En jaque. Tras 14 días de huelga, la incertidumbre reina en Tambo. Todos los negocios y escuelas están cerrados y el mercado central desabastecido. El diálogo planteado por el Gobierno Regional no prosperó. La población solo quiere que Southern se vaya.
Fuente: La República
El valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, es tierra de nadie. El mercado central, las tiendas, farmacias, restaurantes y hasta las escuelas de Cocachacra, distrito donde se articulan las protestas contra el proyecto Tía María, están cerrados.
La huelga, cuya duración se aproxima a las dos semanas, se ha polarizado. O estás a favor o en contra de ella. Los imparciales quedaron a merced de la violencia de los cabecillas del paro o la represión policial. Algunos manifestantes siembran el miedo. Todos los días recorren el distrito en camiones para asegurarse del acatamiento a la huelga.
Si algún negocio está abierto amenazan a los propietarios con el saqueo. La Policía también ha sido inclemente. El sábado pasado, varios ciudadanos inocentes fueron afectados por su actuación represiva.
El bloqueo de vías produjo desabastecimiento. Comprar un plato de comida en el valle resulta heroico. Una milanesa puede llegar a costar hasta 25 soles. Los vehículos solo llegan hasta El Fiscal, desvío de la Panamericana Sur para llegar a Cocachacra. La vía está bloqueada.
En la zona se corre otro riesgo. Ser confundido como infiltrado. En los últimos días, los protestantes se han dedicado a “cazar” policías que peligrosamente se camuflan como manifestantes para identificar a los revoltosos. El jueves pasado, a dos de ellos los sorprendieron y los tomaron de rehenes luego de golpearlos.
Panorama Complejo
Los opositores al proyecto de Southern no entienden razones. “Cuando no tenemos plata vamos a la chacra y compramos papa, tomates a 20 o 50 céntimos. Con la mina el valle desaparecerá. ¿Qué vamos a hacer entonces?”, dice casi gritándonos Carmen, una jornalera de Azángaro (Puno) que vive hace 25 años en un anexo cercano a Cocachacra. Es miércoles por la mañana. Los manifestantes esperan la llegada de dos viceministros y la presidenta regional Yamila Osorio para poner fin a la huelga. Sin embargo, piden como condición innegociable el retiro de Southern Perú.
La protesta antiminera se ha fortalecido. Y probablemente desde el 27 de marzo, cuando estaba en franco declive. Los alcaldes del valle ofrecían una tregua. Sin embargo, el jefe de asuntos institucionales de Southern, Julio Morriberrón, prendió la chispa.
Anunció el retiro de la inversión de Islay ascendente a 1,400 millones de dólares. Además acusaba a los manifestantes de “terroristas antimineros” y al gobierno de no dar garantías. Cinco horas después lo desmentía el gerente ejecutivo de Southern, Óscar González Rocha, después del tácito apoyo del gobierno al proyecto.
“El gobierno se puso de rodillas ante la minera para rogarle que no se fuera. ¿Cómo vamos a negociar con quien ya tiene una postura definida? El diálogo no tendría ni pies ni cabeza”, increpa el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez.
El alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, también opositor, agrega que el Ejecutivo ha quedado deslegitimado.
El congresista Juan Carlos Eguren coincide en sus críticas al gobierno, pero desde la orilla a favor de la inversión. “Han dejado pasar mucho tiempo. Para sacar adelante un proyecto, el Estado debe ir delante de las negociaciones, Southern se quedó sola, es cierto que también ha cometido muchos errores”, comenta. Para Eguren, las marchas y contramarchas de la empresa fueron desatinadas. La gobernadora regional, Yamila Osorio, opina en la misma línea. Señala que a la empresa minera le faltó prudencia.
Diálogo de sordos
En ese contexto, el jueves último, en medio de una crisis política tras la caída del gabinete de Ana Jara, los viceministros de Agricultura y Minas, Jorge Montenegro y Guillermo Shinno, junto a Osorio intentaron convencer a los dirigentes de deponer la medida de protesta y dialogar. La cita fue estéril. Evidenció la marcada tendencia antiminera del Valle y de sus autoridades. Los alcaldes de Islay, Richard Ale; de Cocachacra, Helar Valencia; de Punta de Bombón, José Ramos, y de Deán Valdivia, Jaime de La Cruz, que en un inicio intentaron tender un puente entre la población y el gobierno, anunciaron que desde ahora “apoyarán a su pueblo”.
Ramos fue contundente. “Yo puedo estar a favor del proyecto, me pueden convencer a mí, pero si mi pueblo no quiere, no lo voy a traicionar”, dice. De La Cruz advierte un posible desborde social y responsabiliza al Gobierno Regional de Arequipa y al Gobierno Central de los saldos. “Llegaron muy tarde”, arremetió. Por Sábado Santo y Domingo de Resurrección, los huelguistas dieron una especie de tregua interna, pero el lunes amenazan con reiniciar todo con fuerza.
El analista político Carlos Timaná refiere que el fracaso del diálogo en el Valle de Tambo es resultado de la “debilidad del Ejecutivo para negociar” y su falta de proyección para sacar proyectos integrales a largo plazo. Además, recuerda que de alguna manera, el año pre- electoral, enciende el descontento de ciertos sectores. Tía María parece estar atada de manos.
Dudas al Estudio de Impacto Ambiental que plantean los opositores a Tía María
La principal observación a Tía María es el Estudio de Impacto Ambiental. Otto Hito, uno de los ingenieros que asesora al frente del Valle, asegura que las 136 observaciones al estudio hechas por Unops no fueron levantadas.
La minera presentó un nuevo documento que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en agosto de 2014. Para Hito, la Unops calificó el proyecto de inviable, por lo que el nuevo EIA se hizo con datos falsos. Es más, acusa al MEM su complicidad con Southern. La población repite este discurso y se niega a que el gobierno dé explicaciones. La objeción esencial es la ubicación del proyecto, apenas a 4 Km del valle y que se ejecutará a tajo abierto. Temen lluvias ácidas, contaminación del río Tambo y el polvo.
El alcalde Provincial, Richard Ale, advierte otra omisión del MEM. Dice que el contenido del nuevo EIA, entre las páginas 1,300 a 1,500, está en inglés. ¿Cómo es posible que lo hayan aprobado así?, objeta.
El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, no descarta que el nuevo documento sea sometido nuevamente a Unops para despejar dudas, pero los alcaldes, ni la población aceptan la propuesta. “Para llegar a un entendimiento, nuestros técnicos deben de llegar a Cocachacra para esclarecer cada una de las dudas. Las observaciones de Unops han estado presentes cuando se presentó el nuevo EIA. Nuestros técnicos han revisado todo. Si bien el EIA está aprobado, siempre se puede mejorar (…) Se va a ver punto por punto. Si notamos que algo se ha escapado podemos mejorar”. El representante de la PCM, Martín Carbajal, también refiere que mientras el proyecto no encuentre licencia social, no podrá iniciarse.
El papel de los actores de tía maría y la escalada de la crisis
Estado, empresa minera y sociedad civil dividida en grupos que apoyan y rechazan el proyecto Tía María son los tres actores principales de este conflicto. Con algunos matices, el papel de los tres ha sido lamentable en la escalada de la crisis.
1) Estado. Su esquema burocrático es generador de desconfianza. El Ministerio de Energía y Minas promueve y a la vez fiscaliza las inversiones mineras. ¿Se puede cumplir ambos papeles con independencia? Parece que no. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María, las medidas para reducir el daño ambiental, siguen en debate. En 2011, el gobierno aprista lo anuló tras las 136 observaciones de Unops. La minera hizo uno nuevo, aprobado el año pasado por Energía y Minas. ¿Se levantaron los cuestionamientos hechos al primero? A ciencia cierta no se sabe porque el nuevo EIA no volvió a pasar este filtro. Los funcionarios estatales dicen que todo se subsanó. Aunque habría que recordar que en 2011 no detectaron lo advertido por Unops. Lo ideal hubiese sido que lo expliquen: qué se observó y qué se levantó. Es cierto, hubo audiencias públicas organizadas por Southern para el nuevo EIA. Sin embargo, éstas se desarrollaron en forma militarizada por el clima adverso en el valle. La imparcialidad del Estado sufrió otro dinamitazo detonado por la propia ministra del sector, Rosa María Ortiz, cuando la minera anunció su retiro. Desmintió el anuncio como si ella fuese la vocera de la transnacional.
2) Southern Perú. Después del fracaso en 2011, replanteó sus relaciones con la comunidad de Islay. En su lavado de imagen, Julio Morriberón fue pieza clave. Sin embargo, el pan parece haberse quemado en la puerta del horno por varios errores. En enero pasado, un alto funcionario de la empresa en México anunció que ya tenían todos los permisos para construir la mina. Si bien el ministerio hizo el desmentido, el fallido anuncio exacerbó los ánimos y reafirmó esa certeza de que entre Estado y empresa las complicidades son mutuas. Lo peor vino después. Cuando el paro de los pobladores de Tambo (27 de marzo) languidecía, Morriberón hizo un papelón. No solo insultó a los huelguistas (calificándolos de terroristas) sino anunció el retiro de la inversión. Horas después su jefe, Óscar González Rocha, lo desmintió. Marchas y contramarchas que atizan la violencia. Lamentablemente Southern -lo reconoció el mismo Morriberón- tiene una mala imagen en Tambo hace décadas, cuando sus emisiones de la fundición de Ilo eran arrastradas por los vientos hasta el valle.
3) Población civil. La oposición contra Tía María se fortaleció en las elecciones municipales pasadas. Tres dirigentes antimineros fueron elegidos alcaldes. La posición de los opositores ha sido reacia. Creen que tienen la razón. No quieren escuchar. Jaime de la Cruz, burgomaestre de Deán Valdivia, dijo en un mitin: “Ollanta acá está tu alcaldía, si quieres te la metes al culo”. Discursos violentos y anarquistas no construyen. El debate debe trasladarse al escenario técnico. Si Tía María va a contaminar o no el valle.
