En las últimas horas se conoció la resolución del Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, dictando el procesamiento de los fiscales que se desempeñan en la justicia provincial, Fernando Rivarola y María Bottini, además de los policías de la provincia de Chubut Adrián Alejandro Muñoz, quien fuera jefe de la División Investigaciones de Esquel, y Claudio Alfredo Rodríguez, que se desempeñaba como encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel. Los cuatro se encuentran involucrados en la causa de espionaje ilegal a vecinos del No a la Mina, pueblos originario y referentes sociales.

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Fuente: Noticias de Esquel y Pablo Quintana

El juez Guido Otranto les imputa el delito de mantener entrevistas con el agente de inteligencia federal sin las pertinentes autorizaciones que fija la ley Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Era inminente el procesamiento de estas cuatro personas que se suman al ya procesado espia que es agente de la Agencia Federal de Inteligencia – AFI (ex SIDE) cuya identidad es mantenida en reserva en virtud de la Ley de Inteligencia Nacional.

Este viernes, el grupo de víctimas de esta causa harían una conferencia de prensa para dar mas precisiones del caso.

Por esta misma causa hay un agente de inteligencia de la AFI (cuyo nombre aún permanece en el anonimato) que ya fue procesado por realizar esas tareas de espionaje prohibidas por la Ley. Como se recordará el 28 de mayo de 2015 el espía se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel para dejar información en torno a la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la recuperación territorial en Vuelta del Río y que protagoniza el lof en Resistencia del Departamento Cushamen y que generó un litigio con la corporación Benetton.

La recuperación territorial mapuche se había iniciado dos meses antes y la fiscalía inició una causa por usurpación a la que luego se sumó el holding Benetton, hasta pretender aplicar la ley antiterrorista contra los integrantes de los Pueblos Originarios. La causa estaba motorizada por los tres fiscales Fernanda Révori, Bottini y Rivarola.
Los funcionarios judiciales tuvieron en su haber durante tres meses fichas de vecinos, entre los que figuran abogados, periodistas, docentes, entre otros, hasta que en el marco de una audiencia la Defensa Pública denunció este hecho.

El artículo 15 bis de la 25.520 establece que “Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia, y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad. El incumplimiento de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho».

De la actuación del espía se desprende que no hubo orden judicial alguna y tampoco diligencia emanada de las autoridades que por entonces comandaban los destinos de la Agencia Federal de Inteligencia.

Muñoz, uno de los efectivos policiales procesados, fue quien declaró que el espía acudió a su oficina en el marco de la investigación relativa a la recuperación territorial en la zona de Leleque. Y si bien aclaró que no lo conocía, reconoció que trabajaba de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia.

En mayo del año pasado el Consejo de la Magistratura de Chubut había resuelto archivar la denuncia que las victimas del espionaje habían elevado contra los fiscales de Esquel, Rivarola, Revori y Bottini.

El cuerpo colegiado presidido por el esquelense Horacio Crea, que responde al Chusoto, resolvió por mayoría no dar lugar al planteo. Siete consejeros votaron por el archivo de la causa, cuatro habían planteado con criterio esperar una resolución de la justicia federal y uno se inclinó por enviar a los fiscales a jury de enjuiciamiento.

El procesamiento de los fiscales se suma a una serie de episodios lleno de desprolijidades y escándalo que envuelve la causa por la recuperación territorial y vuelve a poner el foco en el accionar de la justicia y el gobierno chubutense.