Es a través de la “Responsabilidad Social Empresaria” (RSE) que las empresas asumen el control general de la producción y reproducción de la vida de las comunidades, reorientan de manera compulsiva la actividad de las poblaciones en torno a la minería, producen impactos negativos en el ambiente.
Por Julio C. Andrada
Catamarca, Argentina 06/09/09. En carta del 17/08/09, “El riesgo de Opinar sin saber”, el Director del Departamento Geología de la UNCa, Dr. Luis Navarro García le contestaba al diputado provincial (MC) César Noblega, afirmando que la política de las empresas mineras cuyo objetivo y responsabilidad social empresaria (RSE) es insertarse y ser parte de las comunidades con múltiples inversiones que otorgan a las mismas mejores condiciones de vida social y económica generando trabajo y desarrollo (sic). Lo cual no es nada más que el discurso que traza como única opción la minería responsable, un vulgar maquillaje de ocultamiento de las malas prácticas ambientales y sociales de una actividad intrínsecamente insustentable, responsable de la pérdida de sustento de millones de personas en el planeta. Es a través de esta RSE, que las empresas asumen el control general de la producción y reproducción de la vida de las comunidades, reorientan de manera compulsiva la actividad de las poblaciones en torno a la minería, producen impactos negativos en el ambiente: destrucción de montañas y ecosistemas, agotamiento y contaminación de las aguas de uso común, desertización, con grave alteración de las condiciones de vida de la población, etc. Convirtiéndose en agentes de socialización directa, realizan actividades culturales, educativas y comunitarias que son función propia de un Estado ausente y cómplice. En la Declaración de Berlín sobre la explotación minera de oro (2000) se expresó que los análisis económicos indican que las actividades de los principales productores de oro están concentradas en países pobres y regiones con bajos costos de producción, e insuficientes estándares legales y de control, y que la Tecnología para reducir el riesgo no es manejable y no puede ser controlada.
No es necesario que nadie afirme que la megaminería metalífera a cielo abierto no contamina, al contrario se parte de saber que esa actividad, por experiencia empírica, es por excelencia contaminante y totalmente destructiva del ambiente y la exigencia legal de los informes de impacto ambiental, como su aprobación, es un requisito que tiende a evitar la consumación de esos descomunales e irreversibles daños ambientales, en EE UU existe un pasivo ambiental por 50.000 millones de dólares, a raíz de lo cual es una actividad que se exporta a países del hemisferio sur. Por ejemplo una tonelada de pirita (en las escombreras) cuando se oxida totalmente, produce una tonelada de hidróxido férrico y cerca de una tonelada y media de ácido sulfúrico, formando el Drenaje ácido de mina junto con el lago ácido de la cantera (pit lake) y el dique de colas, proceso que se produce a perpetuidad, asociándose indefectiblemente a los cursos de agua. Es falso afirmar la inexistencia de una sopa química con la existencia de cianuro y ácido sulfúrico, cuando el contenido del Dique de Colas de Alumbrera -que al finalizar el proyecto serán aproximadamente 1.000 millones de toneladas de químicos, con componentes de arsénico, cadmio, cromo, cobre, cianuro total, hierro, manganeso y cinc-, está avanzando indefectiblemente sobre el río Vis Vis, estando próxima la contaminación del Acuífero del Pipanaco. El mismo informe de impacto ambiental expresa lapidariamente que la perdida de la totalidad de las bombas de retrobombeo constituiría un evento “catastrófico”; el agravante de la cuestión es que al terminar la explotación es necesario mantener en actividad el sistema por lo menos durante 10 años, y el mismo queda a cargo de la provincia.
En la misma línea argumentativa, de que es una actividad no contaminante, confluyó recientemente el Director de YMAD y también Presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (Estado asociado a las empresas privadas). Prueba contundente de que es falso, tenemos el procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Tucumán del Vicepresidente de la Alumbrera por contaminación de aguas en Tucumán (Canal DP2) y el Dique Frontal de Termas de Río Hondo (Stgo. del Estero).
García Navarro, sostiene que la actividad minera está reglada por la ley 24585 para la protección ambiental de la actividad minera, ley contrahecha e inconstitucional, sancionada en beneficio exclusivo de la actividad (al igual que todas las de la década del 90), y que no contiene los principios liminares del derecho ambiental consagrados en la ley Gral. del Ambiente (25.675) como son los principios preventivo (anticipación) y precautorio (la ausencia de información o certeza científica no debe usarse para postergar medidas eficaces frente a un peligro de daño grave o irreversible).
Lo suyo no es más que una connivencia encubierta con un proyecto colonial de apropiación de los territorios y todos sus bienes, para ello es necesario destruir o poner en duda todos los antecedentes negativos de la actividad, recurriendo a su título universitario. Este personaje nefasto es el que en la Mesa de diálogo Minero decía sonriendo que en Agua Rica para obtener un gramo de oro se debía volar 4 toneladas de montaña, que un anillo de oro tiene entre 3 o 4 gs. y que por ello debemos darnos cuenta lo caro que nos salen las mujeres. Es precisamente que Agua Rica destruirá la cuenca hídrica de la ciudad de Andalgalá, asentándose en el lecho del río Minas (llegando a 200 mts. de profundidad del lecho), emitirá aproximadamente 500 mil toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera, se servirá del agua de la cuenca, la que no ingresará al sistema hídrico y extraerá agua del Campo del Arenal, profundizando el agotamiento de esta reserva hídrica estratégica, además se depositarán encima de dicho acuífero aproximadamente 1.400 millones de toneladas de roca estéril (pirita) y 800 millones de toneladas de colas (desechos químicos altamente contaminantes). Todo eso ya fue anunciado por una leyenda ancestral de destrucción y muerte que hablaba de la maldición del Oeste.
Para mantener productivos estos emprendimientos es necesario una gran cantidad de energía que en el caso de Alumbrera representa el 80% de la energía que consume la provincia de Tucumán y que por necesidad deben generar más energía para los otros emprendimientos, recurriendo a la energía nuclear, reactivando primeramente la terminación de Atucha II, diseñada en 1970, cuya construcción está severamente cuestionada por científicos nacionales y extranjeros por su obsoleto diseño y seguridad (similar a la de Chernobyl).
En Julio ppdo., este personaje no conforme con su desempeño funcional a los intereses de un sistema capitalista depredatorio, en pos de convalidar la explotación de uranio a 7 kms. de la ciudad de Tinogasta, participó en la realización de un encuentro minero informativo, justo cuando el mundo desarrollado está volviendo de su nefasta experiencia con la operación y deposición de los residuos del uranio. En complicidad con sus iguales, pretenden embarcar a nuestro país en un grave y peligroso camino que irresponsablemente conducen políticos, empresarios y científicos improvisados y desaprensivos. Así es como con un grupo de comediantes montó una misa en escena en Tinogasta, para legitimar la supuesta información y participación ciudadana de la minería de uranio, todo lo cual no fue nada más que una reunión de los integrantes de la troupe, no permitiendo el ingreso a médicos, ciudadanos y medios de comunicación local, una provocación suficiente para que los ciudadanos -que conocen plenamente los efectos nocivos del uranio- reaccionen reclamando frente a la violación a sus derechos de información y participación, consagrados en la Ley Gral. del Ambiente (arts. 16, 17 y 18), que tiene sustento Constitucional. No es cierto como afirmó que se trataba de un grupo de 20 a 30 violentos e intolerantes y que no tengan argumentos válidos para cuestionar la minería, al contrario el caso de Tinogasta constituye un emblema de lucha social, ciudadanos conscientes e informados que rechazaron la minería de uranio y megaminería metalífera a cielo abierto, y pese a que la Corte de Justicia, en cuestión de horas, le impidiera expresarse por intermedio de un plesbicito no vinculante convocado por la Intendencia, ya expresaron su negativa con la adhesión de más de 7.000 firmas. Estos ciudadanos que el Director de Minería, Ing. Molina, estigmatizó como terroristas, actuaron en cumplimiento del mandato del art. 41 de la Const. Nac. que les impone la obligación de preservar el ambiente sano y equilibrado, rechazando a esos feriantes de la depredación y están dispuestos a resistir inexcusablemente en defensa de su salud, de su agua, su territorio y de su sistema productivo sustentable desarrollado por generaciones.
Con total y absoluto cinismo, despreciando los saberes que adquirió en nuestras universidades, en pos de tergiversar la realidad, presentándose como académico (igual que tantos otros), oculta sus verdaderos intereses como Gerente de Relaciones Provinciales y con la Comunidad de Agua Rica y como Vicepresidente Segundo de la Asociación Minera de Catamarca en representación de Agua Rica. Leonardo Boff hablando de la vergüenza, en cierta oportunidad dijo: “Es lo que más nos falta en la política, en quienes ostentan poderes públicos, en diputados, senadores, ejecutivos, y tantos otros ladrones y corruptos de cuello blanco. Con el mayor descaro y sin avergonzarse niegan crímenes manifiestos, mienten sin escrúpulos en los interrogatorios y en las entrevistas a los medios de comunicación. Son personas que a fuerza de hacer lo ilícito y de saberse impunes perdieron el sentido de la propia dignidad”.
Julio C. Andrada – D.N.I. 11.983.121
Abogado – Esp. en Derecho Ambiental
