FEBRERO

Las asambleas chubutenses presentaron una acción de amparo pidiendo al Juzgado Letrado de 1ª Instancia Civil y Comercial y Laboral del juez Dr. Marcelo Fernando Peral, la nulidad de la sesión legislativa del 25 de noviembre de 2014, la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley XVII N.º 127 sancionada ese día, así como de sus decretos promulgatorio y reglamentario, respectivamente. Sin embargo, el juez Peral no hace lugar al amparo. Seguidamente, la UACCH presenta recurso de apelación, que se eleve el expediente a la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, revocando y/o declarando la nulidad de la decisión por el juez Peral, por afectar derechos constitucionales y que por lo tanto se dicte la medida cautelar solicitada.

El Intendente Williams declara que ahora no apoya el proyecto de los vecinos porque, según él, se prohíbe en el mismo toda la actividad minera. La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut aclara que la prohibición se limita a la megaminería metalífera y uranífera con el uso de sustancias tóxicas. Sin embargo, Williams insiste: «(firmé) porque me dijeron que era para oponerse a la megaminería y después que lo leí me di cuenta de que eliminaba toda posibilidad de actividad minera en la provincia, toda, absolutamente toda”.

MARZO

El 25 de febrero, que era el día del aniversario de Esquel, Williams decide suspender el desfile, declarando a los medios de comunicación que dicha medida era porque tenían información sobre supuestos actos de violencia y amenazas que se estaban organizando por parte de los vecinos. Incluso acusa el canal local de televisión de incitar a la violencia.

Vecinos por el NO A LA MINA presentaron ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel un escrito con varias decenas de firmas pidiendo la intervención de la Fiscalía y la más exhaustiva investigación de las denuncias formuladas por el intendente Rafael Williams. Los vecinos remarcan sentirse agraviados y acusados falsamente por sus dichos.

Un vecino de la Asamblea es víctima de agresiones que atribuye a personas con algún tipo de vinculación con empresas mineras. Por esa razón, se presentó junto a una veintena de vecinos de la Asamblea del No a la Mina de Esquel ante el Ministerio Público Fiscal solicitando la rápida intervención de la Justicia para que se esclarezcan los hechos.

Siguiendo los pasos legalesdel pedido de nulidad de la sesión del fraude legislativo, la UACCH presentó un recurso de casación para que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre el amparo por la iniciativa popular.

AGOSTO

Fernando Radziwilowski, responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública, reclamó a la Fiscalía que la investigación en torno a las denuncias del grupo Benetton se ajusten a derecho. En una audiencia reveló que dentro del expediente han sido incorporadas fichas de “activistas” de la comarca andina. “Están siendo investigadas por el vínculo que pueden tener con lo que denominaron los supuestos actos de terrorismo”, dijo el letrado, en alusión a los perfiles que cuentan con identificación fotográfica y donde figuran actividades laborales, posicionamientos ideológicos y hasta cuestiones de la vida privada de militantes de la asamblea del No a la Mina, concejales, candidatos a intendente y periodistas, entre los que se destaca el seguimiento a los periodistas de la radio comunitaria Kalewche Pablo Fernando Quintana, Pablo Galperin y Federico Ovidi. El Ministerio Público Fiscal elaboró fichas de vecinos y periodistas en el marco de un trabajo de inteligencia para incorporarlos al expediente de la causa que gira en torno de la recuperación del territorio mapuche en Vuelta del Río. En la audiencia que formalizó la incorporación de la multinacional Benetton como querellante, se dio a conocer el fichaje de vecinos vinculados a la Asamblea del No a la Mina y de periodistas. Las fichas fueron realizadas de manera ilegal y aportadas al expediente por un agente de la Agencia Federal de Investigaciones.

Cuando se hizo público el espionaje a vecinos, el accionar del Ministerio Público Fiscal fue repudiado desde los distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos el Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Federación Judicial Argentina.

SEPTIEMBRE

La Fiscalía Federal impulsó una acción penal por espionaje ilegal. Sostienen que la Fiscalía de Esquel “escaseó” la información aportada en la denuncia y pretende determinar la identidad de las personas denunciadas, constatar la existencia de tareas de investigación direccionadas a referentes sociales de la zona y la identificación de demás participantes en los delitos. La fiscal federal apuntó que “una vez que tengamos la documentación digitalizada y podamos saber cómo fue el circuito de la información, podremos analizar qué responsabilidades podrían existir respecto de los funcionarios de la Fiscalía de Esquel.

OCTUBRE

Con sólo dos abstenciones, los diputados de la provincia del Chubut aprobaron el acuerdo hasta 2027 con la empresa del grupo Techint, Tecpetrol. El contrato, consensuado por todos los bloques del justicialismo, prevé la exploración no convencional de hidrocarburos en la provincia concesionando por 14 años, en tres áreas petroleras. Las asambleas ambientales de la Costa y Valle –críticas del proyecto– fueron echadas de la Legislatura, que festejó la aprobación con las bandejas repletas de integrantes del sindicato de petroleros.

Los vecinos de Esquel que fueron espiados entregaron a la Fiscalía local una nota acompañada de «fotos actualizadas» de los esquelenses fichados por un organismo nacional y cuyas fichas la Fiscalía guardaba en el marco de las actuaciones por la recuperación de territorio mapuche Lof en Resistencia Cushamen. En la informal presentación indican que «consideramos que las fotos del fichaje son feas y no favorecen a nuestros vecinos, por lo tanto, solicitamos que las cambien». Dieron este toque humorístico ante el gravísimo hecho de espionaje. En una conferencia de prensa realizada en la puerta de los Tribunales provinciales, acompañados por integrantes de comunidades mapuche-tehuelche, solicitaron la renuncia de los miembros del Ministerio Público Fiscal.

Durante la décima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, los ediles aprobaron por unanimidad un Proyecto de Declaración repudiando el espionaje ilegal a vecinos de nuestra comunidad, considerándolo un grave atentado a la vida democrática y a la representación popular

También se sumaron al repudio del espionaje a vecinos el Obispado y la Pastoral Social, así como el Concejo Deliberante de Corcovado.

En Esquel, se realizó una marcha en defensa del territorio y en repudio del espionaje a vecinos.