Mientras desde Malargüe siguen cuestionando la ley antiminera, el Vicegobernador se mostró partidario de la norma.Los legisladores malargüinos José Muñoz y Silvia Calvi (Frente para la Victoria) postergaron «hasta setiembre» la presentación de su proyecto de modificación de la ley 7.722 que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en la minería metalífera.
Fuente: diario Los Andes

Se dieron un nuevo plazo «de 30 días» para buscar «los consensos necesarios» que permitan una presentación «con chances de aprobación» para una iniciativa que elimina la declaración de impacto ambiental en las etapas de prospección y exploración, aunque luego admita el fortalecimiento de los controles durante la explotación minera.

Esta propuesta chocó con la postura del vicegobernador, Carlos Ciurca, quien les ratificó que es «partidario de la ley 7.722». Y manifestó su desacuerdo «con cualquier cambio» a esa norma, porque «entraría en colisión con los compromisos de la campaña que adquirimos juntos con el Gobernador», Francisco Pérez.

En ámbitos políticos se especula con que el Gobierno provincial apuesta a una próxima declaración de inconstitucionalidad de la norma por parte de la Suprema Corte, lo que le permitiría introducir cambios en la legislación minera evitando costos políticos.

«Hay algunos que tienen dudas» (en el bloque del PJ), confirmó Muñoz. «Pero queremos que se entienda a Malargüe cuyo desarrollo depende de la actividad minera», insistió el reemplazante del ex senador Alberto Recabarren (hoy en OSEP).

«Hace tres años que está parado en la Legislatura el proyecto Huemul (de uranio)», se quejó. Y aclaró que «estamos en contra de la minería contaminante y del uso de sustancias tóxicas, pero también rechazamos que se paralicen proyectos de inversión de 10 millones de dólares en la etapa de exploración, que significan 300 puestos de trabajo», manifestó en referencia a Huemul (en Malargüe) más que a San Jorge (Las Heras).

Cuestionamiento

La polémica entre partidarios y detractores de la actividad minera en la provincia de Mendoza se mantiene candente. Organizaciones ambientalistas están preparando una concentración en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, para marchar hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722, el próximo 24 de agosto.

Desde estas entidades se rechazó la reciente presentación en sociedad de una «organización ambientalista pro minera» con el nombre de «Crisol». En esa oportunidad quien se mostró a cargo de la presidencia, Rafael Valverde, se pronunció en favor del proyecto minero San Jorge.

«San Jorge tiene agua propia y no llega al río Mendoza. El 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en el lodo y esto es tratable», había declarado Valverde.

Valverde es cuñado del vicegobernador Carlos Ciurca, lo que inicialmente dio pie a una denuncia por parte del ex concejal socialista Roberto Vélez, de Fiscal, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP) que encabeza Hermes Binner a nivel nacional.

Pero Ciurca -si bien admitió el parentesco- desmintió terminantemente cualquier tipo de vinculación con la organización o con cualquiera de sus dirigentes.

«No tengo ningún tipo de trato ni de relación con esa entidad ni con quienes dicen dirigirla», respondió terminante el Vicegobernador. Y reiteró que «soy defensor de la Ley 7.722».

A pesar de que Valverde manifestó hace una semana que la ONG Crisol tiene quince años de vida, la organización no aparece con ninguna existencia real detectable.

Los Andes intentó ayer infructuosamente tomar contacto con Valverde, quien no respondió a las llamadas telefónicas.