Los jueces de la Corte deberán analizar si la ordenanza municipal es contraria a la Constitución local. La Corte estudiará el recurso del ejecutivo provincia que pretende voltear la ordenanza antiminera sancionada en 2016 por le Concejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá y definir si la misma es contraria a la Constitución provinicial.
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Fuente: El Esquiú
La ordenanza “antiminera” del concejo deliberante del municipio de Andalgalá será analizada por la Corte de Justicia de la provincia según el recurso judicial presentado por el Poder Ejecutivo provincial para declarar la inconstitucionalidad del instrumento legal municipal y parar cuanto antes su aplicación.
Así lo confirmaron a El Esquiú.com fuentes judiciales consultadas, quienes explicaron que el debate por el recurso presentado para frenar esta ordenanza se dividió en dos partes: la admisibilidad del recurso para ser estudiado por los jueces y la situación puntual de la medida cautelar presentada para suspender los efectos de la ordenanza.
Antiminera
La polémica se inició cuando ediles andalgalenses tomaron la decisión de apretar sobre los límites de la legislación general y aprobar una ordenanza que busca frenar cuanto antes cualquier tipo de exploración minera en la jurisdicción que les compete.
Cabe recordar que Andalgalá es uno de los tres departamentos beneficiados por la extracción de minerales valiosos junto con Belén y el departamento Santa María, aunque este último recibe un beneficio diferencial no por extracción sino por el uso del agua del principal yacimiento minero.
Al aprobarse la ordenanza, el presidente del CD Andalgalá, José Luis Olás (FCS), señaló que el instrumento aprobado se ampara en principios constitucionales de derecho al ambiente saludable.
La situación detonó así una polémica de declaraciones a favor y en contra de la ordenanza, como así también el análisis del Poder Ejecutivo, ya que las autoridades del mismo estimaron que como mínimo podía existir un conflicto de poderes.
Esto se debe, desde la óptica oficial, al hecho de que la política minera está regulada por la Constitución local, el Código de Minería y la ley de Protección Ambiental de la provincia.
En la Corte
Según la información a la que pudo acceder El Esquiú.com, los magistrados de la Corte de Justicia debieron discutir tanto sobre el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, como la medida cautelar de no innovar presentadas por el Poder Ejecutivo.
En el primer caso, según se pudo conocer, los magistrados hicieron lugar al pedido y declararon la admisibilidad del pedido para ser estudiado por el tribunal.
Uno de los argumentos esgrimidos por los jueces es que efectivamente la Corte de Justicia es “competente” para poder tratar el pedido de declaración de inconstitucionalidad y que además existirían fundamentos fuertes para entender que efectivamente la provincia tiene la potestad para regular las políticas mineras a través de sus instrumentos legales, en contraposición a los que pueden ser aprobados por el concejo deliberante andalgalense.
No obstante, los magistrados también habrían remarcado en su sentencia interlocutoria que la presentación de la medida cautelar de no innovar “no es procedente” para suspender la aplicación de la ordenanza.
El conflicto y las voces sobre la ordenanza
En septiembre de 2016, cuando se conoció la decisión de los ediles andalgalenses sobre la prohibición de la minería a cielo abierto o por galerías, se elevaron varias voces para contradecir la ordenanza.
El legislador provincial por Belén, Jorge Solá Jais, fue uno de los primeros en arremeter contra los ediles exponiendo una situación, a su entender, incongruente: “Por un lado, a la tribuna salen a decir que es un municipio ambientalista, que se oponen a la minería por la contaminación, pero por otro lado hacen todas las maniobras para cobrar las regalías y no rendirlas”.
Por otro lado, la diputada provincial Alcira Moreno -quien fuera edil en Andalgalá- también señaló el embudo en el que se colocaba la situación: “En 2010 hubo otro proyecto que directamente no se trató porque se consideró que debía tratarlo la Legislatura. Hay intereses provinciales y municipales, así que seguramente habrá conflicto”.
