La Fiscalía de Guatemala anunció hoy que pidió a un tribunal penal que emita las órdenes de captura para 18 pobladores de las comunidades del departamento de Santa Rosa que se oponen a la instalación de una minera en esa zona, a los que responsabilizan de la detención de 23 agentes de la policía el pasado lunes.
Fuente: La Información
La Fiscalía de Guatemala anunció hoy que pidió a un tribunal penal que emita las órdenes de captura para 18 pobladores de las comunidades del departamento de Santa Rosa que se oponen a la instalación de una minera en esa zona, a los que responsabilizan de la detención de 23 agentes de la policía el pasado lunes.
Un portavoz de la Fiscalía dijo a los periodistas que desde el martes se solicitó a la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, ordenar la captura de 18 vecinos de las comunidades de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, y Laguna El Pito de Jalapa, ambas ubicadas en el este del país.
“Estas 18 personas han sido plenamente identificadas como responsables de haber mantenido secuestrados durante varias horas a 23 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)”, así como de la destrucción de varios vehículos de esa institución, precisó la fuente.
Los señalados, cuyos nombres no fueron dados a conocer, también serán investigados por la muerte de un agente de la PNC ocurrida la noche del pasado lunes en la aldea Laguna El Pito, del departamento de Jalapa.
El agente fallecido, identificado como Eduardo Camacho Orozco, de 40 años de edad, formaba parte del contingente de policías que fueron enviados a la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, para redoblar las medidas de seguridad luego de un confuso incidente registrado el pasado domingo en donde seis vecinos fueron heridos de bala.
El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo el martes que los vecinos que se oponen a las operaciones de la mina, además de agredir y retener a los 23 agentes de la PNC, también los despojaron de sus armas de fuego.
A pesar del rechazo de los pobladores, el Gobierno autorizó hace dos semanas a la mina San Rafael iniciar un proyecto de explotación de “minado subterráneo” para extraer plata, lo cual ha generado protestas de los vecinos.
El pasado 12 de enero, dos agentes de seguridad privada murieron y siete personas más sufrieron heridas de gravedad durante un confuso incidente registrado cuando supuestos pobladores ingresaron a las instalaciones de esa minera y emboscaron a un grupo de empleados y agentes de seguridad.
