El ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.
Por Horacio Machado Aráoz
25/09/2010. “La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas (…)
Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras…
Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población:
a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar;
b) se manipulan y falsean las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros;
c) se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”. (Extracto de la Declaración de Andalgalá, III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina, 14 de agosto de 2005).
“El primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación, qué queremos hacer nosotros como comunidad. Lamentablemente, a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera… Somos una comunidad membrillera, aceitera, dulcera. (…) Al principio nos catalogaban como ‘los loquitos’. Después ya éramos los sediciosos, terroristas, fundamentalistas, los que no queríamos el progreso… Pero después el pueblo empezó a despertar… La gente empezó a ver, a escuchar, a tomar conciencia. La comunidad dice: ‘YA BASTA!'”. (Dito Salas, Autoconvocados de Andalgalá, 2005).
“Para nosotros, el territorio es el derecho más importante que tenemos como pueblo, porque ningún otro derecho tiene sentido si no se respeta el territorio. El territorio es todo aquello que da lugar a nuestra identidad y toda nuestra razón de ser: yo mismo en estos momentos soy un pedazo de mi territorio que está hablando acá. Porque el territorio es nuestro idioma, es nuestra música, son nuestros recursos culturales asociados al ambiente…” (Marcos Pastrana, dirigente diaguita calchaquí, 2007).
La consolidación de la ‘oleada’ neoliberal en los ’90 ha significado en América Latina la profundización de un fuerte proceso de mercantilización y explotación de la ‘naturaleza’. Las ‘reformas estructurales’ involucraron la apertura de un nuevo ciclo de una ‘vieja estrategia’, el extractivismo primario-exportador.
De la mano de la expansión de monocultivos de exportación, la radicación creciente de las llamadas ‘industrias sucias’, la privatización y transnacionalización de las reservas petroleras y mineras, así como de los servicios de agua potable, gas y energía eléctrica, y un largo etcétera, nuevas formas de apropiación, control y disposición sobre los territorios y sus bienes y servicios ambientales se pusieron en juego en la región afectando a crecientes porciones de nuestras poblaciones.
En ese marco, el boom de la gran minería metalífera transnacional verificado en la región desde inicios de los ’90 hasta nuestros días, con la radicación de las más importantes corporaciones mineras transnacionales y la acelerada expansión de las superficies territoriales concedidas a grandes proyectos de exploración y explotación minera, constituye uno de los capítulos ecológica y políticamente más gravosos de este proceso.
En nuestro país, el desembarco inicial de la minería transnacional tuvo lugar en la provincia de Catamarca, con la instalación de Minera Alumbrera Ltd. en 1995. Poco se sabía entonces de qué se trataba este tipo de explotaciones. La pobreza crónica y el desempleo estructural de la región completaron el ‘caldo de cultivo’ adecuado para que la puesta en marcha de este primer mega emprendimiento de minería química a cielo abierto resultara ‘exitoso’. Las promesas del desarrollo y de numerosos puestos de trabajo, más que resistencias, generaron euforia y despertaron esperanzas entre nuestras poblaciones. Sin embargo, al poco andar, las ‘ilusiones desarrollistas’ se transformaron en frustraciones crecientes y las expectativas de progreso se desvanecían ante la creciente evidencia de los impactos socioambientales de esta mega-explotación.
Desde 1997 a la fecha, los conflictos suscitados en torno a la minería a gran escala no cesaron de fluir, produciendo una larga historia de resistencias con diferentes etapas en la que los motivos, las demandas y los actores fueron cambiando y se fueron extendiendo. Del reclamo por las ‘promesas incumplidas del desarrollo’ (empleos, obras de infraestructura, mejora de servicios básicos, etc.) a las denuncias por daños ambientales (mortandad de animales domésticos, pérdida de flora y fauna, secamiento de vegas y humedales, disminución de los caudales de ríos y napas, etc.) y de éstas, al rechazo absoluto a este tipo de explotaciones. El originario movimiento ‘La Voz del Pueblo’ surgido en Belén en 1997, mayoritariamente integrado por desocupados, se fue extendiendo y ampliando a otros sectores y colectivos sociales, dando origen a diversas agrupaciones movilizadas para denunciar los ‘atropellos de la minera’. Entre los años 2001 y 2003 organizaciones de Belén, Santa María y Andalgalá cobran fuerza en las denuncias de los daños ambientales y las sucesivas roturas del mineraloducto. El testimonio de vecinos andalgalenses sería por entonces decisivo en el plebiscito de Esquel (Marzo de 2003) y en la extensión de una lucha hacia un escenario regional y nacional, con la formación de la Red C.A.M.A. (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina) primero, las experiencias de los Plenarios Ambientales del Noa, luego, y la posterior conformación y articulación de las asambleas locales en la U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas).
En ese contexto, la decisión de Be.Pe. de apoyar e involucrarnos directamente en esta lucha nace precisamente de la convicción de que no se trata meramente de un ‘reclamo ambientalista’ (al menos en el sentido superficial que usualmente se le da a la cuestión), sino de una estratégica confrontación cultural y política por las condiciones presentes y futuras de autodeterminación, justicia y sustentabilidad. El ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa, a nuestro entender, una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.
Esa opción institucional nos llevó a asumir nuevos retos y aprendizajes, participando institucionalmente en los espacios de lucha que se fueron constituyendo en el proceso de resistencia social a la minería a gran escala en nuestra región. Integrando primero la Asamblea Socioambiental Catamarca (2007-2008), luego el Colectivo Sumaj Kawsay (2009-2010), participando desde el 2007 como integrantes de la U.A.C. y como impulsores de la Asamblea Socioambiental del NOA (AsaNoa), y actualmente integrando la recientemente conformada Coordinadora Interprovincial en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes, nuestra participación en estos espacios colectivos ha estado orientada hacia dos objetivos centrales. Por un lado, inspirados en nuestra visión-vocación de la Educación Popular, se ha buscado fortalecer los procesos de articulación e inter-aprendizaje político hacia el interior del movimiento, entendiéndolo como un aspecto clave en este proceso de lucha. Por el otro, se ha buscado ampliar las redes de sensibilización hacia el resto de la sociedad y de participar en medidas directas de resistencia y rechazo al avance del ‘modelo minero’.
Muchas son los ‘mojones’ políticamente relevantes que emergen de esta larga e intensa lucha abierta. En este espacio no podríamos dar cuenta con justicia de todos ellos. Sin embargo, sólo para reflejar de algún modo el camino trazado en y desde la resistencia popular, cabe mencionar algunos ‘hitos’ para nosotros muy significativos.
En el plano de la construcción de espacios de inter-aprendizaje y de generación de procesos político-pedagógicos de formación, destacamos la realización de Encuentros que fueron claves para el fortalecimiento de la lucha: los Foros Ambientales del Noa, co-organizados por la Movida Ambiental de Termas y Pro-Eco (Termas de Río Hondo, abril de 2007; Santa María, mayo de 2007) y los Encuentros de Asambleas socioambientales del Noa (Catamarca, abril de 2008; Tucumán, febrero de 2008; Metán, marzo de 2008; Andalgalá, junio de 2008).
También en este plano, creemos que fueron muy significativas las Jornadas “Patrones de Desarrollo y Conflictos Socioambientales” co-organizadas entre Be.Pe. y el Laboratorio Tramas de Estudios Políticos Regionales (Doctorado en Ciencias Humanas, U.N.Ca.) entre los años 2007 y 2008 y los seminarios de formación para educadores populares, realizados junto al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía entre 2008 y 2009. La organización y realización del VII° Encuentro de la U.A.C. en Catamarca, en agosto de 2008, fue sin dudas un hito histórico que marcó el crecimiento de las asambleas locales en capacidad organizativa y conciencia política, con más de 500 asambleístas reunidos debatiendo sobre los diferentes efectos e impactos del modelo extractivo en el país congregados en la capital de nuestra provincia bajo el lema “Catamarca: Eco del Grito de la Tierra”.
En cuanto a las principales acciones públicas y medidas de protesta desarrolladas en los últimos años, cabe mencionar, desde la participación en la Mesa de Diálogo convocada por el Obispado de Catamarca (2007-2008) al acompañamiento a los cortes de ruta desarrollados en la localidad de Aconquija, en protesta por unos piletones construidos en un barrio popular para recoger los derrames del mineraloducto de Alumbrera (septiembre-octubre de 2007); las charlas de sensibilización sobre los impactos de la minería de uranio desarrolladas junto a Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear de Chubut; U.AC.), la posterior formación de asambleas en Fiambalá y Tinogasta y la paralización de las prospecciones de uranio logradas a través de masivas marchas entre noviembre y diciembre de 2007; numerosos cortes de ruta realizados en Belén, Tinogasta, Santa María, Andalgalá y también en diferentes localidades de los Valles Calchaquíes en territorio salteño y tucumano, denunciando los impactos de Minera Alumbrera y expresando la oposición al nuevo proyecto de Agua Rica. Junto a estas medidas, las campañas de denuncia, información y sensibilización realizadas en festividades populares, actos públicos y marchas, con diferentes medios y recursos (eventos artísticos, charlas, ciclos de video-debate, elaboración y distribución de gacetillas y boletines informativos, etc.), marcaron ya una inocultable resistencia popular a este tipo de emprendimientos.
Del otro lado, las medidas de protesta alimentaron, en algunos casos, el clientelismo público-privado, ya a través del reparto de ‘subsidios’ de parte del gobierno, ya a través de ‘donaciones’ y programas de ‘responsabilidad social empresaria’ de las mineras, con el objetivo expreso de acallar las denuncias e incentivar la división social en las comunidades. En otros casos, la resistencia social dio lugar a fuertes represiones y a una peligrosa senda de criminalización y judicialización que tuvieron sus momentos más álgidos durante la jornada del 15 de febrero pasado en Andalgalá, con un centenar de vecinas y vecinos heridos con perdigones y bastonazos propinados por las fuerzas de ‘seguridad’ de la provincia.
En definitiva, el desembarco de la gran minería transnacional cambió drásticamente tanto el paisaje ecológico como el sociocultural y político de nuestra región. A la degradación de las condiciones ecológicas de nuestros territorios, le siguió el grave deterioro de la institucionalidad y la sociabilidad democráticas en nuestras comunidades. Al secamiento de fuentes naturales de agua y la pérdida de superficies agrícolas y ganaderas, al aumento exponencial de enfermedades respiratorias y de la piel, al racionamiento crónico del agua potable y la electricidad, hay que sumarle también un ‘paisaje social’ desolador: comunidades divididas; pueblos enteros ‘asistencializados’ con las dádivas de las mineras; corrupción y clientelismo endémico alimentados por los flujos financieros espurios de una ‘actividad-enclave’ con grandes volúmenes de ganancias; y una institucionalidad democrática ‘patas para arriba’ al decir de Galeano: con jueces y políticos que proveen ‘seguridad jurídica’ a las empresas, legalizando el saqueo y criminalizando a las poblaciones que le resisten; con prohibiciones de plebiscitos ‘en nombre de la constitución’; con la imposición del modelo minero aún a costa del rechazo mayoritario de nuestras poblaciones.
Nos enfrentamos, en definitiva, a un panorama sombrío. Pese a las evidencias del fracaso de la ‘fantasía desarrollista’ que promete el modelo minero, sus personeros se empeñan a imponerlo ‘a sangre y fuego’, con dosis cambiantes ya de ‘asistencialismo’, ya de ‘criminalización’. De este lado de la lucha, sin embargo, nuevas expresiones de ciudadanía han ido surgiendo. Desde la vivencia-de-la-resistencia viene fraguando la conformación de nuevas subjetividades políticas, expresiones de otras sensibilidades y sociabilidades, que buscan no ya los placebos del consumismo que ofrece el sistema, sino que intenta avanzar hacia nuevas formas de habitar-producir y vivir el territorio… Nuestros ‘NO’ a la minería, resumen en definitiva, la denuncia de la crisis civilizatoria del Occidente-colonial que busca abrir brechas hacia nuevas formas de convivencialidad, nuevas formas de vinculación con la naturaleza y de gestión de la Vida-en-Común… Se trata de la re-apropiación de nuestros territorios, de nuestra agua y nuestro suelo, pero también de nuestra Identidad y de nuestros Derechos. Más que el retorno a un ‘pasado idílico’ creemos que en esta lucha nos va la construcción imprescindible de otro ‘futuro’ posible. Para todas y para todos. Un mundo socio-biodiverso en con-vivencia igualitaria. Puede sonar utópico, en el peor sentido de la palabra; pero también podemos hacerlo sonar en su mejor y más noble sentido.
Iniciada su construcción en 1995 y se explotación en 1997, Minera Alumbrera Ltd. es un holding empresarial liderado por la suiza Xstratta Cooper dedicado a la explotación de un yacimiento de polimetálicos diseminados. Extrae anualmente 650.000 toneladas de concentrados con 180.000 Tn de cobre y 600.000 onzas troy de oro. En su proceso extractivo consume aproximadamente 100 millones de litros de agua por día, que extrae de una reserva de agua fósil (Campo del Arenal) en una región árida, con un régimen de precipitaciones de entre 150 a 300 mm anuales. Su consumo anual de energía es superior a los 760.000 MW (el consumo eléctrico de toda la provincia de Catamarca es inferior a los 470.000 MW), a lo que hay que sumar alrededor de 35 millones de litros de combustible y 40 mil toneladas de explosivos. La totalidad de los minerales extraídos se exporta a través de una mega-infraestructura que atraviesa cuatro provincias e incluye un mineraloducto de 220 km, una vía férrea propia de 800 km e instalaciones portuarias propias.
Horacio Machado Aráoz (Asoc. Civil Be.Pe., Colectivo Sumaj Kawsay – AsaNoa Catamarca)
Be.Pe., Bienaventurados los Pobres, es una organización de Promoción del Desarrollo comprometida radicalmente con la opción por los pobres y la superación de la pobreza. Históricamente, inicia sus actividades el 6 de enero de 1984 como decisión de un grupo de personas reunidas en torno a la reflexión y el compromiso con la opción por los pobres proclamada por la Iglesia Católica Latinoamericana. En estos 25 años, y en razón de este proceso, hemos avanzado progresivamente en la implementación de proyectos de trabajo basados en los principios y criterios metodológicos y conceptuales de la agricultura sostenible, la economía solidaria, la educación popular orientada a la construcción de ciudadanía y la búsqueda de la equidad en las relaciones de género, enfoques desde los cuales impulsamos nuestra Misión:
1. Promover con las familias pobres, el desarrollo de alternativas de vida económicamente viables y ecológicamente sustentables.
2. Fortalecer el protagonismo político social de los sectores populares.
3. Promover la construcción de valores sociales que aseguren el respeto por la diversidad y dignidad de la vida humana.
Desde 1984 nuestra organización ha definido como zona de actuación las provincias del noroeste argentino, principalmente Catamarca y Santiago del Estero. Fortalecemos y potenciamos nuestro accionar en el marco de integración de redes: Red Agroforestal del Chaco Argentino, Movimiento Agroecológico Latinoamericano, Red de Economía Social Cooperación y Trabajo, el Colectivo Sumaj Causay, la UAC -Unión de Asambleas Ciudadanas- y mas recientemente nuestra integración al Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derecho Humanos Democracia y Desarrollo.
Como organización, son sentimos crecientemente interpelados en nuestra práctica de intervención por el avance de un ‘modelo productivo’, eminentemente extractivo, instalado en nuestro país y en nuestra región, centrado en la explotación intensiva del patrimonio común de bienes y servicios ambientales, para abastecer fundamentalmente la demanda de los mercados internacionales.
Por esta razón en el año 2006 a partir de la definición de los nuevos Objetivos Estratégicos se reorientaron esfuerzos institucionales y se resolvió un proceso de apoyo y acompañamiento a las comunidades afectadas por las explotaciones mineras a cielo abierto, en particular, y a las comunidades de la región afectadas por conflictos socioambientales en general.
Así surge en el seno de la organización el “Programa de apoyo y formación destinado a organizaciones y comunidades de base del noroeste argentino movilizadas en defensa de sus territorios y medios de vida”.
En el marco del desarrollo del mencionado programa, se ha llevado a cabo durante los últimos años un intenso plan de actividades de inserción e interacción con comunidades y grupos movilizados en defensa de sus territorios, desarrollándose asimismo actividades de apoyo a las movilizaciones y acciones colectivas organizadas por las organizaciones de poblaciones afectadas por la minería, como también otras actividades vinculadas a la formación, generación de espacios de encuentros de intercambio de experiencias y de difusión y sensibilización sobre la problemática en el nivel de la sociedad en general.
FOCO – Boletin de OET – Observatorio de las Empresas Transnacionales – http://www.inpade.org.ar
