Los empresarios mineros de Argentina están creando una organización que impulse el diálogo con los detractores de la minería, en un país donde siete provincias restringen la actividad. “Necesitamos un Estado fuerte y un organismo de control que le dé al gobernador de cada provincia y a las personas que no estén de acuerdo o que tienen el temor de lo que pueda pasar con la minería, de que esto se va a hacer de la mejor manera”, señalaron desde la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM).
Fuente: Reuters y LU 20 Radio Chubut
“Tenemos un fuerte condicionamiento de la sociedad por la imagen que la sociedad tiene de la minería”, dijo Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM, en una entrevista con Reuters.
En la actualidad, siete provincias de Argentina restringen la actividad minera, en especial la modalidad de explotación a cielo abierto y el uso de cianuro.
“Necesitamos un Estado fuerte y un organismo de control que le dé al gobernador (de cada provincia) y a las personas que no estén de acuerdo o que tienen el temor de lo que pueda pasar con la minería (confianza) de que esto se va a hacer de la mejor manera”, señaló Álvarez.
El organismo, que está en construcción y podría comenzar a funcionar a fines de este año, estará conformado por universidades locales, centros tecnológicos y una entidad internacional a fin de hacer un seguimiento de la actividad.
“Esto reforzaría la tarea de control que hace la policía minera o de otros organismos estatales que hacen su trabajo pero que por ahí la gente no cree en su objetividad” deslizó Alvarez.
Reconoció que existe un gran problema de comunicación sobre todo hacia los más jóvenes y reprochó que en los libros de las escuelas primarias aún se proyecte a la actividad minera como contaminante.
Álvarez dijo que los 20.000 millones de dólares previstos en inversiones en los próximos cinco años incluyen proyectos nuevos, otros que estaban parados e iniciativas en provincias donde la minería metálica está restringida.
En Chubut, en la Patagonia, se encuentra el proyecto Navidad de Pan American Silver que está frenado por la legislación local y que, en caso de ser reactivado, necesitaría inversiones por entre 1.000 millones y 1.500 millones de dólares.
“Ese potencial está ahí y el compromiso de las inversiones y de las empresas mineras está en poner esos recursos y en desarrollar esos proyectos, pero necesitamos también avanzar en unas decisiones que son importantes”, dijo.
Álvarez ve una posibilidad de revertir la animosidad de algunas provincias hacia la minería.
“Empiezo a ver que sí (hay un cambio de actitud), al menos hay espacio para el diálogo y eso es el puntapié inicial más importante. De todas maneras en algunos lugares o en algunas instituciones a lo mejor todavía no está la apertura, pero creo que de a poco lo podemos ir logrando”, señaló.
