Trelew, Chubut, Argentina – 15/03/07. El Movimiento Antinuclear de Chubut rechaza terminantemente el acuerdo marco de cooperación firmado por las secretarías de minería y medio ambiente y desarrollo sustentable. “La renuncia de la actual Secretaria de Medio Ambiente de la Nación es una exigencia obligada, porque el agua, el aire, la tierra y el futuro, no son negociables.”
Pulsá para leer también En Argentina las secretarías de minería y medio ambiente firman otro acuerdo para el saqueo
Dicho acuerdo, que de sustentable no tiene nada, fue firmado por Jorge Mayoral y Romina Picolotti. Participaron el Consejo Federal Minero, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, la Asociación Obrera Minera Argentina, miembros de la cámara minera y funcionarios de las direcciones de minería de distintas provincias, entre otros. El cónclave fijó un pacto inescrupuloso, aciago, que pretende legalizar la entrega de los bienes comunes con el beneplácito de la autoridad ambiental de la Nación, que a su vez intenta representar y decidir por todas las comunidades castigadas por la explotación minera a tajo abierto y lixiviación con compuestos químicos.
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados es la misma que desmintió la contaminación de Bajo la Alumbrera, que niega la rotura sistemática del mineroducto Catamarca – Tucumán, que desconoce los equipos de retro bombeo que la empresa utiliza para recuperar inútilmente los drenajes ácidos de su dique de colas, montado sobre una mega falla colapsada. Son diputados nacionales asociados con las transnacionales mineras de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y de la región patagónica.
La Secretaría de Minería de la Nación moviliza también al sindicato minero con el cuento de “trabajo para todos”, cuando es sabido que la robótica tecnología minera de las transnacionales sólo recurre a obreros especializados, generalmente pocos y de otras latitudes. Ahora se acuerdan de crear escuelas y técnicos mineros locales, y de enfrentar al gremio obrero con las poblaciones afectadas que luchan contra el despojo, el saqueo del agua, la energía y el impacto ambiental que provocan las mineras.
No es de extrañar que defiendan una legislación que “otorga a las provincias la autoridad de aplicación, en razón del derecho originario que las mismas poseen sobre los recursos naturales”, ya que se trata de territorios ocupados por transnacionales mediante leyes leoninas y tratados binacionales que enajenaron vastas extensiones de nuestros países a ambos lados de la Cordillera.,
La Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picoloti, usurpa términos de la ciencia ambiental intentando avalar la falacia de la actual “actividad minera con el desarrollo equilibrado del país”, expresiones impuestas por las corporaciones mineras, que hablan de autocontrol y capacidad de gestión con normas ecológicas internacionales que en realidad sentencian la destrucción de los glaciares de alta montaña, inutilizan vegas y cuerpos de hielo, secan nacientes de agua y consumen volúmenes de líquidos convertidos luego en vertientes ácidas. Su discurso pendular, a través del eufemístico Marco Normativo Ambiental Minero, ofende a las comunidades diezmadas por un tipo de explotación que las empuja a cruel diáspora, y las obliga a abandonar sus cultivos, su forma de vida y cultura ancestrales. La autoridad de aplicación que fija estas normativas es la misma que venía funcionando, la que evalúa el Informe de Impacto Ambiental (IIA) y lo aprueba mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DII), que en definitiva es firmado por el gobernador de turno, sujeto absolutista que niega audiencias ambientales para la minería y prohíbe las consultas populares.
La renuncia de la actual Secretaria de Medio Ambiente de la Nación es una exigencia obligada, porque el agua, el aire, la tierra y el futuro, no son negociables. Para los fines, es en vano pedir la renuncia de Jorge Mayoral y la del ministro de planeamiento. Ambos aplican el discurso presidencial y firman palabras que desconocen con tal de que les permitan operar con el sistema extractivo pactado para el saqueo, (“mediante la ejecución de acciones conjuntas que –respetando la responsabilidad primaria- de cada una en la materia, contribuyan al desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente sostenible”). ¿Se entiende? Son palabras vacías con la finalidad de pedirle a la secretaria de medio ambiente que no abra la boca y la tal señora, propietaria de la ONG CEDHA, firmó el engendro y por las dudas lo explica: “Este es el resultado que demuestra que se puede trabajar en conjunto entre las dos áreas de gobierno y es el primer paso hacia un camino de colaboración”. Antes, las pasteras de celulosa; ahora, las transnacionales mineras. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué descarada entrega de nuestras luchas! ¿Olvidará acaso Romina Picolotti que el puesto efímero que ejerce la conducirá al ostracismo y al repudio popular?
Javier Rodríguez Pardo
MACH SEPA RENACE
Unión de Asambleas Ciudadanas
Trelew, 15 de marzo de 2007
