a “la contaminación del aire por las explosiones y las sustancias tóxicas en suspensión alimentan la lluvia ácida, que a su vez contamina las tierras, los cultivos y la flora, afectando a seres humanos y animales”.
Para la diputada Argumedo: “Al retirarse las empresas, quedarán una vez más inmensos páramos, desiertos estériles de tierras ardientes, decenas de pueblos fantasmas y el recuerdo de oscuros enjuagues con funcionarios”.
Finalmente, advirtió que “ahora se suman al paisaje montañas derruidas, fantasmales y amenazantes diques de cola y fuentes de agua resecas o envenenadas; símbolos del cretinismo y la irracional avidez de corporaciones mineras y gobernantes venales. La calidad de vida de nuestros nietos y sus propios nietos se juega en estos días”, sentenció.
