El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en conjunto con comunidades del Valle del Huasco y Dora Lucy Arias, abogada colombiana del Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) que encabeza una acción jurídica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Canadá por su accionar en América Latina; entregaron un informe al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el que se sistematizan los impactos de 20 empresas mineras canadienses en el continente, incluida Barrick Gold y el caso Pascua Lama, dando cuenta de patrones de conducta alarmantes, que exigen mayor proactividad de los Estados involucrados.
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Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Una delegación integrada por los abogados Dora Lucy Arias (CAJAR – Colombia), Álvaro Toro y Lucio Cuenca (Abogado y director de OLCA respectivamente), la Comunidad Diaguita Patay Co y la Asamblea por el Agua del Guascoalto, ambas del Valle del Huasco, sostuvo en la tarde del miércoles 20 de agosto una audiencia con Yerko Ljubetic y Dhayana Guzmán en representación de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, para alertar sobre el modo de operar de la megaminería canadiense en Chile y en el resto del continente, entregando un informe preparado por el “Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina”, al que contribuyeron más de 30 organizaciones y que sistematiza la violación de derechos humanos de esta actividad extractiva, desde la mirada de los afectados, dando cuenta de patrones de comportamiento avalados por el Estado y que conducen irreversiblemente a la violación de los derechos humanos de las y los habitantes de los territorios en que se desarrollan los proyectos.
El informe es parte de la documentación que sostiene una acción jurídica inédita presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se articulan 22 casos de 9 países de América Latina, que recurren de manera concertada al sistema interamericano exponiendo el rol del Estado de Canadá, luego de constatar que las denuncias aisladas no han dado resultado, que los estados interpelados por las comunidades actçuan como si estuvieran atados de manos, y que los patrones de violación de derecho de las mineras canadienses en sus territorios no solo son comunes, sino que cuentan con el aval del estado del norte.
Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe, da cuenta de las políticas de engaño de la transnacional canadiense Barrick, de la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola, todas cuestiones que para los habitantes del territorio ameritan la constitución en el lugar de una Misión de Observación del Instituto, solicitud que quedó formalizada en ante la entidad estatal que debe cautelar el respeto de los Derechos Humanos en Chile.
*Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario -CEHPRODEC- (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales -ANAA- (México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú)
