Desde el lunes vecinos y vecinas andalgalenses sostienen dos cortes selectivos contra la empresa Yamana Gold, dado que está realizando trabajos de exploración avanzada en el yacimiento, violando resoluciones que prohíben el tránsito minero por los accesos a las localidades Choya y Potrero. Desde los cortes, este miércoles anunciaron a noalamina.org que están recibiendo donaciones y el apoyo de la comunidad para continuar con la medida de fuerza.
En diciembre de 2020 Yamana Gold anunció la asociación con el resto de las empresas con las que opera en minera Alumbrera para utilizar parte de dicha infraestructura e integrarla con el proyecto Agua Rica. Automáticamente, la justicia catamarqueña declaró inconstitucional la ordenanza municipal lograda en 2016 para proteger el reservorio que brinda agua a Andalgalá.
La canadiense Yamana Gold opera en Cerro Moro en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan y es dueña del resistido proyecto en el Cordón Esquel. También participa en la asociación de la estatal YMAD con las trasnacionales Glencore y Newmont/Goldcorp en La Alumbrera, primer emprendimiento megaminero en Argentina.
El pueblo de Andalgalá, con el ejemplo de la Alumbrera ya conoce de qué se trata: se prometió desarrollo pero se obtuvo evasión fiscal por metales no declarados; se aseguró cuidado ambiental pero se sucedieron las filtraciones en el dique de colas, rupturas del mineraloducto, drenaje ácido y el procesamiento del exgerente general por el delito de contaminación ambiental; se prometió trabajo y bienestar económico y en el 2020 el 67% de la población económicamente activa de Catamarca recurrió al Ingreso Familiar de Emergencia. La megaminería también trajo conflicto social y numerosas represiones a la población.
Tras más de dos décadas de megaminería, la población de Andalgalá pelea contra la posibilidad de que lejos de terminarse los problemas, se expandan hacia los cerros que le brindan el agua a la población: las exploraciones se realizarían en subcuencas del río Andalgalá, sin reparar en los glaciares de escombros y con la autorización de uso de 20 mil litros de agua por día (sólo para las perforaciones) en una provincia declarada en emergencia hídrica.
Las organizaciones que sostienen los cortes se encuentran asesoradas por un grupo de técnicos, ingenieros y geólogos que realizaron un “Informe técnico” sobre el Informe de Impacto Ambiental de la Etapa de exploración avanzada Proyecto Agua Rica presentado por la empresa, a fin de “establecer claridad sobre cómo se aprueban los proyectos mineros en la provincia de Catamarca”. En el mismo, concluyen que han constatado “numerosas omisiones, ausencia de estudios y contradicciones con Informes y Estudios de Impacto Ambiental previos y sus anexos” por lo que recomiendan no aprobar proyectos mineros en ninguna de sus etapas hasta tanto no se realice un inventario completo del ambiente glaciar y periglaciar”, no aprobar el trazado de nuevas huellas para evitar desastres ambientales y daños arqueológicos, así como concluyen que por todo lo expuesto, “la autoridad de aplicación debería haber rechazado los trabajos de perforación y construcción de nuevas huellas”.
