Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en “permanente movilización y resistencia” porque consideran que el Gobierno “obvió” sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo el día anterior en Ferreñafe.
Fuente: Servindi
– ¿Se puede dialogar con alguien que no te escucha y que no coloca en acta lo que pides con insistencia?
Tras los enfrentamientos entre la policía y los campesinos en el marco del paro contra el proyecto minero Cañariaco de la canadiense Candente Cooper, el gobierno promovió las tradicionales “mesas de diálogo” entre representantes del Estado, los gobiernos locales y las autoridades comunales.
La segunda reunión se llevó a cabo el sábado dos de febrero pero los funcionarios del gobierno se opusieron a debatir y colocar en el acta el principal pedido comunal: el rechazo al proyecto Cañariaco y el retiro de la empresa candente Cooper.
Ante la negativa oficial a los representantes de la parte comunal no les quedó otra opción que negarse a firmar el acta. “Yo no firmo pero no me corro” dijo Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la Comunidad San Juan de Cañaris.
Al día siguiente, en una asamblea realizada el domingo 3 en Chiclayo, los representantes comunales de la zona en conflicto acordaron declararse en estado de “movilización permanente” y exigir el retiro de los efectivos policiales de la zona, así como el respeto a la consulta popular del 30 de septiembre de 2012 donde se hizo expreso el mayoritario rechazo a la minera.
La mesa de “diálogo” que no escucha
La mesa de diálogo instalada el 2 de febrero en la municipalidad de Ferreñafe estuvo conformada representantes del Ministerio de Energía y Minas, Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros funcionarios.
Por la población de Cañaris estuvieron Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la comunidad, y Rosa Sara Huamán Rinza, como miembros titulares y José Gaspar Lucero como miembro suplente, acompañados de los regidores de la Municipalidad de Cañaris Hilario Rodríguez y Germán Lucero, entre otros.
La mesa tuvo como propuesta final conformar dos subgrupos de trabajo: Uno para el tema de minero y ambiental; y el otro para el tema de desarrollo social sostenible.
Se anunció también que estará disponible un paquete de 100 millones de soles para cubrir las demandas de la población.
Antes del cierre de la mesa, el presidente de la comunidad de Cañaris, Cristobal Barrios solicitó tratar el problema minero de manera urgente ya que ésta es la principal preocupación de la población. Pero su pedido fue rechazado por Vladimiro Huaroc arguyendo que no se había solicitado tratar el tema como punto de la mesa.
Ante la negativa de abordar el conflicto minero y el rechazo de la contraparte a sus pedidos de suspender el proyecto Cañariaco y de presentar el acta de una cuestionada “asamblea” que autorizó a la minera proseguir con sus operaciones, Barrios rechazó firmar el acta de la mesa de diálogo.
“En el acta no está el pedido de paralización del proyecto minero. Por esta razón mi persona no va a firmar. También he pedido un acta del día ocho de julio donde también debería estar incluido mi pedido, y tampoco está. Por esta razón yo no firmo y no me corro. Estamos siempre dispuestos al diálogo”, afirmó Barrios a la prensa luego de retirarse de la reunión.
Los representantes de Cañaris afirmaron que desde un principio solicitaron tocar el tema del problema minero y que los representantes del Gobierno anunciaron en repetidas ocasiones que irían a resolver la controversia. Pero al mostrar una conducta distinta optaron por retirarse y reunirse con el resto de sus compañeros que se manifestaban a una cuadra del local.
Acuerdo comunal
El domingo 3 de febrero, representantes de las comunidades campesinas de San Juan de Cañaris, San Isidro Labrador de Marayhuaca, José Carlos Mariátegui, San Pablo de Incahuasi, así como de las rondas campesinas y de los frentes de defensa de los bosques húmedos de los distritos de Cañaris, Incahuasi, Salas, Miracosta y Motupe se reunieron en Chiclayo.
Allí se evaluaron las acciones a tomar tras el frustrado intento de diálogo con el Gobierno del día anterior.
En la asamblea, los participantes emitieron un pronunciamiento en el cual se declararon en “permanente movilización y resistencia” pues consideran que los representantes del Gobierno Central y regional de Lambayeque, así como los gobiernos locales que participaron en la mesa de trabajo “obviaron” sus propuestas.
Asimismo, expresaron su desconfianza acerca de las “mesas de diálogo” porque “por experiencia” las autoridades “desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y originarios”, indicaron.
Reafirmaron su exigencia para el retiro inmediato de las fuerzas policiales en sus territorios puesto que la seguridad está garantizada por sus rondas campesinas.
“Exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona”, afirmaron.
Los comuneros indican que la inversión para el desarrollo que propone el Gobierno Central para la zona “no puede condicionar ni confundir” su reclamo ya que es responsabilidad del Estado realizarla.
Igualmente, condenaron la presunta parcialización del Gobierno a favor de las empresas extractivas.
“El monitoreo ambiental están parcializado tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos”, anotaron en el documento.
Los líderes señalaron en el pronunciamiento que su biodiversidad y “vida colectiva” corren “altos riesgos de desaparición e índices de contaminación por la utilización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo”, concluyeron.
Asimismo, los suscritos denunciaron que la empresa promueve “la corrupción de dirigentes y autoridades”, mediante el “chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, indígenas y ronderiles”.
De igual forma, denunciaron que los gobiernos regionales y locales aceptan “diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales” con el Gobierno Central.
Postergan tercera mesa de diálogo
El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Cristóbal Barrios, aseguró ayer que solicitaría al Gobierno la postergación de la tercera mesa de diálogo, programada para el 9 de febrero, porque necesita tiempo para informar a las 45 comunidades el resultado de la anterior mesa de diálogo.
“Vamos a enviar un oficio a la PCM indicando que no participaremos en la siguiente mesa de diálogo mientras la población no determine qué vamos a hacer ante este hecho”, afirmó.
Por su parte, Vladimiro Huaroc anunció en un medio de comunicación que el 16 de febrero se instalarán dos mesas de diálogo: una para analizar el desarrollo de la zona y otra para tratar el problema minero.
De acuerdo al funcionario, en la próxima mesa participarán representantes del Ejecutivo y de la empresa minera Candente Cooper Perú S.A.
Huaroc consideró que la mesa del pasado dos de febrero sirvió para que sectores “radicales” accedan al diálogo.
MANIFIESTO DE LAS COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS DE CAÑARIS, INCAWASI Y SALAS:
PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS, SAN ISIDRO LABRADOR DE MARAYWACA, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN PABLO DE INKAWASI, RONDAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MATEO PENACHI-COLAYA, FRENTES DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HÚMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS, INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE Y RONDAS CAMAPESINAS MANIFESTAMOS:
Nosotros y nosotras, autoridades de las Comunidades Campesinas de las diferentes instituciones y pueblos originarios, indígenas y ronderiles, de San Juan de Cañarís, San Isidro Labrador de Maraywaca, José Carlos Mariátegui, San Pablo de Inkawasi y Rondas Campesinas, de la provincia de Ferreñafe-región Lambayeque, participantes la Mesa de Trabajo por el Desarrollo de Cañaris, realizada el 2 de febrero del 2013, que participamos con el objetivo de analizar y ver el conflicto socio ambiental de nuestros pueblos originarios de acuerdo al Derecho Consuetudinario que nos asiste.
Considerando los impactos de la actividad extractiva minera en la vida colectiva y cultural en nuestros territorios ancestrales, y que habiendo viajado desde nuestros lejanos pueblos hasta Ferreñafe, teniendo como principal motivo manifestar que es necesario que se respete nuestro consentimiento previo, libre e informado, en el marco del Convenio 169 de la OIT, informamos que el pedido alcanzado a los Comisionados del Gobierno Nacional ha sido denegado una vez más, en complicidad con el Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales participantes en la Mesa de Trabajo, que obviaron nuestras propuestas, argumentando que no se han presentado a dicha Mesa nuestros planteamientos de manera formal y que ésta tiene un reglamento y si deseamos lo presentemos en la siguiente reunión para que la subcomisión la considere, para alcanzarlo al pleno de la Mesa, para que allí se decida sobre nuestros derechos indígenas. La experiencia nos demuestra que existen pocas posibilidades de diálogo con autoridades que desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y originarios.
El fundamento de nuestra resistencia indígena, es por la intromisión e invasión en nuestro territorio ancestral de la empresa Minera Candente Copper Corporatión-Cañariaco, la que no cuenta con NUESTRO CONSENTIMIENTO.
Por lo que pedimos al Estado peruano que dicha empresa minera suspenda sus operaciones y se retire definitivamente de nuestros territorios ancestrales, por haber violado nuestros derechos naturales, inherentes y consuetudinarios y que respeten nuestra Consulta Comunal del 30 de septiembre del 2012 reconocidos constitucionalmente en los Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona. A esto elevamos nuestra voz de rechazo ante la persecución de nuestros/as dirigentes y líderes/as comunales y ronderiles. Por otro lado, rechazamos categóricamente los resultados de la Asamblea General del 8 de julio del 2012 realizada por la Minera Candente Popper y sus aliados, reconocida ilegalmente por el gobierno peruano desconociendo el Convenio 169 de la OIT, autorizando a la empresa minera continuar con sus operaciones en nuestro territorio indígena – originario. La inversión para el desarrollo que plantea el Gobierno Central para nuestros pueblos en su responsabilidad como Estado donde está incluido los gobiernos regionales y locales, no puede condicionar ni confundir nuestro reclamo válido al ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios que estamos haciendo en defensa de nuestros territorios por la invasión de un megaproyecto minero transnacional.
El Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales con el pretexto del desarrollo y bonanzas que muchas veces se tejen tras las componendas de la mafia y la corrupción con las transnacionales no puede minimizar y distorsionar nuestra lucha legítima y legal que hemos emprendido como pueblos originarios e indígenas y ronderiles. Es por ello que pedimos a las Autoridades Nacionales, Regionales y Locales a entender y reconocer que somos pueblos culturales y ancestrales existentes desde antes y después de los Mochicas y el Tahuantinsuyo en el norte del Perú, por lo que exigimos que se nos respeten nuestros derechos en el marco Constitucional y en los Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Somos autoridades originarias, comunales y ronderiles que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y derechos como pueblos, a no permitir la subordinación al colonialismo que rompe la estructura genuina y natural de los pueblos originarios. El Perú es un Estado pluricultural y por lo tanto los gobiernos no pueden tener prácticas monistas y anti democráticas en la toma de sus decisiones y de su desenvolvimiento como ESTADO. Los pueblos conocemos los problemas e impactos que genera la industria minera de metales a gran escala en muchas regiones del Perú donde se está dando esta actividad extractiva. Las Empresas transnacionales violan derechos de los pueblos, no cumplen con el marco normativo, no tienen en cuenta el gran costo intergeneracional, cultural y ambiental que sus actividades vienen ocasionando a los pueblos y que el Gobierno tiene la obligación de proteger.
Por lo tanto, nos pronunciamos ante las autoridades políticas, judiciales, económicas, culturales, ambientales, y a la opinión pública nacional e internacional.
1. La imposición por parte del Gobierno Nacional del megaproyecto minero Cañariaco a los pueblos originarios de las Comunidades Campesinas de San Juan de Cañares, San Isidro Labrador de Maraywaca, José Carlos Mariátegui, San pablo de Inkawasi y Rondas Campesinas, está ocasionando que se altere nuestra forma de vida del que estamos acostumbrados los pueblos originarios, indígenas, campesinas y ronderiles. Hoy nuestros pueblos conocen sus derechos, y éstos lo haremos prevalecer legalmente. Queremos que respeten nuestro propio modelo en base a la COSMOVISION DE LOS PUEBLOS que se expresa en las actividades de la agricultura, la ganadería, la relación humana y la naturaleza de buen vivir, en el respeto de la pluriculturalidad de nuestra región Lambayeque.
2. Respeto a los resultados de la Consulta Comunal realizada por la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en el marco del Convenio 169 de la OIT, donde el 97% de los comuneros(as) rechazaron la actividad minera, no otorgando consentimiento a la empresa Cadente Cooper.
3. En lugares donde las empresas operan, no tributan de acuerdo a las enormes ganancias que obtienen en el mercado internacional. hay ejemplos claros, caso Cajamarca 20 años de gran minería sin embargo los pueblos sumergidos a la extrema pobreza, Huancavelica de igual forma, etc… que según los índices en esas regiones hasta incrementaron la pobreza y exclusión, puesto que las actividades mineras compiten con las actividades productivas y económicas de las comunidades y de los pueblos, sobre todo la actividad agropecuaria y turística. Por lo tanto, la minería de metales NO contribuye al desarrollo humano sostenible de las comunidades ronderiles, eso es lo que no quisiéramos en nuestros pueblos.
4. Condenamos que los gobiernos en vez de fiscalizar, sancionar a las mineras, implementen y hagan cumplir los estándares internacionales. El monitoreo ambiental están parcializadas tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos. Por ello, las industrias mineras, generan daños a la salud de los pueblos. En nuestro caso las más de 13.000 hectáreas de bosques naturales que se ubican en las cordilleras alto andinas de nuestros pueblos, recursos hídricos de cabeceras de cuenca, micro cunecas y valles y toda nuestra biodiversidad y vida colectiva, expuestos a los altos riesgos desaparición e índices de contaminación, por la utilización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo.
5. Desde que llegó la transnacional minera a nuestros pueblos, se está produciendo amenazas, hostigamiento y criminalización a nuestros líderes y por nuestra lucha legítima y justa hoy venimos siendo procesados y perseguidos por el Poder Judicial y Ministerio Publico. La Empresa minera en nuestras comunidades esta que promueve la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, Indígenas y ronderiles, aprovechando la débil posición de nuestro Gobierno Regional y locales que firman y aceptan diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales, con el Gobierno Nacional y los grupos de poder económico, desamparando a los pueblos, las empresas implementan medidas de represión, difamación, persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento a los dirigentes o toda persona que no esté de acuerdo con su política. En tal sentido creemos que el lema de la “Responsabilidad Social Empresarial”, se convierte en acciones de “Control y sometimiento social”.
6. Al no ser atendidos y considerados nuestros reclamos por la cual luchamos, por las autoridades nacionales, regional y locales, dentro de la mesa de trabajo, nos declaramos en permanente movilización y resistencia como pueblos originarios hasta ser atendidos. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestro legítimo representante y presidente de la comunidad San Juan de Cañares, Santos Cristóbal Barrios y demás miembros de las comunidades campesinas y ronderiles en mención. Nuestro rechazo a las organizaciones de fachada creadas por la transnacional minera y el gobierno nacional, en las mesas de trabajo que no están amparadas y respaldadas en el marco normativo tal como lo tienen su reconocimiento las Comunidades campesinas, indígenas y ronderiles.
7. Reconocemos el gran apoyo de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Comando Unitario de Lucha de la Región Lambayeque, Marcha Mundial de las Mujeres de la Macroregión Norte Perú, Junta de Regantes Chancay Lambayeque, que, como parte del pueblo acompañan la lucha de nuestros hermanos y hermanas, que creen en otra forma de vida y desarrollo: con justicia para todos, equitativo, sostenible y solidario.
Chiclayo 03 de febrero del 2013.
SANTOS CRISTOBAL BARRIOS CARRILLO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS
ROSA SARA HUAMAN RINZA SECRETARIA DE ASUNTOS FEMENINOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS
NARCISO CALDERON CARLOS PRESIDENTE COCASIL – MARAYHUACA – INCAWASI
PABLO BERNILLA ROQUE SECRETARIO DE ACTAS FRENTE DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HUMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS, INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE.
GERMAN DE LA CRUZ CESPEDES PRESIDENTE DEL COMITÉ ZONAL DE RONDAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MATEO DE PENACHI- COLAYA, DISTRITO DE SALAS
