Una delegación de las comunidades guatemaltecas que se oponen al proyecto de la mina El Escobal, de la empresa canadiense Tahoe Resources, emprendió una gira por Canadá para denunciar “las violaciones a los derechos humanos” de que acusan a la compañía.
Fuente: EFE
La delegación, compuesta por Oscar Morales, coordinador del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores; Celeste Gutiérrez, del Comité Diocesano en Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa, y el abogado Rafael Maldonado, recorrerá en los próximos días varias localidades canadienses.
La gira está organizada por MiningWatch, una organización dedicada a la vigilancia de las actividades del sector minero en países en desarrollo, en colaboración con otras organizaciones canadienses sin ánimo de lucro como Kairos.
Jen Moore, coordinadora del programa en Latinoamérica de MiningWatch, dijo que el objetivo de la gira es que “los canadienses escuchen de forma directa a las personas afectadas por las operaciones de Tahoe Resources en Guatemala”.
“En este último año hemos visto una serie de eventos violentos y grave represión en contra de las manifestaciones pacíficas de los pueblos afectados en San Rafael de las Flores y las municipalidades de los alrededores”, añadió Moore.
“Es una oportunidad para que el pueblo canadiense escuche los testimonios de los pobladores de la zona y que entiendan los graves problemas legales que tiene la empresa en Guatemala”, terminó señalando.
Antecedentes
La mina El Escobal y las acciones de Tahoe Resources han sido el centro de graves incidentes, incluido el intento de asesinato de siete líderes comunitarios opuestos al proyecto minero y la declaración del estado de sitio por parte del Gobierno guatemalteco en mayo de 2013 en la región por la intensidad de las protestas.
El exjefe de seguridad de El Escobal, Alberto Rotondo, se encuentra en la actualidad en prisión preventiva acusado de ordenar en abril de 2013 el asesinato de siete líderes comunitarios que encabezan una protesta contra Tahoe Resources.
Morales declaró que desde que las compañías mineras llegaron a San Rafael Las Flores en 2007 han estado actuando sin la aprobación de las comunidades afectadas y sin proporcionar información, lo que ha galvanizado la oposición al proyecto minero.
“Creemos que no es factible que una industria llegue a imponer un modelo de desarrollo sin consultar a la población. Finalmente es la población la que tiene que decidir qué modelo de desarrollo es el que quiere y qué modelo de desarrollo puede continuar a través del tiempo” , dijo Morales.
“Pero tomando en cuenta el uso racional de los recursos renovables y los no renovables”, añadió.
Por su parte, Celeste Gutiérrez señaló que lo que Tahoe Resources ofrece es “pan para hoy y hambre para mañana” .
“Porque el día de mañana, cuando ellos se vayan, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se quedan los terrenos después de que ellos se vayan? Se quedan eternamente desierto”, explicó Gutiérrez.
“¿Qué van a comer nuestros hijos el día de mañana? Y las enfermedades que generan. Veamos lo de la mina Marlin. Enfermedades de la piel y de los pulmones. Siento que no queremos eso para nuestros hijos. Y por eso nos oponemos y somos pueblos en resistencia. No somos sólo una persona. Somos miles y miles”.
Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal y Ambiental Calas (Calas), dijo que aunque el sistema judicial guatemalteco “es muy dado a casos de corrupción” confía que al final se hará justicia en los casos contra Rotondo y Tahoe Resources.
“Pero creemos que la justicia existe y que en Guatemala se construye paso a paso. En el caso del intento de homicidio de los siete líderes que se manifestaban en contra de la minera de San Rafael, hemos dado pasos importantes” .
“Creemos que hay pruebas suficientes para que Rotondo sea condenado en un juicio digno y público y que las víctimas tengan acceso a la justicia en las cortes guatemaltecas”, declaró.
