Ecologistas en Acción Cantabria ha advertido hoy sobre la necesidad de “evaluar correctamente” los impactos que supondría la reapertura de la mina de zinc de Reocín, así como de “sopesar los beneficios y perjuicios” que este hecho produciría. Y es que, según el colectivo, es “totalmente incierto” que esta actividad minera no va a generar impactos, como, según dice EAC, han afirmado los portavoces de la empresa canadiense Emerita Resource.
Fuente: Europa Press
“Creemos que no es un buen comienzo negar la evidencia: cualquier actividad extractiva genera impactos diversos. Hubiera sido mejor inicio reconocer los impactos y afirmar que la empresa los va a minimizar o compensar”, han sostenido los ecologistas en un comunicado.
Tampoco es un buen comienzo a su juicio que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria tramiten de urgencia una modificación de la Ley del Suelo para “allanar el camino” a la reapertura de la mina de Reocín.
Y por ello han insistido en la necesidad de “sopesar bien todos los beneficios y los perjuicios de esta actividad minera para poder adoptar en su momento una decisión acertada”.
En su comunicado, los ecologistas apuntan que, aunque la noticia de la reapertura de la mina de Reocín es “positiva” en una “primera impresión” para una comarca “castigada por el paro durante años y sin apenas perspectiva de mejora”, las citadas informaciones de la empresa canadiense “no son muy alentadoras” porque, según EAC, sí se generarán impactos, que en su opinión es necesario “evaluar correctamente” para que no se reproduzcan los problemas “graves” del pasado “y que se siguen padeciendo años después de cerrada la mina de Reocín”.
En este sentido, Ecologistas se ha referido al derrumbe de una balsa en agosto de 1960 “que se llevó por delante vidas humanas y un vertido directo al Besaya de miles de toneladas de residuos contaminados”; así como al derrumbe de la propia mina en enero de 1965, que no se cobró vidas humanas pero provocó el hundimiento del barrio Pomares en Reocín, desapareciendo casas de centenares de familias.
La rotura del acuífero también se cobró vidas humanas
“y ha dejado una hipoteca de por vida”, ha señalado la agrupación, que ha recordado que, al inundarse las galerías, la consiguiente surgencia ha creado un lago artificial que se necesita controlar su volumen, bombeando agua permanentemente al Besaya para evitar una mayor inundación. Esta inundación, ha explicado, ha sido uno de los factores de la aparición de agua en zonas de Torres, algunas de cuyas casas sufren intensas humedades.
EAC también ha indicado que la actividad de la mina durante más de 150 años de vertidos ha trasladado sus residuos a la ría de San Martín, cuyos sedimentos están llenos de metales pesados.
Han quedado once balsas de decantación o escombreras distribuidas por un área extensa, con presencia de metales pesados. Algunas de estas balsas permanecen expuestas a la erosión del aire y de la lluvia, y otras se han cubierto de vegetación o urbanizado sin ningún tratamiento de impermeabilización.
A todo ello ha añadido los daños sufridos por numerosas familias, cuyas propiedades fueron expropiadas y tuvieron que cambiar sus domicilios al modificar la producción a cielo abierto.
Para los Ecologistas tampoco fue “un buen precedente la firma precipitada” del Gobierno de Cantabria con AZSA para el cierre de la mina después del seísmo acaecido en 2003 que derrumbó parte de la explotación a cielo abierto. Al respecto, han denunciado que en esa firma “quedaron muchos flecos”, como algunos de los citados, de los que se ha hecho cargo la Administración, “desentendiéndose AZSA de ellos”.
En 2004 EAC solicitó al Gobierno que se exigiera a la empresa un plan de cierre de la mina que incluyera varios estudios previos, como un inventario de escombreras y balsas de decantación, un estudio contaminación de suelo y agua, un estudio de estabilidad y siniestralidad y un estudio hidrogeológico, pero \”no se exigió nada a la empresa”.
