Grupos ecologistas de México y América Central denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones que sus activistas sufren en el sector de la minería, informó hoy una organización medioambiental.
Fuente: EFE
Washington, 22/10/2010. La audiencia temática para debatir estos asuntos se celebrará el lunes en la sede de la CIDH en Washington como parte del 140 periodo de sesiones de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ella, organizaciones como el Centro para una Ley Medioambiental Internacional (CIEL) presentarán un informe sobre las presiones de Gobiernos a ecologistas, la impunidad de asesinatos de manifestantes y la falta de regulación ambiental de la minería en la región.
El director del programa de Derechos Humanos de CIEL, Marcos Orellana, ofreció hoy en una conferencia telefónica algunos de los casos “más preocupantes” que se expondrán, como “detenciones, secuestros, asesinatos y daños a la propiedad privada” que han sufrido ambientalistas, manifestó.
Estos abusos se han cometido, agregó, en el contexto de un movimiento ecologista en auge que exige la “fiscalización” y “regulación medioambiental” del sector minero en países como México, Guatemala, Salvador, Honduras y Panamá.
Problemas como la contaminación de aguas que ocurrió en la mina de oro Petaquilla de Panamá o asesinatos de manifestantes en Chiapas (México) han alentado a estos grupos a unirse para “sensibilizar” a la comunidad internacional sobre esa situación.
El reciente drama que acabó con un exitoso rescate en una mina de Chile en la que estuvieron atrapados 33 mineros durante 69 días muestra “los desafíos de la minería en cuanto a seguridad de los trabajadores”, según Orellana.
“Hay paralelismo entre lo que ha sucedido en Chile y lo que ocurre en la región”, afirmó.
Pero ese accidente, añadió, “realza el papel del Gobierno” en este sector, una de las dianas principales de las denuncias de estos grupos que consideran a las autoridades “irresponsables” en cuanto a sus deberes de regular la minería.
“Las empresas mineras son las protagonistas de la seguridad, pero el Estado no puede estar ausente. Hay que supervisar un marco normativo sobre seguridad y contaminación”, exigió.
Uno de los casos más graves que se expondrá el lunes será el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas.
Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), había recibido amenazas de muerte por sus protestas contra la mina Black Fire, propiedad de una empresa canadiense, y fue asesinado en noviembre de 2009.
Según dijo a Efe Orellana, este caso servirá para exponer los límites de la responsabilidad de los países porque “Canadá debería saber y ser responsable de lo que hacen sus empresas en países de Latinoamérica”.
Durante el mismo período de sesiones se celebrará el día 29 otra audiencia centrada en la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la minería en la región andina.
