La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un recurso de protección presentada por cinco comunidades diaguitas del Valle del Huasco, en contra del proyecto minero Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold. La acción se sustenta en los antecedentes que demuestran la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera, y la contaminaciónde los recursos hídricos, debido al depósito de estériles sin que se encuentre operativa la planta de drenajes de ácidos de roca que lo impediría.
Fuente: Radio Universidad de Chile
El recurso es patrocinado por el abogado, Lorenzo Soto, quien ha participado en diversos litigios medioambientales, como los casos de Licancén, HidroAysén, El Morro y Bocamina.
Sin embargo, según el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, existen ciertos resquemores en contra del jurista y las verdaderas intenciones del recurso interpuesto.
“Acá hay una serie de otros aspectos que tienen que ver con el bien común, con los bienes de la naturaleza, con los problemas del agua, de los glaciares, que están involucrados en el caso de Pascua Lama y que no están considerados a la hora de levantar ellos estas acciones. Se está utilizando las denuncias, la sistematización, el seguimiento que por años ha hecho un montón de organizaciones en el Valle del Huasco con un fin estrictamente económico, para el beneficio solo de algunos, denunció el ambientalista.
Cuenca agregó que las comunidades que presentaron el recurso, no representan a la mayoría de las agrupaciones diaguitas de la zona: “En el último tiempo han surgido una gran cantidad de asociaciones indígenas, que hay que decir también que es una comunidad que está en proceso de recuperar sus orígenes y que hoy solo en la Región de Atacama existe una coordinación de 18 comunidades indígenas, de las cuales 5 están participando en este recurso, porque el grueso de las organizaciones había no decidido participar en esta acción”, acusó.
El abogado Lorenzo Soto, en tanto, explicó que la estrategia que llevará adelante apunta a detener los trabajos, aunque reconoció que en el futuro no se descarta establecer mecanismos de reparación para las comunidades afectadas por el proyecto.
“Eso se verá en su momento, pero esto va a llegar irremediablemente a la Tercera Sala de la Corte Suprema”, la misma que echó a pique el proyecto termoeléctrico Central Castilla, apuntó el abogado.
