Haciendo uso de su autodeterminación tres municipios de la zona norte de Honduras han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista, al declararse “territorios libre de explotación minera”. Esto ha demostrado la sabiduría de los pueblos que defienden la dignidad humana y la madre naturaleza amenazada por megaproyectos mineros e hidroeléctricos considerados peligrosos para la vida en general.
Fuente: Radio Progreso
Bajo los candentes rayos del sol y el exquisito aroma a café, en las calles de San Nicolás, Santa Bárbara, en marco del día del ambiente; estudiantes, maestros, campesinos, hombres y mujeres a una sola voz en un acto público que concluyó con diferentes actos cívicos bajo la sombra de un centenario árbol de Anacahuite, decretaron vía acuerdo municipal “municipio verde libre de explotación minera”.
“Desde este árbol de Anacahuite representativo de la población de este municipio, asumimos un compromiso y un gran reto de cuidar y proteger todos nuestros recursos naturales que nos dan vida, espero que ustedes como pueblo sigan con esta misma misión”, indicó a la ciudadanía presente la alcaldesa Carmen Paz, quien llama a su administración; Gobierno Municipal del Poder Popular.
Gerson Medina, coordinador Comisión Municipal de la Juventud, indicó que este proceso estuvo alentado por la juventud quienes han realizado un gran trabajo de concientización en las diferentes aldeas, caseríos y el casco urbano.
Balfate, municipio del departamento de Colón, situado en la zona de la desembocadura del río Balfate con el Mar Caribe, esta semana también fue declarado territorio libre de minera. El primer municipio en hacerlo fue El Negrito, Yoro, a finales del mes de marzo del 2014 quienes además aprobaron una veda forestal por 10 años.
La lucha comunitaria avanza
El movimiento en defensa de la naturaleza y creación de nuevas fortalezas comunitarias contra el desarrollo depredador cada vez avanza más en el país. Las comunidades a lo largo y ancho del país se han levantado contra los proyectos hidroeléctricos y mineros.
En Atlántida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), y los pobladores de las 16 comunidades del sector Florida, municipio de Tela, lucharon en contra de las pretensiones la Empresa La Victoria, de explotar una mina de hierro “a como dé lugar”; el conflicto es manifiesto y aunque el alcalde de Tela y la Policía han arremetido en contra de las comunidades, éstas no se rinden y han alejado a estos mineros de la zona.
Esta lucha la libra también la población de los municipios: la Másica, Esparta y Arizona, aglutinados en el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), quienes se oponen a la instalación de más de 5 proyectos hidroeléctricos que en base a fuerza y contra la voluntad de las comunidades se pretenden instalar.
En Ocotepeque: el Área Protegida Reserva Natural del Guisayote está amenazada por los mineros y las comunidades se organizan para repelerlos. En Gualaco, Olancho, el Parque Nacional Montaña Botadero tiene dictámenes favorables para que se explote una mina de hierro; mientras, el instituto responsable de conservar las Áreas Protegidas y la vida silvestre se pronuncia a favor de que dichas áreas sean destruidas por la minería; en contraste, el director de USAID-Proparque, Christopher Seeley, advierte sobre el desequilibrio entre conservación y desarrollo económico como posible causa de graves impactos al ambiente que pueden generar conflictos.
En Santa Rosa de Copán, en la Mina de San Andrés se han extremado las medidas de control por parte de la empresa y se presume que van a explotar ahora el Nuevo San Andrés. La comunidad de Azacualpa sería la segunda comunidad en ser desplazada por la minería.
En Río Blanco, Intibucá: el pueblo indígena lenca lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que se quiere construir en el río Gualcarque y contra la minería que se sospecha viene con ella. Los inversionistas de la represa son un banquero deportista de Tegucigalpa y una transnacional China, (DESA/SINO HIDRO).
Más de 22 proyectos mineros aprobados
El coordinador de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, señaló que en la actualidad existen más de 200 minas que ya cuentan con el permiso de explotación en el país, aunque las autoridades del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), no quiere publicarlas.
“Son proyectos mineros que ya están en la fase de pre explotación, aunque hay muchas que ya están en explotación de manera ilegal, una es en la zona de Copán, Corpus, Choluteca; El Níspero, Santa Bárbara y otras”, indicó.
Se suman las que están por iniciar en la zona del valle de Siria, en el sector de El Porvenir, Francisco Morazán, “y son dos las que ha autorizado Ingeomin”, apuntó.
Después de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, este rubro ha cobrado mayor fuerza, pues en este momento se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera según el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
Las comunidades de los sectores donde se pretende realizar la explotación minera, sin las medidas amigables con el medio ambiente y el debido proceso de permiso con el gobierno y las comunidades, ya anunciaron que no lo van a permitir.
“Lo que se quiere es evitar que sigan los enfrentamientos entre pobladores y las empresas mineras, que en lo que va del año ya que se han registrado 11 muertes por enfrentamientos, asimismo son más de 60 los pobladores con proceso judiciales en todo el país”, detalló Pedro Landa.
