En enero de 2014 el investigador y consultor de empresas mineras Miguel Santillana publicó una nota en La República en la que advertía sobre “la presencia del activista antiminero Lupo Canterac y el relanzamiento de las fuerzas antimineras en Piura”. Después de leer el artículo me preguntaba: ¿quién será tan tremenda amenaza para los intereses mineros en el norte del Perú?
Por Luis Manuel Claps* publicado en Servindi
Me encontré con Lupo Canterac en la sede de la Central Piurana de Cafetaleros, a las afueras de la ciudad. Lupo integra la Red Agua Vida (RedAD), que trabaja con la Red Muqui documentando los impactos de proyectos mineros metalíferos como Río Blanco, en las sierras de Huancabamba, o El Faique en la Comunidad San Juan Bautista de Locuto. Ellos vienen de la lucha de Tambogrande.
Yo quería saber más sobre la mina Bayóvar, para informar sobre sus impactos a la red internacional de comunidades afectadas por las operaciones de la brasileña Vale. La campaña Justiça nos Trilhos, con el apoyo de la organización Justiça Global, la hizo nombrar “peor empresa del mundo” en 2012.
El complejo minero Bayóvar exportó 3,7 millones de toneladas de concentrado de fosfatos en 2013, pero sus impactos ambientales pondrían en riesgo a la maricultura local. La expansión minera bloquea la protección del estuario de Virrilá, mientras el Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura reclama la revisión del contrato.
Minera Miski Mayo: diez años en Piura
El 19 de abril de 2005 no fue un día cualquiera para Sechura, en la región de Piura, sobre la costa norte del Perú. Aquella jornada se firmó el contrato para la explotación de los yacimientos de fosfatos más ricos de Sudamérica. Un mes antes, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó el proyecto a la única oferente, Minera Miski Mayo, subsidiaria de la multinacional brasileña Vale. Se anunciaron cinco mil puestos de trabajo y el presidente de entonces, Alejandro Toledo, testigo de honor del acto, llegó con un cheque de un millón de dólares a nombre de una fundación privada a la que transfirieron los terrenos comunales donde se explotaría la mina. Un coro acalorado interpretó la popular marinera Sechura vale un Perú.
Los yacimientos de Bayóvar se ubican aproximadamente a 1000 km al norte de Lima y 110 km al sur de la ciudad de Piura. A unos 30 km del océano Pacífico se excavan varios tajos de los que esperan extraer 238 millones de toneladas de fosfatos durante treinta años. La mina y su infraestructura asociada están emplazadas en territorio de la Comunidad San Martín de Sechura, cuya fundación data de 1544. La comunidad se superpone casi íntegramente con la provincia de Sechura, creada en 1994, con los distritos de Sechura (capital provincial), Vice, Bellavista de la Unión, Rinconada Llicuar, Cristo Nos Valga y Bernal. En la comunidad habitan también decenas de caseríos o anexos como Chalaco, Becará, Bocana, Chusis, Miramar, Nuevo Chulliyachi, Matacaballo y El Barco, entre muchos otros poblados y asentamientos que comparten una misma tradición cultural. Se trata de un territorio de unas 700 mil hectáreas, con unos 20,000 comuneros registrados.
La historia de la comunidad siempre giró en torno a la defensa de los terrenos comunales. Vicente Chunga Aldana, llamado por Raúl Mendoza Agurto el “Rosendo Maqui de Piura”, fue elegido presidente comunal en la Asamblea General del 28 de octubre de 1930. Se conformó entonces el Comité Central de Defensa que logró el reconocimiento oficial de la comunidad el 19 de agosto de 1937.
Esquema de las operaciones mineras de Vale en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura (Vale.Com).
La RS 116-2003-EF de mayo de 2003 autorizó a ProInversión a constituir la Fundación Comunal San Martín de Sechura y transferirle gratuitamente las tierras de interés minero. Al mismo tiempo, dispuso los derechos reales de superficie y servidumbre del proyecto a favor de la Empresa Regional Minera Grau Bayóvar, que estaba por ser vendida a Vale. Paralelamente se creó el Fideicomiso Social del Proyecto Bayóvar, que financiaría programas sociales en beneficio de la provincia de Sechura. Este fondo sería supervisado por ProInversión y manejado por un Consejo de Administración de ocho miembros. Las relaciones con la Comunidad San Martín de Sechura se canalizaron mediante la creación de una fundación privada y el fideicomiso gestionaría los vínculos con el gobierno provincial. Se decía que no habría contradicciones entre los inversores extranjeros y las comunidades, que la mina no sería un enclave.
El 17 de abril de 2008 el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Directoral 084-2008-MEM/AAM que otorgó la licencia ambiental al proyecto Bayóvar. Vale inició las obras de infraestructura operativa en noviembre de ese mismo año: carreteras de acceso, planta, puerto, línea de alta tensión, planta desalinizadora y campamento. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, preparado por Golder Associates, prometió máximo cuidado del medioambiente. El presidente de entonces, Alan García, declaró que la privatización de los yacimientos “hacía realidad una ilusión”. La construcción de la mina estuvo a cargo de las multinacionales brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, no de empresas locales. Con el inicio de la explotación comercial en agosto de 2010 comenzaron los problemas en el aire, la tierra y el agua de las zonas próximas a las operaciones. El fideicomiso fue reemplazado por una organización de carácter privado sin fines de lucro denominada Fondo Social Bayóvar (su página web Fospibay.com no se encuentra disponible al momento de publicar esta nota). Las crónicas periodísticas de mediados de 2013 mostraban al alcalde provincial de Sechura, Bernardo Pazo Nunura, disputándose la presidencia del Fondo Social con el presidente de la Comunidad Campesina, Francisco Chunga Ayala. A setiembre de 2013 los fondos acumulados “nunca se gastaron” (la oficina del Fondo Social Bayóvar en Sechura no nos recibió).
El Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, organización que agrupa a un conjunto de asociaciones de maricultores, productores, ganaderos y otros gremios, plantea la revisión del contrato de la mina Bayóvar. Augusto Chapilliquen, secretario de Relaciones Interinstitucionales del Frente, reclama que “la fundación pasó por alto la legislación sobre comunidades campesinas en el Perú y ProInversión montó este andamiaje legal que no será fácil modificar: René Cornejo Díaz, su director ejecutivo entre 2004 y 2007, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros por Ollanta Humala en febrero de este año”.
Para Alejandro Diez Hurtado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “Lo que aparece como una negociación exitosa en el marco de un proceso de desarrollo y acumulación provincial de capacidades y recursos, no parece generar los resultados esperados y sobre todo, no conducir al desarrollo de la comunidad ni de la provincia.”
Eutrofización de la bahía
La Federación de Trabajadores del Petróleo del Perú y la Asociación de Transportistas, Maquinaria Pesada y Servicios de Sechura denunciaron que el polvo en suspensión resultante de las operaciones de embarque de fosfatos afecta su lugar de trabajo, el puerto de Petroperú, próximo al puerto construido por Vale. El sindicato encargó un estudio de calidad del aire al Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud en marzo de 2011. El secretario general del sindicato, Evin Querevalú, informó que “recogieron muestras de polvo color negro y los trabajadores debieron protegerse con máscaras para realizar sus labores diarias”.
Al comprobar los impactos negativos del material particulado al momento de las cargas, mediante la Resolución Directoral 518-2013-OEFA-DFSAI de noviembre de 2013 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), sancionó a Minera Miski Mayo y le impuso una multa. El comunicado de prensa emitido por el organismo indicó que “la empresa no cuenta con un adecuado método de cargas de concentrados de fosfatos a las bodegas de los barcos.” El shiploader no es el adecuado y quedó acreditado que afecta la zona de influencia del puerto. La sequedad del clima contribuye a la dispersión de los fosfatos. La empresa deberá elaborar un estudio detallado de las direcciones de los vientos y su relación con el embarque de minerales.
Según el ingeniero pesquero, oceanógrafo e hidrobiólogo Oscar Eduardo Díaz Mendoza, funcionario de la Dirección de Coordinación de Cambio Climático del Despacho Ministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, “La explotación de fosfatos genera material particulado que es acarreado hacia la zona marina, donde actúa como un fertilizante aumentando la productividad primaria. Los nutrientes inorgánicos en exceso crean un ecosistema super-abonado, lo que puede derivar en un medio acuático anóxico”.
La bahía de Sechura es una de las principales productoras de cochas de abanico y la maricultura emplea a gran parte de la población. El Frente de Pescadores Artesanales Acuicultores de Puerto Rico (AFREPAAC) y la Asociación de Pescadores Artesanales Extractores de Marisco Parachique (APEMAR) denunciaron a Vale por la contaminación de la bahía. En noviembre de 2013 el alcalde de la provincia de Sechura informó que los fertilizantes vertidos por Vale provocaron el “crecimiento exagerado de las algas en la costa donde trabajan los pescadores artesanales”. En septiembre de 2013 un grupo de sechuranos envió una carta pública al presidente Humala para que intervenga en la problemática de la contaminación. Un video documental que explica el fenómeno de la degradación ambiental se distribuyó masivamente por las redes sociales. Según datos del Primer Censo de la Pesca Artesanal en el Ámbito Marítimo de 2012, Piura cuenta con el mayor número de pescadores y armadores de barcos artesanales del país.
Barcos pesqueros en Puerto Rico (Luis Manuel Claps).
La eutrofización es el aumento de los nutrientes en un ecosistema, que generalmente provoca el excesivo crecimiento de la biomasa y el empobrecimiento de la diversidad. La eutrofización local puede generar enturbiamiento e impedir que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema marino afectando a la fauna. Según un artículo de El Correo, en una reunión desarrollada en Lima entre la ministra de la Producción, Gladys Triveño, y dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) realizada en diciembre de 1013, se decidió llevar a cabo un estudio de las aguas de la zona que debió comenzar en marzo. La degradación ambiental no es ajena a la costa norte del Perú, como ocurre en el mar de Paita.
Con representantes de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, el alcalde de Sechura, organizaciones sociales de base, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas, el 22 de noviembre de 2013 se organizó una reunión para tratar la controversia generada en la población de la caleta de Puerto Rico por los incumplimientos sociales y ambientales de Minera Miski Mayo. La demanda era la paralización inmediata de las operaciones mineras hasta tanto se responda a los reclamos. En una reunión posterior, el día 26 del mismo mes, se decidió conformar un Comité Multisectorial de Gestión Ambiental para dar seguimiento al problema. Los megaproyectos aumentaron la conflictividad social en Piura. El comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad registra siete conflictos sociales activos en la región.
Vale invirtió US$566 millones en la construcción del complejo minero y su infraestructura asociada. En 2010 vendió participaciones a las multinacionales Mosaic de Estados Unidos (35%), la mayor productora mundial combinada de fosfatos y potasio, y Mitsui de Japón (25%, propietaria de otros intereses en Vale). El periodista de La República Humberto Campodónico se preguntaba: “¿Dónde se va a constituir la nueva empresa? ¿En el Perú o en Brasil? Si la venta de las acciones de Bayóvar se produjo en el Brasil, ¿dónde es que Vale va a pagar los US$112 millones del impuesto a las ganancias? Lo más probable es que sea en Brasil”.
Aumento de la desertificación
Las operaciones de Vale afectan la zona ganadera de Illescas, donde la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Cayetano (Ecomusa) agrupa a unas doscientas familias de la comunidad que se dedican a la crianza de vacunos, caprinos, ovinos y porcinos. Vale construyó un camino minero de 31 km por 11 metros de ancho desde la planta concentradora hasta la zona de descarga próxima al puerto. Los camiones bi-tren con capacidad para transportar 70 toneladas de concentrados circulan constantemente por la zona ganadera. Según el resumen ejecutivo del EIA, se estima que los camiones realizan unos 270 viajes diarios, es decir 100,000 viajes anuales. “El comienzo de la explotación de la mina de fosfatos significó la muerte del ganado en Illescas, dentro de poco no quedará un algarrobo en Bayóvar”, dice Augusto Nunura Zeta, presidente de Ecomusa.
Brasil es uno de los principales exportadores de productos agrícolas y líder mundial en café, carnes, azúcar, maíz y soja. Es también el segundo mayor productor y principal exportador de etanol. Brasil debe importar los minerales que demanda alimentar este gigantesco sistema productivo. Las compras de fertilizantes sumaron US$9,1 mil millones en 2013, según estadísticas oficiales difundidas por EFE. Para reducir la dependencia externa, el sector de los fertilizantes se encuentra subsidiado por el Régimen Especial de Incentivo al Desarrollo de Infraestructura de la Industria de Fertilizantes (REIF), implementado por el gobierno de Lula Da Silva en septiembre de 2012.
Tránsito ininterrumpido de camiones de gran porte por la zona ganadera de Ilescas (Luis Manuel Claps).
Áreas desprotegidas
La costa de la bahía de Sechura es una línea permeable, imprecisa. El mar ingresa al continente y luego vuelve a replegarse. El Estuario de Virrilá, las lagunas Ramón y Ñapique y los Manglares de San Pedro, en el cauce inferior del Río Piura, conforman uno de los más importantes albergues de aves acuáticas y migratorias de la costa pacífica sudamericana. Pero solo los Manglares de San Pedro cuentan con reconocimiento formal mediante una declaratoria de Área de Conservación Municipal y como sitio RAMSAR.
Hace unos años, autoridades regionales y locales iniciaron los trámites para que el Ministerio del Ambiente declare a esta zona como área de conservación regional. El Área Comunal Humedales de Virrilá – Ramón y Ñapique comprende una superficie de 53,871 hectáreas en los distritos de Sechura y Cristo Nos Valga. Su valor ecológico es incalculable por los paraderos migratorios y las poblaciones permanentes de aves que alimenta. Dentro del área de conservación propuesta se registraron 115 especies, 21 de ellas provenientes del hemisferio norte.
Sin embargo, según a la Dirección Regional de Energía y Minas los límites del área protegida se superponen con 17 concesiones mineras que ocupan un 82,51% del total. La propietaria de esas concesiones adyacentes a la mina Bayóvar y próximas al estuario de Virrilá es Fosfatos del Pacífico, del Grupo Hochschild, que obtuvo un contrato de constitución de derechos de usufructo y servidumbre otorgado por la Fundación Comunal. Para el Frente de Defensa, se trata de una clara usurpación ya que los terrenos no pertenecen a la fundación. Así lo señalaron en el documento “Observaciones realizadas por el Frente de Defensa de la Comunidad San Martín de Sechura al Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Fosfatos del Pacífico S.A.” presentado al Ministerio de Energía y Minas en octubre de 2013.
Imponente bandada de flamencos en el Estuario de Virrilá (Deza, Tume y Alarcón, 2010).
El proyecto de Fosfatos del Pacífico, en el que participan las multinacionales Mitsubishi de Japón y Zuari de la India, se ubica a unos 10 km al norte de las operaciones de Vale. Los nuevos tajos a cielo abierto duplicarán los impactos ambientales de la gran minería en la Bahía de Sechura. En las concesiones adyacentes la junior canadiense Focus Ventures desarrolla el proyecto Bayóvar 12, con su socio local Juan Paulo Quay. Americas Potash, una joint venture entre la canadiense Americas Petrogas e Indian Farmers Fertiliser Co-Operative Limited (IFFCO) de la India, también opera en terrenos comunales.
Mientras estaba en Lima preparando un informe para la campaña Justiça nos Trilhos, la ciudad fue declarada capital de la literatura por celebrarse la I Bienal de Novela Vargas Llosa. El Grupo Hochschild aportó los fondos para el premio principal. Envié un correo electrónico a Lupo Canterac para preguntarle si el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Fosfatos del Pacífico había sido aprobado. Aparentemente no. Le pregunté qué pensaba sobre el concurso de novela auspiciado por Hochschild y estuvimos de acuerdo en que los estudios de impacto ambiental son el género literario más prolífico del Perú.
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*Luis Manuel Claps es graduado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y trabajó como editor de Mines and Communities.
