San Juan Sacatepéquez, Guatemala – 09/07/08. El 6 de julio de 2008 concluyó el estado de Prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez. El Ministerio de Gobernación dejó un contingente de cien policías y cien soldados, la mayoría en la Aldea Las Trojes a fin de evitar conflictos por la instalación de Cementos Progreso en el lugar.De esta manera el gobierno pretende ignorar lo que sucede en San Juan Sacatepéquez. Al día siguiente de haber sido decretado el estado de Prevención fueron capturados cuarenta y dos ciudadanos, y una ciudadana Kaqchikeles. ¿Qué sucede con ellos? ¿Quién los está defendiendo? ¿Quién está apoyando a sus familias?
Por Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales y Diario de Centroamérica
Señor Presidente Colom, responda las siguientes preguntas.
Al día siguiente de haber sido decretado el estado de Prevención fueron capturados cuarenta y dos ciudadanos, y una ciudadana Kaqchikeles. ¿Qué sucede con ellos? ¿Quién los está defendiendo? ¿Quién está apoyando a sus familias?
Durante el estado de Prevención las doce comunidades directamente afectadas por la construcción de la fábrica de Cementos Progreso denunciaron la existencia de El Escuadrón, grupo paramilitar integrado por ex militares y pagado por Cementos Progreso. Los acusados como miembros de El Escuadrón son: Hugo Morales, ex militar; Víctor Girón, ex militar; José Ovidio Castro de Paz, ex militar; General retirado a García Peláez; Roberto Loarca ex empleado del-Estado Mayor del Ejército Nacional y PNC; Luciano Raxón Canel, es Agente de la Policía Nacional Civil al servicio de un comisionado militar jubilado, en la Antigua Guatemala; Sacarías Guamuch, agente investigador de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas – DINC de la PNC; Oficial
Méndez, Jefe Sub Estación de la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepéquez. M.P.; Rolando Zet, Investigador del Ministerio Público; José Camey; Saban; Faustino Xalin; colaborador como investigador infiltrado; Serapio Pulex, extrabajador municipal y seguridad actual de dos coroneles, quien recibe un salario del ejército. Así mismo se informa que ellos son los responsables de asesinar a diecisiete personas a partir de mayo de 2007.
¿Qué investigación se hace ante la denuncia? El diario Prensa Libre informó que la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió veintiuna denuncias de abusos cometidos por las fuerzas combinadas durante la suspensión de garantías. ¿Quién se ocupa de estas denuncias, quién les da seguimiento? ¿Quién garantiza que se aplique la ley? ¿Quién compensa a las personas afectadas?
Además de las violaciones denunciadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, hay muchas más que no han sido denunciadas, porque las víctimas y sus familias fueron amenazadas de muerte por los agresores miembros de las fuerzas combinadas, o porque la población no tiene los medios para presentarlas. Entre ellas están: la violación de varias mujeres, la ocupación y utilización de viviendas como centros de operaciones, el robo de comida y bienes materiales de la población, el maltrato a niños y niñas, la suspensión de clases en las escuelas, impedir el trabajo de los campesinos en sus plantaciones, impedir el acceso a servicios de salud, la intimidación a autoridades y dirigentes comunitarios, todas estas violaciones cometidos por elementos de las fuerzas combinadas. ¿Quién responde por estos atropellos? ¿Qué se hará ante la violación de los derechos humanos de la población? ¿Qué se hará para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas?
Señor Presidente Colom, usted decretó el estado de Prevención, a usted le corresponde responder a estas preguntas y garantizar el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Señor Presidente Colom, usted nombró un mediador que no tiene capacidad de dialogar. Se conoce que el delegado del gobierno y mediador en el conflicto, Luis Velásquez , es una voz más a favor de Cementos Progreso, lo cual es contraproducente para cualquier intento de diálogo. Velásquez es asesor del gobierno y prepara actualmente un plan estratégico de gobernabilidad. Cuenta con el programa televisivo Inversión y Desarrollo en el canal de cable Guatevisión , el cual se inauguró el 19 de abril de 2008, y en su edición del 26 y 27 de abril respaldó a Cementos Progreso. Su empresa, Consultoría Internacional (CONSUINTER) promueve el programa y ha realizado consultorías para Cementos Progreso, la minera Skye Resources y otras empresas. Se observa que hay conflicto de intereses y que el gobierno respalda ampliamente a Cementos Progreso. Velásquez se pronunció sobre la consulta popular en San Juan Sacatepéquez, señalando que la Corte de Constitucionalidad declaró en su oportunidad que estos ejercicios son ilegales, pues no son organizados por el Tribunal Supremo Electoral. “Sí debemos atender al Convenio 169 que establece que se debe consultar a la población indígena, pero las comunidades no tienen opción de veto… La empresa está en ley y puede empezar a construir”. Inforpress #1758 El proceso de diálogo está viciado. ¿Cómo pretende que la población que será dañada por Cementos Progreso el resto de su vida y de la vida de sus hijos, nietos y demás descendencia lo apruebe?
Las demandas del Pueblo de San Juan Sacatepéquez son concretas y se sustentan en las leyes nacionales. Señor Presidente Colom es su obligación escucharlos y resolver en su favor. Ellos solicitan:
1. Información respetuosa y digna a nuestras comunidades, no sabemos que van ha hacer ni cómo lo harán.
2. Que nos aclaren cómo resolverán el uso del agua pues somos cultivadores de flores y no queremos que se sequen nuestras fuentes ni nuestra tierra húmeda.
3. Que respondan sobre la contaminación ambiental especialmente sobre el polvo que genera pues los vecinos de la zona 6 de la capital tienen 40 años según información del diario Prensa Libre de estar sufriendo de contaminación ambiental por el polvo.
4. Que resuelvan sobre nuestras propiedades especialmente porque tenemos pequeñas propiedades donde cultivamos y no queremos cederles para carreteras de sus camiones, esta tierra la luchamos con la vida en la reforma agraria.
5. Que nos demuestren como habrá desarrollo y trabajo sin perjudicar nuestra salud y la naturaleza.
Si resuelve ello no nos oponemos a nada, sólo queremos que se nos respete, somos seres humanos y vamos a responde a la agresión que sufrimos pues estamos cansados de sufrir.
– Queremos denunciar también que el ejército y la policía nacional han cerrado nuestras cedes de autoridades indígenas en nuestras comunidades y violentamente nos quieren sustituir como autoridades el pueblo no lo va a permitir pero la agresión sigue cada hora y cada día.
Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales, 2 de julio de 2008.
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Cesa estado de Prevención
Diario de Centroamérica 7 de julio de 2008.
La medida decretada el 22 de junio en San Juan Sacatepéquez dejó de tener vigencia ayer, confirmó el presidente Álvaro Colom.
El estado de Prevención sería reimplantado en San Juan Sacatepéquez si se produjeran nuevos brotes de violencia, dijo el presidente Álvaro Colom, ayer en Sololá.
El presidente Álvaro Colom reafirmó que el estado de prevención, vigente en San Juan Sacatepéquez desde el pasado 22 de junio, terminó ayer y no será extendido. Sin embargo, advirtió que si ocurrieran hechos como los que motivaron su implantación, la medida será aplicada nuevamente.
El Ejecutivo decretó el estado de Prevención para poner fin a los disturbios que siguieron al rechazo de pobladores de la aldea San Antonio Las Trojes al proyecto de instalación de una cementera.
En declaraciones a la prensa en Santa Clara La Laguna, Sololá, Colom dijo que en San Juan Sacatepéquez continúan desplegados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del Ejército para intervenir en caso de nuevos enfrentamientos en esa comunidad.
Más de 40 personas fueron detenidas al día siguiente de decretado el estado de Prevención, en medio de un ambiente de tensión que tuvo entre sus incidentes más graves la muerte violenta del dirigente comunitario Francisco Tepeu Pirir.
La semana pasada, el obispo católico Álvaro Ramazzini, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, exhortó al diálogo entre los sectores enfrentados, e instó al Gobierno a intensificar la búsqueda de una solución pacífica.
