El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) junto con otros gremios relacionados con la minería pidieron a la Corte Constitucional (CC) que rechace las solicitudes de consulta popular que han planteado activistas de Azuay para evitar la explotación minera.
El director ejecutivo del gremio, Roberto Aspiazu, explicó que hay alrededor de 800 concesiones mineras en el país, por lo que “son motivo de preocupación” los pedidos de consulta que piden la prohibición de la explotación.
Por ello han planteado un recurso de amicus curiae (amigos de la Corte) ante la institución para que “desestime las preguntas, porque no guardan relación con la prescripción constitucional. Son sesgadas y deben ser rechazadas”, enfatizó Aspiazu.
David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, ejemplificó que proyectos como Fruta del Norte han generado $ 165 millones en regalías para el Estado y que en Zamora Chinchipe, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registró que el 77 % de impuestos proviene de la actividad minera.
Es así que exhortan a la CC a rechazar las solicitudes.
“Pedimos también al Gobierno que garantice la seguridad jurídica para las inversiones. No caben consultas locales”, expresó Larenas.
Al momento, la Corte debate un pedido de consulta popular planteado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, en la que se plantea que se “cancelen las concesiones mineras otorgadas con anterioridad a esta consulta”. El funcionario aún espera la respuesta.
Meses atrás, la CC negó a Pérez otro pedido similar de consulta para Azuay porque –según la resolución– no se garantizaba la libertad del electorado.
Fuente: El Universo
