El pasado fin de semana un jurado de ocho expertos internacionales fue llamado a evaluar el impacto en América Latina de las empresas mineras canadienses en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se celebró por primera vez en Montreal, en Canadá.
Fuente: Radio Canadá Internacional
Para llevar a cabo este cometido, unos quince representantes sudamericanos presentaron testimonio sobre las consecuencias de las actividades de las empresas mineras canadienses en sus comunidades.
Para saber más sobre el desarrollo y las conclusiones de este evento Radio Canadá Internacional pudo conversar con Rocío Barba, una de las organizadoras de este Tribunal Permanente de los Pueblos, y de Javier Mujica Petit, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, en Perú. Él fue justamente uno de los ocho miembros del jurado.
Después de escuchar a testigos y expertos, el jurado llegó a la conclusión de que las empresas mineras canadienses son responsables de violaciones de los derechos humanos.
Esta responsabilidad también recae sobre el gobierno de Canadá y los de los países donde operan las mineras por no haber impedido y por haber facilitado, tolerado o escondido esas violaciones.
Estos gobiernos son también responsables de haber impedido en la práctica el acceso de las víctimas a recursos que habrían podido protegerles de esas violaciones a los derechos humanos.
Cinco empresas mineras canadienses fueron señaladas por violar los derechos humanos. Estas son la Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration y Excellon Resources.
Mireille Fanon Mendès France, una de los ocho expertos del jurado y que hace parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró que “A menudo las empresas mineras canadienses actúan como nuevos colonizadores. Llegan en el país, toman posesión de la tierra y violan los derechos de los pueblos a la libre determinación.”
Los testigos de las acciones de las mineras canadienses llegaron de Honduras, país al cual Canadá asesoró en la redacción de sus leyes mineras, en beneficio de las empresas canadienses. También llegaron testigos de Chile, Guatemala, México y Ecuador para explicar las consecuencias de las actividades de empresas canadienses en su calidad de vida.
Los organizadores del Tribunal Permanente de los Pueblos destacaron que según fuentes oficiales del gobierno canadiense, más del 75% de las empresas mineras en el mundo están registradas en Canadá. “Con leyes, una fiscalidad y una política extranjera favorables a las empresas extractivas, Canadá ofrece un contexto floreciente para la industria minera.”
En su sitio en Internet ellos señalan que “los mega-proyectos extractivos son hoy una causa mayor de atentados a los derechos de las colectividades. En América latina, existen en la actualidad cerca de 200 conflictos sociales oponiendo las comunidades, compañías mineras y gobiernos sobre la cuestión minera. Para las personas y colectividades que sufren la violación de sus derechos por las actividades mineras, existen numerosas barreras en el acceso a la justicia.”
Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos desde su fundación en 1979 señaló mediante comunicado que “por más de 35 años, Tribunal Permanente de los Pueblos encontrado casos de violaciones masivas de los derechos humanos que la ley no reconoce, debido al desequilibrio de poder. En el caso de la industria minera canadiense, las causas y los actores de estos delitos son económicos y están excluidos de la jurisdicción del derecho internacional vinculante. La primacía del comercio sobre los derechos humanos tiene como resultados la impunidad.”
Las empresas mineras canadienses fueron invitadas a participar en el evento, pero prefirieron no hacerlo. Este tribunal es un foro de la sociedad civil que sirve para crear conciencia sobre violaciones de los derechos humanos. Desde 1979, cuarenta Tribunales Permanentes de los Pueblos se celebraron en todo el mundo sobre diversos temas, entre ellos el genocidio armenio, el derecho de asilo en Europa o las violaciones de los derechos humanos en Argelia.
En las próximas semanas, los miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos que se reunió en Montreal remitirán sus conclusiones y recomendaciones al gobierno del primer ministro Stephen Harper, un defensor convencido de la extracción de los recursos naturales, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
Mañana martes, un grupo de activistas viajará a Ottawa para entregar al gobierno un informe sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas mineras canadienses en América Latina, donde 22 casos fueron registrados en varios países.
