La empresa provincial REMSA entregará ese insumo a un precio cuatro veces más bajo que el que paga Argentina a Bolivia. Vecinos de la zona realizan una manifestación al costado de la ruta 16 desde el 14 de mayo porque se oponen a la instalación de la planta que producirá nitrato de amonio. La protesta incluye desde ayer un corte de tránsito parcial que impide el paso de vehículos de la empresa hacia el lugar donde quieren construir la planta.

Fuente: El Tribuno

Es literalmente un regalo. Pero uno demasiado caro para la segunda provincia más pobre del país. Serán $1.700 millones, según surge del contrato por 10 años que firmó la Provincia con Nitratos Austin. La compañía se ahorrará esa cifra en gas subsidiado por todos los salteños. Se lo entregará la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros Salta (REMSA) a un precio irrisorio.

Con esos $1.700 millones, casi el doble del presupuesto del llamado Fondo de Reparación Histórica, se podrían hacer 560 escuelas, como la que se construye en Alto la Sierra; 1.700 puestos de salud, como los de La Curvita y Monte Carmelo en Santa Victoria Este; 1.700 comisarías, como la que se levantó en Embarcación, o más de 10.000 viviendas sociales, de 44 metros cuadrados, como las que suele entregar el IPV.

Sin embargo, la Provincia parece tener otras prioridades. Le aseguró a la empresa de nitratos que preside Ignacio Rigou, tío político de uno de los hermanos del gobernador Juan Manuel Urtubey, la provisión de gas salteño, durante una década, al 25% del precio que se paga a Bolivia y que se traduce en las boletas de los usuarios con cargos de importación de hasta el 400 por ciento.

Por el acuerdo que firmó con REMSA el 5 de marzo de 2010, Nitratos Austin recibirá 250.000 metros cúbicos diarios de gas en la planta que quiere instalar en El Galpón, cerca del dique El Tunal. Allí transformará ese hidrocarburo en amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio.

De esa forma, parte del gas que se extrae de los yacimientos del departamento San Martín y se importa desde Bolivia se convertirá en materia prima de productos empleados para fabricar explosivos y fertilizantes.

El negocio tendrá exorbitantes márgenes de ganancias, ya que Austin pagará por cada millón de BTU (unidad de comercialización equivalente a 27 metros cúbicos) solo 2,60 dólares. Ese precio, que fue pactado en el acuerdo, es tres veces inferior a los 7,50 dólares que acaban de fijarse para el gas de nuevos pozos argentinos y cuatro veces menor que el que paga el bolsillo de los usuarios a Bolivia. Y además solo podrá ser actualizado hasta un 8%, como máximo, por año.

Así lo estipula el contrato que la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Salta pidió revisar, en vista de sus reprochables alcances, vedados inclusive al conocimiento público con cláusulas confidenciales impropias del sistema republicano. A horas de su publicación, el crítico documento fue levantado del sitio de la entidad.

El convenio sellado en 2010 adquirió especial relevancia en estos días tras conocerse los vínculos de parentesco que unen a José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), con el titular de Nitratos Austin. Los lazos familiares están dados a través de Soledad Bonzi e Inés Rigou, esposa y suegra, del hermano del gobernador.

Pobladores de Metán, El Galpón, El Tunal y otras localidades del sudeste salteño resisten desde hace seis meses contra la instalación de la planta e interpusieron un amparo colectivo. Esta semana sumaron a sus reclamos un pedido de esclarecimiento judicial por los negocios familiares que se traslucen en el negocio de Nitratos Austin. A valores actuales, los 900 millones de metros cúbicos de gas que Remsa le garantizó en diez años a la mencionada empresa, le costarán a la planta de El Galpón cerca de 87 millones de dólares (unos 522 millones de pesos).

Si Austin abonara ese mismo volumen de gas al precio que rige para los nuevos pozos argentinos, su erogación en materia prima se elevaría a 233 millones de dólares (1.350 millones de pesos). Si el valor de entrega se hubiera fijado en base a lo que cuesta el gas de Bolivia, Nitratos Austin debería desembolsar 370 millones de dólares (2.200 millones de pesos) por el gas contratado. Ayer industrias de la región sin privilegios pagaban 13,29 dólares el millón de BTU para no parar su producción ante la falta de gas.

«La empresa no ofrece la información necesaria»

La especialista en derecho ambiental y exjueza de la Corte de Justicia Cristina Garros Martínez cuestionó la «falta de claridad» y «apresuramiento» en el proyecto de Nitratos Austin SA para instalar una planta en El Galpón.

«Creo que la preocupación de la población se explica porque la empresa no ofrece la información necesaria con claridad y, en algunos casos, ha ocultado datos», sostuvo.

La exjueza criticó además la audiencia pública que se hizo para, supuestamente, conocer la opinión de los vecinos sobre la instalación de la planta.

«A la gente le avisaron dos días antes. Se debería haber convocado con tiempo para que la población pueda pedir apoyo de técnicos y hacer consultas importantes. Es la única forma legítima de hacerlo. No se puede actuar con este apresuramiento», señaló Garros Martínez.

La especialista también consideró contradictorio que la Provincia haya declarado la emergencia hídrica pero a la vez avale el emprendimiento de Nitratos Austin, que demandará una importante cantidad de agua.

El proyecto de instalar una planta de nitrato de amonio genera un fuerte rechazo en la población de El Galpón, Metán, El Tunal y Joaquín V. González.

Vecinos de la zona realizan una manifestación al costado de la ruta 16 desde el 14 de mayo. La protesta incluye desde ayer un corte de tránsito parcial que impide el paso de vehículos de la empresa hacia el lugar donde quieren construir la planta.

Garros Martínez advirtió también sobre el peligro que implicaría transportar elementos para generar explosivos hacia las instalaciones de la compañía por las rutas de la zona, que son altamente transitadas.

La integrante de la Corte de Justicia de Salta hasta el año pasado también consideró que la empresa no está dejando claro si garantizará condiciones de seguridad.

«Ante la eventualidad de que ocurriera una desgracia, no está prevista la cobertura hospitalaria o sanitaria. Desde el derecho ambiental, no estamos en contra de la producción pero pedimos que las cosas se hagan conforme a la ley», manifestó.

Garros Martínez también resaltó que se debe medir el impacto en función de los eventuales beneficios que la actividad tendría para la población de la zona.

«Hay que analizar cuántos empleos se generarán teniendo en cuenta cuántos serán para personal altamente especializado que viene de otras provincias», indicó Garros Martínez, que conduce el Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Salta.

Si bien cuando se lanzó el proyecto de Nitratos Austin se habló de que generaría unos 200 puestos de trabajo, la cifra nunca fue confirmada.

¿Cuánto invertirá Austin?
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En febrero de 2010, el entonces ministro de Desarrollo Económico de la Provincia, Julio Loutaif, anunció que Nitratos Austin haría una inversión de U$S 50 millones para la construcción de la planta y un total de 150 millones de dólares en diez años.

Sin embargo, en el Decreto 3288/10, que establece el subsidio al gas por parte de la estatal REMSA, solo se expresa que la inversión rondará los U$S 45 millones.

En enero de 2013, la ministra de Industria de la Nación, Debora Giorgi, indicó que la empresa destinaría a la planta de El Galpón $612 millones, aunque en esa oportunidad dijo que 226 millones provendrán de la línea de créditos Bicentenario. En ese comunicado se detalla que se generarán 220 nuevos puestos de trabajo permanentes. Se trata de una cifra llamativa ya que en ese momento la empresa empleaba en forma directa a 210 personas.

En el informe del Colegio de Abogados se deja en claro que no «existen en el expedientes hojas con la discriminación de los empleos que supuestamente generará».

Instalarán máquinas de 50 años

En el sur provincial no esta previsto un complejo moderno. Las instalaciones que desembarcarán en El Galpón tienen más de 5 décadas y 27 años sin uso. Esto fue uno de los desencadenantes de las manifestaciones de los vecinos. En los departamentos de Metán y Anta hay temor por la falta de medidas de seguridad del proyecto vinculado a la familia Urtubey.

«Según consta en el Estudio de Impacto Ambiental, en el folio 10, los equipos fueron operados entre 1964 y 1986, en Canadá, por la empresa West Fertilizers Co. Luego de 10 años de inactividad, en 1996 la adquirió Austin Podwer SA.

Tras otros 17 años, se instalarían cerca del dique El Tunal», señaló Fernando de San Román, ingeniero industrial y miembro de los Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano de Metan (Vapumas). La semana pasada, la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Salta también marcó que las maquinarias no tienen la revisión técnica correspondiente que certifiquen que se encuentran en condiciones óptimas para su reinstalación.

Para los ambientalistas no pasó desapercibida la explosión, del 17 de abril pasado, en la planta de fertilizantes West Fertilizers Co, en Estados Unidos. Las investigaciones preliminares apuntan al nitrato de amonio como el detonante del siniestro, aunque aún se intenta determinar cómo sucedió. De West Fertilizers Co era la tecnología que llegará para la producción de amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio en El Galpón.

De San Román sostuvo «que no se puede enfrentar la altísima potencialidad de accidente de estas características con instalaciones de 50 años. La planta que explotó era mucho más moderna». Los ambientalistas califican como «chatarra» al equipamiento que se montará en la provincia.

Los autoconvocados destacaron que «la radicación de una fabrica, cuyo proceso se sustenta en reacciones químicas, merece prima facie especial atención de autoridades de Ambiente del Gobierno provincial. El control técnico ejercido debe ser máximo, oportuno, exhaustivo e idóneo, sobre todo, cuando se trata de sustancias tóxicas, como el amoníaco, o altamente corrosivas, como el ácido nítrico».

Los «Autoconvocados de la cuenca del río Juramento» y Vapumas consideran que no se tomaron recaudos ante los camiones con nitratos que circularán en la zona. El Colegio de Abogados advirtió que no se marcaron horarios ni medidas de seguridad.

Con ese dinero podrían construirse 10.000 viviendas

Con los 1.700 millones de pesos en gas subsidiado que el Gobierno de la Provincia concederá a Nitratos Austin en 10 años, se podrían hacer unas 10 mil viviendas, 560 escuelas, 1.700 centros de salud o 1.700 dependencias policiales.

Una casa de las que construye el Estado puede costar cerca de 170.000 pesos de acuerdo a datos del Consejo Profesional de Agrimensores Ingenieros y Profesiones Afines.

Unas 30.000 familias que no tienen dónde vivir están anotadas en el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia. Algunas esperan una solución hace más de una década.

Quedan afuera de la cifra los que no tienen techo propio pero no se anotan en los programas oficiales, ya sea por falta de información o porque no creen en la transparencia de las políticas estatales.

Los fondos que la empresa dejará de pagar también podrían servir para aliviar el sistema educativo, que debe atender a unos 400.000 alumnos de todas las edades en edificios que cada año quedan más chicos.

Una escuela como la que está construyendo el Gobierno de la Provincia con dinero del Fondo de Reparación Histórica en Alto la Sierra cuesta unos 3 millones de pesos.

Por montos similares, de acuerdo a los anuncios oficiales, se levantarán establecimientos educativos en Hipólito Yrigoyen, La Unión y Urundel.

Un centro de salud como el que se está edificando en Pichanal demanda una inversión cercana al millón de pesos según informa la página web del Gobierno. Con el dinero que beneficiará a Nitratos Austin se podrían inaugurar unas 1.700 instituciones de este tipo para atender las necesidades básicas de salud y descomprimir las guardias de los hospitales.

Los recursos también serían un aporte importante para enfrentar los crecientes reclamos por inseguridad en diferentes puntos de la provincia.

En Embarcación, se hizo una subcomisaría con un millón de pesos. Para pagarla, la Provincia también tuvo que recurrir al Fondo de Reparación Histórica.

Nitratos Austin recibirá un apoyo que supera al que la Provincia distribuyó entre el grueso de las industrias salteñas en los últimos años. Desde que comenzó la gestión de Juan Manuel Urtubey se entregaron 88 millones de pesos en certificados de créditos fiscales para fomentar la producción y el empleo.

Los 1.700 millones de pesos en gas que se ahorraría la empresa que quiere producir nitrato de amonio en El Galpón representan más del 10 por ciento del presupuesto anual que tiene Salta para responder a las necesidades de sus 1.215.000 habitantes.

Agua con prioridad para consumo

El agua es la otra materia prima indispensable para el funcionamiento de la planta de Austin. «Ante la grave situación de sequía que afectó a la provincia…el Gobierno de la Provincia declaró la emergencia hídrica para enfrentar este complicado panorama», informó un sitio de noticias oficialista en junio.

El agua es un recurso que no abunda en el norte argentino después de la sequía histórica. La situación es crítica y tres provincias acordaron por estos días priorizar el uso del agua del río Juramente «para consumo humano». Salta, Santa Fe y Santiago del Estero llegaron a un acuerdo después del impacto generado por la sequía que se vivió intensamente en Salta y que afecta los cursos de los ríos Juramento y Salado. Para eso, la Provincia se comprometió a incrementar de 34 a 40 metros cúbicos por segundos, hasta mediados de agosto, los caudales erogados del dique El Tunal.