Cuatro meses atrás se produjo el mayor derrame de residuos mineros peligrosos en Perú. Hoy los trabajadores de la empresa Caudalosa reclaman que ésta vuelva a funcionar, y los pobladores de la zona que se limpien los ríos contaminados, de los que dependen.
Fuente: IPS noticias
03/11/2010. Caudalosa, una empresa de capitales peruanos, desarrolla la minería de socavón y produce cobre, zinc y plomo. Su principal unidad es Huachocolpa Uno, ubicada en Huancavelica, en la sierra central, en el sudeste de este país andino. Se calcula que unos 1.000 trabajadores laboran allí.
El derrame de 25.000 metros cúbicos de residuos tóxicos se produjo el 25 de junio, por la rotura de un depósito. El dique colapsó por el exceso de materiales acumulados sin autorización y sin las condiciones técnicas requeridas, según las autoridades fiscalizadoras.
La empresa alegó que se trató de un fenómeno fortuito, la “licuefacción estática”, que impide circular el agua por los conductos regulares, y termina empozándola hasta desgastar las paredes del depósito.
Los días 18 y 19 de este mes, trabajadores de la empresa se movilizaron con sus familias en Huancavelica para pedir la reapertura de las operaciones, suspendidas desde el accidente por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
El secretario de organización del sindicato, Héctor Sotacuro, dijo a IPS que evalúan marchar hacia Lima en noviembre porque no reciben pago alguno desde septiembre. “Si no trabajamos, ¿de qué vivimos?”, se preguntó.
Además de la medida administrativa, la suspensión cautelar de la empresa había sido solicitada por el fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica, Frans Ponce. Pero el lunes 25, la Sala Superior de Justicia de ese distrito declaró improcedente el pedido, por lo que la mina podría volver a operar.
El dictamen de la Sala, al que tuvo acceso IPS, sostiene que no hay fundamentos para asegurar que los agentes tóxicos son “sumamente peligrosos para cualquier forma de vida en el medio ambiente, especialmente para toda la vida que habita el río Escalera y sus afluentes”.
“Seguimos tomando esa agua contaminada y nuestros niños se pueden enfermar”, dijo a IPS Julián Marcas, habitante de Santa Rosa de Tincuy, un poblado que –a diferencia de otros de la zona que cuentan con manantiales– tiene como única fuente el río Urubamba, uno de los afectados por el derrame.
En su resolución, la Sala exhorta a todas las autoridades nacionales y locales concernidas que eviten actuar con “finalidades ajenas al interés público”.
Una fuente del Organismo Supervisor dijo a IPS que dependerá del Ministerio de Energía y Minas informar si el depósito de relaves que colapsó se encuentra en condiciones de operar.
Pero el fiscal Ponce decidió ir más allá, al presentar el lunes 25 ante un juzgado penal de Huancavelica una denuncia por contaminación contra el gerente general de la empresa, Alberto Pescetto Raffo.
La zona del derrame está en el distrito de Huachocolpa, a una hora en automóvil de la ciudad de Huancavelica. Los vertidos de arsénico, cadmio, hierro, manganeso, plomo y zinc fueron a dar a varios ríos que van tomando el nombre de los pueblos por los que pasan a lo largo de 100 kilómetros. El río Escalera es el más afectado y cercano al centro de operaciones.
Según un informe de la Autoridad Nacional del Agua, en cinco de los 11 sitios monitoreados el 26 y el 27 de agosto se mantienen altas concentraciones de agentes tóxicos.
Uno de esos lugares es el río Escalera. Allí la presencia de varios metales supera lo permitido por el Estándar de Calidad Ambiental para el agua de riego y crianza. La concentración de manganeso es más de ocho veces superior al máximo autorizado, y más de seis veces la de cadmio.
“Hay que prestar especial atención al cadmio y al plomo, porque se acumulan en los tejidos y en los productos agrícolas que puedan consumir estas personas”, explicó a IPS la jefa del Departamento de Microbiología de la Universidad Cayetano Heredia, Jazmín Hurtado.
Pocos días después del derrame, el 30 de junio y el 1 de julio, las autoridades detectaron en el Escalera cantidades de arsénico que superaban hasta en 50 veces los límites legales.
Al día siguiente del derrame, el 26 de junio, se reportaron en el río Opamayo concentraciones de cadmio entre 245 y 265 veces por encima de los límites, mientras las de plomo superaban entre dos mil y más de tres mil veces esas limitaciones.
En el Opamayo murieron muchas truchas, alimento de la cercana comunidad de Palcas.
En su pedido de suspensión de las operaciones de Caudalosa, el fiscal Ponce presentó un acta de verificación de los daños y fotografías de la inspección, pero no los resultados de las pruebas de laboratorio, que sólo se conocieron un mes más tarde, pero que sí forman parte de su denuncia penal contra el gerente de la compañía.
La empresa debía cumplir un plan de remediación en 90 días que incluye la recolección de los materiales contaminantes, la reforestación de pastizales, el cultivo de truchas, la construcción de abrevaderos y de cercos en los ríos para evitar que el ganado beba de las aguas afectadas y la asistencia sanitaria a los pobladores.
Caudalosa asegura que concluyó la limpieza de los ríos, pero se supo que las autoridades ambientales consideran insuficiente esa tarea, que debió terminar el 2 de septiembre, y recomendaron que continuara.
Los trabajadores mineros parados fueron contratados hasta agosto para limpiar los ríos, junto con pobladores que cumplieron esas labores en forma artesanal. “Pero la limpieza debe seguir, aún no ha pasado el peligro”, dijo Hurtado.
