En esta 4 Marcha Carnaval en la que confluyeron líderes sociales de la región y del país, es justo resaltar el surgimiento desde la tierra de los pijaos de un proceso de orden nacional que se propone detener la implementación de los proyectos mineros a cielo abierto, la minería contaminante de suelos, aguas y aire, exigir el derecho de consulta popular de todos los sectores sociales frente a cualquier tipo de megaproyectos que afecten la vida de las comunidades.
“DECLARATORIA CUARTA MARCHA CARNAVAL”
Se fortalece la construcción de un proceso amplio, transparente y raizal en la lucha por el agua, la vida y la soberanía.
Por Comité Ambiental en Defensa de la Vida+
El país y particularmente el gran Tolima, atraviesa una grave crisis ambiental, económica, política y social que ha prendido las alarmas de diferentes instituciones sociales, académicas, ambientales y de ciudadanos con alta sensibilidad ambiental y con arraigo a éste territorio, que constatamos cada día la expulsión y empobrecimiento de cientos de familias, la entrega de nuestras riquezas naturales y la campante injerencia de grandes poderes económicos que inciden en el Estado para el beneficio de sus intereses particulares avasallando el interés general de los colombianos.
La actual planeación y ordenamiento de nuestros territorios contribuye a degradar la base natural y los bienes comunes como lo son los ríos, las cordilleras, los páramos, los valles interandinos, los mares, las selvas y también la capacidad productiva local, regional y nacional. Nuestros gobernantes establecen alianzas a favor de las empresas multinacionales y desconocen el derecho legítimo de las comunidades a decidir sobre el presente y futuro de sus territorios y también a favor de los derechos de la naturaleza. Sin un modelo de desarrollo que defienda y proteja estos bienes comunes, no es posible la vida digna de las comunidades ni será posible defender el patrimonio natural para que las generaciones venideras puedan ejercer el derecho a la vida.
El Gobierno colombiano, sin consultar al pueblo, sin respetar las condiciones de gran vulnerabilidad y biodiversidad del país y sin el consentimiento de las comunidades que tienen asiento histórico en Ibagué – Colombia – Universidad – El Mundo – Octubre 24 de 2012 determinadas regiones de Colombia, ha decidido convertir el país en un país de producción minero-energética con el objeto de entregar nuestras riquezas naturales a las transnacionales y beneficiar a una reducidísima élite global.
Este modelo minero-energético en todos los casos en Colombia no es sostenible, no es de producción limpia y menos aún responsable. Por el contrario es una actividad económica que genera severos y negativos impactos sociales, económicos y ambientales que han significado y significarán enormes costos y pasivos ambientales para los territorios, las comunidades locales y el Estado.
Los conflictos socio ambientales que se han venido gestando y manifestando desde hace más de una década en el país, hoy se intensifican y hablan de una verdad que el gobierno no quiere oír y que son la respuesta organizada desde las comunidades y los pueblos que van a ser directamente afectados en sus derechos, supervivencia y dignidad a un modelo de desarrollo encarnado en las locomotoras de la Prosperidad Democrática que ahonda los riesgos de un desastre ambiental y amenaza el derecho a la vida.
Como respuesta se evidencia una costosa y agresiva militarización en contra de las comunidades y personas que defendemos derechos humanos, sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales; la violación de la soberanía territorial de los pueblos y de las comunidades; la sobreexplotación y pauperización de las comunidades y trabajadores; la degradación del entorno ambiental, el incremento de la corrupción, el deterioro de los procesos de participación y decisión de las comunidades de base en la vida del país.
En medio de la esperanza de cierre del conflicto armado, preocupa el camino del gobierno frente a la paz que piden las comunidades y pueblos, que no es otra que el del respeto por los recursos naturales, el desarrollo de políticas que respeten el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de los bienes comunes y las garantías para ejercer el derecho a decidir el rumbo de nuestros territorios y nuestro país.
En esta 4 Marcha Carnaval en la que confluyeron líderes sociales de la región y del país, que sesionaron en las instalaciones de la Universidad del Tolima los días anteriores en el marco del II Foro Regional Socio-Ambiental del Tolima y el I Congreso Departamental Agrario, es justo resaltar el surgimiento desde la tierra de los pijaos de un proceso de orden nacional que se propone detener la implementación de los proyectos mineros a cielo abierto, la minería contaminante de suelos, aguas 
y aire, exigir el derecho de consulta popular de todos los sectores sociales frente a cualquier tipo de megaproyectos que afecten la vida de las comunidades. En el avance de este lineamiento de carácter social y colectivo, hemos creado un proceso de articulación nacional de afectados por la Anglogold Ashanti, cuyo objetivo es expulsar de nuestros territorios a estos ecocidas y defender la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional.
Invitamos a todas y todos los colombianos comprometidos con el país a participar de éste proceso, el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida es un escenario abierto en el que confluyen y deberán confluir los hombres, mujeres, jóvenes, niños, y ciudadanos que sentimos como propias la riqueza de un país que hoy se ve amenazado por la voracidad de los grandes negocios minero-energéticos que han dejado en cientos de lugares del planeta: desolación, pobreza, desertificación e incluso guerras.
