En la isla Bougainville todavía resuena con el espíritu de los indígenas nasiois, que libraron una lucha armada entre 1989 y 1997, tras un levantamiento para clausurar una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo, que pretendía extraer los aproximadamente 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro debajo de la tierra fértil.
Fuente: IPS
Un extenso y sinuoso camino conduce desde Arawa, otrora la capital de Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea (PNG), a través de una selva impenetrable hacia las alturas de la cordillera del Príncipe Heredero, en el centro de la isla.
Sobre una loma, el verdor da paso a un paisaje de tierra excavada y, en el centro, un cráter enorme, de seis kilómetros de largo, rodeado de restos de camiones y maquinaria minera, oxidándose en el polvo bajo el sol del Pacífico sur.
“La crisis fue una lucha por todos los pueblos oprimidos del mundo… la gente luchó por lo correcto, el derecho a la tierra”: Greg Doraa.
El lugar todavía resuena con el espíritu de los indígenas nasiois, que libraron una lucha armada entre 1989 y 1997, tras un levantamiento para clausurar una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo, que pretendía extraer los aproximadamente 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro debajo de la tierra fértil.
Operada por Bougainville Copper Limited, una subsidiaria de Conzinc Río Tinto de Australia, la mina Panguna generó unos 2.000 millones de dólares en ingresos entre 1972 y 1989.
Pero sus propietarios mayoritarios, Río Tinto (con 53,58 por ciento del total) y el gobierno de PNG (con 19,06 por ciento), recibieron la mayor parte de las ganancias, mientras que el acuerdo minero no reconoció derecho alguno a los propietarios indígenas de las tierras.
La población autóctona fue desplazada por la fuerza, sus tierras ancestrales quedaron irreconocibles bajo toneladas de roca estéril y el río local, el Jaba, se contaminó con residuos mineros, que adulteraron las aguas y envenenaron los peces.
La desigualdad se agravó, dado que los empleos de la mina enriquecieron a una pequeña minoría. De los 150.000 habitantes estimados en 1980, unos 1.300 trabajaban en Panguna.
Cuando en 1989 se rechazó una demanda de indemnización equivalente a 3.700 millones de dólares, los propietarios de tierras se movilizaron y paralizaron la empresa minera, saboteando su fuente de energía y sus principales instalaciones fundamentales con explosivos.
Comunidades indígenas aún viven junto a la mina de cobre Panguna, que cerró en 1989. Crédito: Catherine Wilson/IPS
La situación desató una guerra civil entre el Ejército Revolucionario de Bougainville y las fuerzas armadas de PNG, hasta que se declaró el cese del fuego en 1997. Los combates dejaron un saldo estimado entre 15.000 y 20.000 personas muertas, equivalente a 13 por ciento de la población de entonces.
“La crisis fue una lucha por todos los pueblos oprimidos del mundo… la gente luchó por lo correcto, el derecho a la tierra”, destacó Greg Doraa, un jefe de distrito de Panguna.
Ahora, aunque la región de 300.000 personas obtuvo cierto grado de autonomía de PNG, el fantasma de la minería sigue presente. A lo largo de este mes Bougainville está celebrando elecciones generales, que son la antesala de un referéndum sobre la independencia de la zona, a realizarse en 2020, por lo cual las opciones del desarrollo económico son objeto de acalorados debates.
La élite política considera que solo la minería puede generar los ingresos necesarios para satisfacer las ambiciones de Bougainville. Pero para los terratenientes y las comunidades agrícolas, una opción mucho más sostenible sería desarrollar el rico potencial que encierran la agricultura y el turismo ecológico.
En 2014, el presidente del Gobierno Autónomo de Bougainville, John Momis, declaró que la producción de los dos principales sectores de la región, el cacao y la minería de oro a pequeña escala, tuvo un valor de 55,7 millones de dólares.
Eso reforzó los ingresos locales, pero no las arcas del gobierno, debido a la ausencia de tributación.
“Aunque se pudiera aplicar un impuesto de 10 por ciento al volumen de negocios de estos sectores, eso solo produciría una pequeña fracción de los ingresos que el gobierno necesita para apoyar una verdadera autonomía”, afirmó Momis.
Pero Chris Baria, un comentarista local sobre los asuntos de Bougainville que estuvo en Panguna durante el conflicto armado, sostiene que “debido a la percepción generalizada en el gobierno de que la minería es una forma rápida y fácil de remediar los problemas de escasez de efectivo, se produjo una falta real de dedicación a los sectores agrícola y manufacturero”.
“Bougainville tiene un suelo rico para los cultivos, que se pueden vender como materias primas o de valor agregado para obtener buenos precios en el mercado mundial… también es un potencial destino turístico si se desarrolla la infraestructura” necesaria, aseguró.
En 2014 se concretó el traspaso de los derechos de la minería de PNG a Bougainville con la aprobación de una ley minera de transición.
Pero muchos temen que el retorno a la minería a gran escala provoque formas de inequidad similares a las ya vividas. La exclusión económica fue el factor clave que llevó a los nasiois a tomar las armas hace 25 años. Aproximadamente 94 por ciento de los cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos de la mina fueron a parar a los accionistas y al gobierno de PNG, y solo y 1,4 por ciento a los propietarios de tierra locales.
“Las tendencias de desarrollo actuales solo beneficiarán a la élite educada y a los políticos que tienen acceso a las oportunidades mediante el empleo y las comisiones que les pagan las empresas que vienen a extraer los recursos, mientras que la gente común y corriente son meros espectadores de todo lo que sucede a su alrededor”, afirmó Baria.
La reconstrucción ha sido lenta desde el acuerdo de paz de 2001. El gobierno de Bougainville sigue dependiendo económicamente de PNG y los donantes internacionales.
En algunos lugares, por ejemplo, se repararon calles y puentes, se reabrieron aeropuertos y mejoraron los recursos de la policía. Pero el desarme ha sido incompleto, el acceso rural a los servicios básicos es deficiente y las altas tasas de violencia doméstica y sexual se agravaron porque quienes padecen de trauma posconflicto no recibieron el tratamiento debido.
La provincia solo tiene 10 médicos para atender a más de 250.000 personas, menos de uno por ciento de la población tiene electricidad y la esperanza de vida asciende apenas a los 59 años.
Menos de cinco por ciento de la población tiene acceso al saneamiento, según la organización humanitaria World Vision, y un tercio de los niños y niñas no van a la escuela, además de la “generación perdida” de jóvenes que no recibieron educación formal durante los años del conflicto armado.
El desarrollo económico debe estar al servicio de la paz a largo plazo, opinan expertos.
Delwin Ketsian, presidenta de la organización Mujeres de Bougainville en la Agricultura dijo que “80 por ciento de las mujeres de Bougainville no apoyan la reapertura de la mina”. En el norte y el centro de la región autónoma, las propietarias de la tierra tradicionalmente han sido las mujeres.
“Bougainville es (una sociedad) matrilineal. Nuestra tierra es nuestro recurso y queremos trabajar nuestra propia tierra, y no que vengan extranjeros a destruirla”, subrayó.
Este reportaje forma parte de una serie concebida en colaboración con Ecosocialist Horizons.
