Como un fulgor ominoso, Agua Rica, el yacimiento que procura iniciarse a escasos kilómetros de Andalgalá, próximo a donde Bajo La Alumbrera hace casi una década y media traza nuevos desiertos y tramas de pobreza, con capitales de Xstrata en ambas, ha sido también un núcleo de desnudez para los atavíos del discurso; un ritual de escarnio para los precarios disfraces – denunciados- de las palabras.

Por Mirta Alejandra Antonelli

22/02/2011.

Primera escena. Vivir en la corteza

En diciembre del año 2009, hace exactamente un año, entre el estupor y el escándalo, un documento gris, de estatuto bajo, irrumpía en el discurso público desalojando desde entonces la ya erosionada retórica del “desarrollo” de la mega-minería en Andalgalá, Catamarca. Con la fuerza de las cosas dichas, se conocía por aquellos días la firma en 2005 de la concesión de Pilciao 16, a BH Billington, para cuya explotación se cedía a la transnacional minera la totalidad de Andalgalá, con la rúbrica del Estado.

A manera de ruinas del futuro, el “tajo abierto” que se autorizaba en el pretendidamente neutro enunciado administrativo, podría atravesar por completo el palimpsesto vital de la “Perla del Oeste”, y decretaba el eventual traslado de toda la comunidad, más de 16.000 vecinos y pobladores, bajo la invocada preeminencia del “interés público del desarrollo”, activando esa inconmensurable cuenta por la que el desalojo y traslado poblacional, el desarraigo humano y cultural, y la explotación irreversible de la naturaleza por su riqueza bruta, podrían dirimirse en la lógica de cálculo de futuras indemnizaciones. La mineralización de la comunidad ante el ojo extractivo que este documento ha desnudado con impudor dio a las voces sociales la inescatimable veridicción que adquiere el rumor, como verdad más verdadera que la oficial, y que sólo muestra su contenido veridictorio cuando, por azar o intencionalidad, se fisura el secreto del poder.

El escándalo cumplió su eficacia pragmática, esto es, la incesante producción de réplicas ante la afrenta colectiva, la transgresión y sus actores, el estatuto dañoso y la connivencia política publicitada, hecha res publica. Una profusión de desmentidas de funcionarios del área minera y de la justicia, -no de empresas- se sucedieron por semanas como sordina; los intentos de denegar la contundencia de esa concesión llegaron hasta el ruido, no sin antes exhibir las imposibles y sucesivas argumentaciones para construir con ellas “el error” del documento, y la “incorrecta” firma del funcionario. Esta deshabilitación de las instituciones se fraguaba en la memoria de la intemperie encarnada ante el Estado, la licuación reiterada de la auctoritas social de la justicia y la violencia silente/no mostrada del empresariado.

Nunca se sabe qué puede un cuerpo. De tanta vacuidad de lenguajes y sujetos desaforados –sin fueros- emergió la indignación cívica de la denominada “pueblada de Andalgalá”, en enero, a un mes del torbellino de palabras gastadas.

Segunda escena: la muerte difusa.

Como un fulgor ominoso, Agua Rica, el yacimiento que procura iniciarse a escasos kilómetros de Andalgalá, próximo a donde Bajo La Alumbrera hace casi una década y media traza nuevos desiertos y tramas de pobreza, con capitales de Xstrata en ambas, ha sido también un núcleo de desnudez para los atavíos del discurso; un ritual de escarnio para los precarios disfraces – denunciados- de las palabras.

En un palmario informe producido por científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa para iniciar la explotación fue impugnado con más de trescientas observaciones y objeciones que prospectan los impactos eco-sistémicos irreversibles, y sindican la elisión de la empresa respecto a cómo se afectaría a la comunidad. Lo irrevocable de esta violenta intrusión extractiva es tal que, de no modificarse el proyecto, los investigadores recomiendan, a manera de remate y fallo de su informe- no autorizar la explotación. No obstante, en su opacidad pragmática, sustraída de la escena pública, el Estado catamarqueño ha autorizado el yacimiento y su inicio; a pesar de que la empresa se ha negado a rectificar su plan. En este marco, los cuerpos cívicos -escrituras del presente vivo- iniciaron los cortes a los caminos de acceso, poniendo ante las máquinas su propia encarnadura como límite a la voracidad y a la corrupción, y a la traición del lenguaje de la representación política.

Tercera escena: gesto del viviente

A aquellos sucedieron otros violentamientos sobre la comunidad: la represión del Kuntur, grupo especial que tutela la invocada propiedad privada del capital, en nombre de la seguridad jurídica de las empresas; la criminalización y judicialización de vecinos y asambleístas; la infiltración del BSR (Business for Social Responsability) -el mismo que explicara el “NO a la Mina”, de Esquel en el plebiscito de 2003, como “falla comunicacional de la empresa”- para fragmentar y controlar a la población y, sobre todo, para inscribir en espacios sociocomunicativos una maquinaria productora de aceptación social de la mega-minería, amparada en una dudosa autoría popular. Mano de obra oculta y barata re-escribe a diario por estos días y desde su llegada los graffitti de los vecinos, incrustando el “sí a la minería” y “el agua y la vida si se negocian”, a los no que desde hace mucho tiempo hacían de los muros el friso indiviso de una comunidad en resistencia.

En este escenario caracterizado por el hurto de significantes y la malversación de significados; la voluntad de ejercicio del poder semiótico del capital, y políticas disciplinadoras sobre los cuerpos, desde setiembre de este año, otros cuerpos políticos ponen encarnadura a esta dramatología. Entre lo que vemos y aquello que nos mira, cuerpos de mujeres atávicas han ingresado a lo visible, inaugurando los rituales del silencio, con una trágica conciencia de la biopiratería del lenguaje y sus coartadas. Fuera de las efemérides, de los ritmos de los actos políticos, y de las agendas de urgencia, se reúnen en la plaza de Andalgalá. Sin estridencias, en cooperación mutua, comienzan a ataviar sus cuerpos con aquellos humildes pero eficaces aditamentos con los que bloquear toda semiosis que pueda ser ultrajada, malversada y estigmatizada. Mudas, amordazadas y hasta maniatadas, trazan su derrotero lento entre la intendencia, la iglesia, la sede de la policía, las oficinas de la empresa. Sobre sus prendas cotidianas, más o menos humildes, pero igualmente comunes, or/dinarias, portan en sus espaldas una única identificación de sí: “Somos hijas y madres de Andalgalá. ¿Eso también es un delito?”.

Inmetabolizable y refractaria a todo aparato político de traducción basado en un imaginario conspiratorio, la puntuación del cuerpo de este interrogante, arrojado al violento mundo fálico y colonial, se vuelve vacío de significantes para cualesquiera hermenéutica instrumental. Cuerpo biológico y cuerpo político, cuerpo individual y cuerpo colectivo; cuerpo viviente de la especie, la puntuación retrotrae a estas mujeres andalgalenses al estadio primigenio del cuerpo donado, a la anterioridad del engendramiento y, en simultaneidad, a su enlace a la intemporalidad – tiempo no antropológico- de la conformación geológica legada, sin tiempo, de todos los tiempos; primeridad anterior a toda convención, a todo lenguaje, hecha de montañas, aguas que irrigan la tierra, ciclos de la naturaleza y principio vivificante. Ritual de cuerpos de la geo-grafía, las marchas de estas mujeres se inscriben en el presente como blancos plenos de sentidos, en una partitura de la música de lo viviente originario, en la encarnadura del silencio que no busca respuestas sino dislocar el orden del discurso y las relaciones asimétricas de poder; sus hurtos de significación, haciendo irrumpir el destello de la donación; la aneconomía del compromiso y de la solidaridad intra y extra generacionales.