Luego de cumplirse un año del rescate minero en Copiapó, surgen reflexiones respecto a los reales cambios que ha realizado el Gobierno en materia de seguridad laboral, toda vez que son 47 los fallecimientos registrados en el último año en el rubro de la minería. Sindicatos exigen al Gobierno ratificar convenios OIT que protegen a mineros.
Fuente: Radio Universidad
13/10/2011. Al margen de la celebración oficial por el primer aniversario del rescate en la mina San José, donde 33 mineros fueron recuperados con vida luego de quedar 69 días atrapados a 700 metros de profundidad, las condiciones inseguras de la faena minera son materia de análisis respecto a cómo se desarrolla la pequeña y mediana minería en nuestro país.
En esta dirección, Enes Zepeda, experto en seguridad minera, quien aseveró que los mineros tenían opciones de vida antes de la llegada del famoso papel de José Ojeda, señaló que la industria minera no ha mejorado, y que la elección de los mineros entre mejores ingresos o seguridad laboral los lleva a actividades de riesgo, de las cuales la autoridad no tiene conocimiento ni menos un sistema para prevenir accidentes.
“En la mina San José sabían que trabajaban en condiciones inseguras, y lo seguían haciendo porque el trabajo que hacían en esas condiciones era mejor remunerado que un trabajo similar, transando dinero por seguridad. Lo que está faltando es que a los organismos fiscalizadores se les provea de recursos para normalizar y sistematizar controles de seguridad en pequeña y mediana minería, allí hay muchas actividades inseguras que aún son desconocidas por la autoridad”, sostuvo Zepeda.
En esta línea, Javier Castillo, dirigente de la Confederación Minera de Chile y presidente de la CUT en Copiapó, señaló que durante el último año la cifra asciende a 47 muertos en accidentes mineros, sin que el Gobierno haya mejorado la fiscalización de seguridad en minas.
Invitado al Radioanálisis, el dirigente recalcó sobre las precarias condiciones de la pequeña minería, las que contrastan con la frágil carga tributaria de grandes empresas, además de otras que se cobijan en la mediana minería para evadir pagos tributarios.
Castillo fue claro e indicó que “jamás quedará al descubierto porque la actual legislación no entra en este ámbito. Mientras no instalemos una política tributaria, mal podremos saber cuáles son los reales capitales de empresas que se declaran medianos mineros para no tributar y obtener beneficios legales, pero muy lejos del minero pirquinero. Nosotros no hablamos de la mediana minería, son un montón de empresas sinvergüenzas que se declaran como mediana minería, que abusan de sus trabajadores, hacen prácticas antisindicales y tienen ganancias millonarias”.
En esta línea, el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Ricardo Calderón, subrayó sobre la urgencia en educar a los mineros, y fiscalizar por evitar condiciones no reguladas donde se exponen a mayores accidentes.
Calderón declaró que “el tema de la seguridad no es un tema negociable, no debiera haber espacios que permitan una vista gorda a condiciones de seguridad o contaminación ambiental que afecten la salud de las personas a cambio de compensaciones económicas. Es lo principal, tenemos mucho que hacer respecto a conciencia y claridad de que estas materias no son transformables en dinero, y lo que se hace cuando se vende salud o seguridad a cambio de dinero”.
Distintos dirigentes gremiales han alzado la voz en torno a la seguridad que exige el trabajo minero. En esta materia, la ratificación del convenio 176 de la OIT es un punto crucial que el Gobierno aún mantiene pendiente, siendo uno de los países con mayor actividad minera e incapaz de sumarse a convenios internacionales.
