Los trabajadores de la mina Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz, llevan adelante un reclamo basado inicialmente en una recomposición laboral pero también exigen mejoras en el estado de la ruta 47 x parte de Vialidad Provincial.

Para Yamana Gold, empresa que lleva adelante la explotación minera, esta medida pone en riesgo las fuentes laborales del yacimiento y la localidad de Puerto Deseado así como también los ingreso provinciales derivados de regalías y otros aportes como el Fideicomiso Unirse. Piden además, la urgente presencia del Ministro de Trabajo Teodoro Camino en Puerto Deseado.

Hace unas semanas fue noticia la adquisición de Yamana Gold por la empresa Gold Fields, una corporación sudafricana de larga data. Gracias a esta fusión la empresa se convierte en la cuarta productora de minería metalífera del mundo.

Recordemos que Yamana Gold, es una empresa multinacional con sede en Canadá, ya conocida en Argentina. Es propietaria de los yacimientos y proyectos Cerro Moro en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Agua Rica en Catamarca (frenada por la justicia tras una demanda presentada por la población, resolución que la empresa desoye subiendo maquinaria al cerro y provocando la represión de la comunidad que no otorga licencia social y por lo tanto el quiebre de la paz social) y el proyecto Suyai  en Esquel.

Es interesante ver cuál es el tratamiento de la información hacia los trabajadores. Según Tiempo sur  “Ante el reclamo llevado adelante por disidentes del gremio AOMA y apoyado por otras organizaciones sindicales que no tienen vinculación directa con la minería y que mantiene paralizado al yacimiento Cerro Moro desde hace 48 horas, las autoridades de la empresa canadiense habrían dado un ultimátum al Gerente local indicando parar por tiempo indeterminado la operación en la provincia alegando razones de fuerza mayor.”

Por su parte, Yamana Gold afirma que “este conflicto daña la imagen de Santa Cruz que se convirtió desde la llegada de la Gobernadora Alicia Kirchner en la principal productora de minería de la Argentina”.

¿Acaso la megaminería no se promociona como una actividad que paga los mejores salarios? ¿Acaso la seguridad de los trabajadores no es tan importante para la empresa como se publicita habitualmente? ¿Acaso el gobierno de Santa Cruz está a merced de las empresas mineras? Nos preguntamos si estos acontecimientos configuran o no un acto de extorsión. Según el diccionario “extorsionar” significa “obtener una cosa mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación”.