La misión civil de observación “Justicia para San José del Progreso” se pronunció por la cancelación del proyecto minero “San José” y la salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán.
Fuente: Proceso
De igual forma, demandó la reparación de los daños sociales, ambientales y culturales ocasionados por la operación de la filial de la empresa canadiense Fortuna Silver.
En su informe preliminar la misión civil concluyó que el proyecto de la mina Cuzcatlán “fue impuesto a la fuerza (sic), sin consulta; que prevalece un clima de hostigamiento y violencia contra opositores a la minera canadiense; que predomina un trato discriminatorio del sistema de salud y existe opacidad en el manejo de los recursos por parte de las autoridades municipales y estatales”.
Respecto al avance de las investigaciones por los cuatro asesinatos y más de 15 heridos que ha dejado el conflicto por la presencia de la minera Cuzcatlán, la misión se quejó de que la Procuraduría General de Justicia del estado se negó a recibir a sus representantes.
Al terminar recorrido de los municipios y comunidades del Valle de Ocotlán afectados por la explotación minera, los integrantes de 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales constataron “la existencia de un clima de inseguridad, temor y fuerte división en San José del Progreso”.
La presencia de la empresa Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver, no solo rompió del tejido social comunitario, sino el de las propias familias, relataron.
Después de haberse entrevistado con personas que están a favor y en contra de la minera Cuzcatlán, la misión civil de observación concluyó un recorrido que realizó del 19 al 21 de noviembre.
En su informe preliminar, detalló que según testimonios de las personas entrevistadas por la misión, existe una fuerte relación entre la compañía minera y las autoridades municipales, quienes han comprado los intereses de mucha gente a través de apoyos económicos, en especie y programas sociales.
Resaltaron que el mismo presidente Alberto Mauro Sánchez informó que la empresa minera ha entregado 13 millones de pesos durante 2011-2012, en obras a la comunidad de San José del Progreso, pero la ciudadanía desconoce el manejo de dichos recursos.
Los entrevistados recordaron que la Secretaría de Economía entregó la concesión minera por 50 años. Sin embargo, todos los testimonios proporcionados por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y autoridades involucradas en la problemática, afirman que la empresa minera se estableció sin la consulta de la asamblea general de San José del Progreso.
Por consiguiente consideran que la empresa no obtuvo el consentimiento para la instalación del proyecto en dicha comunidad, razón por la cual denuncian que fue impuesta por los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, las mujeres opositoras a la empresa minera denunciaron la falta de atención por parte del Comité de Oportunidades y se quejaron que, incluso, a niños les han negado el servicio de salud.
Además, han llegado al grado de expulsarlas de la Casa de Salud Comunitaria, por no cooperar para su construcción.
Lo que observaron en San José del Progreso y otras comunidades es que existe una fuerte división interna que se refleja en los ámbitos religiosos, políticos, culturales y sociales. Un ejemplo de esta tensión diaria fue la actitud prepotente del presidente municipal de San José, que intimidó a la misión de observación, en el segundo día de actividades.
Finalmente exigieron al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca que garantice las condiciones para un proceso transparente y democrático de elecciones de autoridades municipales, en el cual la empresa minera no pueda involucrarse.
