De Guanajuato la expulsaron dos veces por ser industria altamente tóxica y contaminante, y en La Laguna de Durango las autoridades la reciben con los brazos abiertos; es la mayor productora de uno de los venenos más potentes del mundo, cianuro de sodio, que lo provee a la minería a cielo abierto; fábrica señalada por su alto riesgo para la salud y el medio ambiente: The Chemours Company.
Fuente: El Siglo de Torreón
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Primero la corrieron de Salamanca, Guanajuato, durante el segundo semestre de 2016, donde bajo la razón social The Chemours Company Mexicana S. de R.L. de C.V., prometía invertir mil 600 millones de pesos en la construcción de su planta de cianuro de sodio; pero habitantes de la zona y ambientalistas levantaron fuerte oposición en defensa de su región y aseguraron, con argumentos sólidos, que traería más contaminación a la ciudad, por lo que la solicitud de instalación fue cancelada a pesar de contar con el respaldo del gobernador Miguel Márquez Márquez.
Intentó instalarse de inmediato en otro municipio de Guanajuato, pero le fue peor. Según la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa ingresó el proyecto el 1 de agosto de 2016, a través de la Dirección General de Impacto Ambiental, con número de publicación DGIRA/038/16, para asentarse en San Luis de la Paz.
La intención era la misma. De acuerdo a la Gaceta de Semarnat, el proyecto consistía en “el diseño, preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta química para la producción de cianuro de sodio”.
El documento afirmaba que la planta química del proyecto San Luis -como se le llamó- tendría la capacidad de producir 65 mil toneladas por año de cianuro de sodio. Se desarrollaría dentro de un predio con una superficie de 23.54 hectáreas, de las cuales se emplearían 14 para el desarrollo de la planta.
The Chemours Company, corporación estadounidense con sede en Wilmington, Delaware, creía tenerlo todo, incluso la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos, pero jamás imaginó -como es común en el modus operandi de estas empresas- que en San Luis de la Paz existe una sociedad civil alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus derechos, fuera o incluso en contra de los órganos estatales, sobre todo cuando es consciente del peligro que corre como potencial receptora de los daños y perjuicios que acarrea una planta de cianuro de sodio, como la proyectada, próxima a las comunidades y a las fuentes de vida.
La sociedad civil de San Luis de la Paz, dinamizada por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, desplegó un amplio repertorio de acciones colectivas en contra de la instalación de la fábrica de Chemours Company por considerarla de alto riesgo para su comunidad.
La industria minera utiliza el cianuro de sodio en los procesos de lixiviación de metales preciosos extraídos con la técnica “a cielo abierto”, pero el cianuro es tóxico para animales, plantas y seres humanos -reitera el Centro Pro de Derechos Humanos; “tiene fuertes afectaciones ambientales y a la salud, además produce anomalías desde dosis muy bajas; en las plantas interfiere en la fotosíntesis, y en organismos de metabolismo lento, como muchas plantas de los desiertos, implica fuertes afectaciones en su desarrollo y menor velocidad de recuperación”, “los animales pueden absorber el cianuro por la piel, ingerirlo o inhalarlo. Los más sensibles son los acuáticos y las aves. En dosis altas puede causar daños al cerebro y corazón, coma y muerte en animales y seres humanos. En dosis menores producen efectos crónicos como dolores de cabeza, debilidad, náuseas, dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, alteraciones en la sangre y la tiroides.”
La ciudadanía de San Luis de la Paz expulsó a The Chemours Company el 5 de junio pasado cuando la empresa no pudo cumplir el procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales para instalar su “Proyecto San Luis”.
Pero veinte días después, el 24 de junio, The Chemours Company apareció en tierras del Ejido El 7, de Gómez Palacio, Durango, donde pretende construir su fábrica de cianuro de sodio sin que las autoridades federales, estatales y municipales hayan transparentado el proyecto, los permisos de instalación, la consulta a la población ni los estudios de impacto ambiental que establecen las leyes mexicanas y los tratados internacionales.
