El retiro de dos testigos que faltan, propuestos por la empresa minera canadiense Infinito Gold, sumado a la “aparición” de una nueva parte del expediente no aportado por la Procuraduría General de la República (PGR), vislumbra vientos favorables para la causa ambientalista en el juicio que se sigue en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Fuente: diario El País
02/11/2010. Tras el retiro de dos testigos, la parte accionante (ambientalistas), rechazó la propuesta de los abogados de la minera de oro a cielo abierto, lo que fue respaldado por el TCA, que mantuvo la convocatoria para este martes y miércoles con el fin de que rindan testimonio y tener más elementos para mejor resolver.
La oposición de los abogados de la transnacional canadiense a la decisión del Tribunal, y a la amenaza de ellos de presentar una contraprueba de lo que declaren esos testigos, les valió una solemne regañada del Juez que preside, quien increpó al litigante Sergio Ávila sobre el posible miedo que tenían a que dos testigos presentados por la misma empresa dieran testimonio.
Para este martes deberá rendir testimonio Cynthia Cavallini, abogada directora del Registro Minero, de la Dirección de Geología y Minas, y para el miércoles, la socióloga de la empresa, Sonia Gómez, quien hablará sobre estudios que elaboró, relacionados con los supuestos impactos positivos de la minera en las poblaciones aledañas al proyecto.
Por otra parte, el abogado Mauricio Castro, de la PGR, aportó un grupo de 28 folios que hacían falta al expediente, y cuando fue cuestionado por los jueces por qué esa información estaba oculta, no supo explicar con claridad sobre la omisión de esa documentación, a pesar de que tenía nueve años de estar certificada en archivos.
El mismo consta de estudios y mapas de los expedientes de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
La omisión de entregar esa parte del expediente fue considerado por el presidente del Tribunal, Eduardo González, como falta grave, mientras que el abogado ambientalista Bernal Gamboa solicitó la inclusión de esos folios, pero que se tomen las medidas correctivas que señala la Ley en estos casos.
En Las Crucitas de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, la transnacional canadiense pretende construir un proyecto minero de oro a cielo abierto, y mantiene el respaldo del Gobierno y sus abogados.
En el TCA dos organizaciones ambientalistas, Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), y la Asociación Preservacionista de la Flora y Fauna (APREFLOFAS), cuestionan permisos para construir el proyecto y un decreto, emitido por el ex presidente Oscar Arias Sánchez, quien declaró esa mina de oro a cielo abierto de Interés Público y Conveniencia Nacional.
Inquietudes
De acuerdo con el abogado ambientalista, Álvaro Sagot Rodríguez, existen cuestionamientos sobre el tema de la desaparición de un camino público, propiedad demanial del Estado, para convertirlo en “servidumbre minera”, a cambio de otro que construyó la empresa.
Un expediente de Tributación Directa, regional de la provincia de Alajuela, fue aportado por los ambientales, después de que la PGR y Geología y Minas, dependencia del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), lo ocultaron y no lo incluyeron en la documentación que conoce el Tribunal Contencioso Administrativo.
Dicho Tribunal lo aceptó para mejor resolver, pero lo puede rechazar o acoger en sentencia, según la normativa legal, lo que observadores consideran imposible que no sea tomado en cuenta.
Según la Constitución Política, un bien demanial no puede ser desafectado, si no es por medio de una Ley; esto es, en la Asamblea Legislativa. En el sitio está prevista la construcción de la laguna de relaves.
En la declaración rendida este lunes por el Director de Geología y Minas, Francisco Castro, reconoció que él no es abogado, es geólogo, y no conocía esa situación, aunque defendió en varias ocasiones el accionar de la empresa minera, y dio a entender que la servidumbre minera podría servir para el paso de camiones o tuberías.
Al final, reconoció que como Director, en funciones administrativas, firmaba documentos que le entregaban los profesionales de su oficina.
Por otro lado, Castro aseguró que la concesión otorgada por su Departamento a la empresa incluye un territorio de diez kilómetros cuadrados, que afecta además de los cerros Botija y Fortuna, sus similares Crucitas y Fuentes.
Además, señaló que en la tramitación del caso existen diferencias, entre lo recomendado por Geología y Minas y los permisos aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Tras la declaración de Castro, que aumentó las dudas en torno al caso Las Crucitas, el abogado minero Sergio Ávila informó al Tribunal que su representada retiraba los dos testigos que faltan, pero la propuesta fue rechazada por el Tribunal, ya que existen algunos temas para aclarar.
