El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Región Noroeste denunció los intentos por establecer en San Juanico una mina submarina de fosfato autorizada por la Secretaría de Economía que no presentó su Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT. Tras advertir que en el proceso de dragado pueden filtrarse en el agua metales peligrosos, los denunciantes señalaron que la afectación puede llegar a plantas marinas, algas, zooplancton, peces, moluscos, mamíferos marinos, tortugas, aves y seres humanos.
Fuente: Peninsular Digital
Se trata de la compañía Exploraciones Oceánicas, S.de R.L de registrada para operar en la bahía de San Juanico en el municipio de Comondú, con un permiso de la SE con vigencia del 28 de junio de 2102 al 27 de junio de 2062.
El desarrollo del proyecto minero implica –señalan los denunciantes—el uso de buques de dragado que removerán hasta 3 metros de fondo marino de una superficie de 268 mil 328 hectáreas, para la explotación de fosfato, para reintegrar el resto al océano sin ninguna maniobra de mitigación.
Representantes de sectores académicos, empresariales, no gubernamentales y sociales como Sara Cecilia Díaz, Rafael Ríosmena, Jorge Antonio Tinoco, Melanie Torres o Aurora Breceda, pertenecientes al Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Región Noroeste, consultores de la SEMARNAT en una carta dirigida al Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, denunciaron el intento por establecer la mina submarina en el municipio de Comondú.
En su misiva, los integrantes del consejo Consultivo informan al Procurador del Medio Ambiente que los pescadores de Puerto Chale ya habían observado una embarcación de Exploraciones Oceánicas operando a 80 millas de la costa de diciembre del 2012 a marzo del 2013. Posteriormente la compañía les comunicó que estaría trabajando en la zona.
Los hombres del mar encontraron delfines y lobos marinos muertos, sin que hasta la fecha PROFEPA haya realizado estudios para determinar la causa de la mortandad de los mamíferos marinos, que en el caso de cetáceos consistiría en un análisis del oído interno para ver si murieron por prospecciones sísmicas, producto del monitoreo de la compañía minera.
Los Consultores explicaron que el dragado de fosfato no se ha autorizado a nivel internacional “debido a las catastróficas consecuencias ambientales y económicas” y nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo, pues afecta a los ecosistemas marinos además de los sectores turístico, pesquero y social.
“El fosfato está asociado a metales pesados como el cadmio, plomo, cromo, níquel y manganeso, además con el uranio, material radioactivo que puede causar cáncer”, advirtieron.
Tras advertir que en el proceso de dragado pueden filtrarse en el agua metales peligrosos, los denunciantes señalaron que la afectación puede llegar a plantas marinas, algas, zooplancton, peces, moluscos, mamíferos marinos, tortugas, aves y seres humanos.
En síntesis, la carta explica al titular de PROFEPA la afectación al entorno natural, así como el grave riesgo de contaminación que acarrearía la operación de la citada mina submarina de fosfatos, con el consecuente y aun no evaluado daño al sector turístico y pesquera de la zona por lo que piden la intervención de la dependencia para detener las actividades de la compañía Exploraciones Oceánicas hasta la presentación de una MIA y el sometimiento a una evaluación por parte de organizaciones independientes para demostrar que la propuesta empresarial es ambientalmente segura.
