El informe fue elaborado por la consultora Vector Argentina, la misma que elaboró el cuestionado y fracasado emprendimiento minero en al ciudad de Esquel, Chubut. La red ambientalista Oikos denunció que el informe de impacto ambiental habría manipulado la información científica para favorecerse. “Analizamos el informe sobre el impacto ambiental en las cuencas de agua subterránea. Verificamos la bibliografía citada por el informe y vemos que no dice lo que la empresa inversora afirma”
Eduardo Sosa, de Oikos, sospecha que se habría manipulado la información.
La firma inversora ratificó los datos del informe de impacto ambiental.
Desde la ONG ambientalista Oikos indicaron que el informe de impacto ambiental habría sido manipulado. Ejecutivos de la empresa refutaron la denuncia y ratificaron todos los datos aportados al Gobierno.
por Maxi Quinteros y Cecilia Zabala
La polémica por la minería en Mendoza arrojó un nuevo capítulo de acusaciones y contraofensivas, al mismo tiempo que en diversos puntos de la provincia -pero particularmente en Uspallata- se producían cortes de ruta en rechazo al proyecto minero en la villa cordillerana.
En la mañana, la red ambientalista Oikos salió a denunciar que el informe de impacto ambiental elaborada por la empresa habría manipulado la información científica para favorecerse. La respuesta de la empresa no se hizo esperar y, por la tarde, ratificaron todos los datos que contiene el informe presentado ante el Gobierno.
Eduardo Sosa, titular de la red ambientalista, explicó que “tenemos la presunción de que el informe elaborado por Coro Mining ha reinterpretado caprichosamente la bibliografía para favorecer e inducir a los dictaminadores y así facilitar el proceso de aprobación”.
En este sentido, el ambientalista indicó que se han concentrado en estudiar uno de los aspectos más fundamentales del proyecto: “Analizamos el informe sobre el impacto ambiental en las cuencas de agua subterránea. Verificamos la bibliografía citada por el informe y vemos que no dice lo que la empresa inversora afirma”.
Sosa se refiere al hecho de que la cuenca de agua ubicada bajo la estancia El Yaguaraz no sea cerrada, sino abierta. De esta manera, podría tener contacto con el resto del sistema acuífero de la zona cordillerana y, ante un posible riesgo de contaminación, el material contaminante podría llegar a afectar el dique Potrerillos y otros ríos de la zona.
“Si la cuenca es abierta, el riesgo aumenta y la posibilidad de aprobación del proyecto disminuye”, evaluó Sosa, para quien la información científica otorgada por Coro Mining ha sido “reorientada”.
Tras esta denuncia -efectuada en la Legislatura-, Oikos le pidió al Gobierno -más precisamente a la Subsecretaría de Medio Ambiente que dirige Guillermo Carmona- que emplaze a Coro Mining para que, en 48 horas, despeje cualquier duda ante la sociedad.
La contraofensiva de la minera
Las 48 horas no llegaron a cumplirse, puesto que horas más tarde, representantes de la firma inversora que pretende extraer oro y cobre de Uspallata salieron a refutar la fuerte denuncia de la red ambientalista, ratificando el informe ambiental presentado ante el Gobierno de Mendoza.
Dicho informe fue elaborado por la consultora Vector Argentina (a la cabeza) junto con otras empresas, y pone en la balanza los beneficios y perjuicios de explotar ese yacimiento. El mismo fue presentado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que también avaló los resultados.
Así, mientras Oikos advirtió que la bibliografía existente afirma que la cuenca de agua subterránea es abierta, desde Coro Mining afirmaron que es una cuenca de agua subterránea cerrada y desconectada del resto de las aguas subterráneas de la región.
“Ratificamos todos y cada uno de los datos que componen la información de impacto ambiental”, destacó Pablo Alonso, gerente de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de la firma.
Este es un punto clave sobre el que deberán expedirse los dictámenes técnicos sectoriales pendientes, entre ellos el de las universidades, el Cricyt, el Instituto Nacional del Agua y el INTA, la Municipalidad de Las Heras, Vialidad Provincial y Nacional, entre otros organismos.
Los representantes de Coro Mining también se refirieron al contexto en el que se efectuó la denuncia de Oikos, ya que debería haberse radicado en el expediente y no en los medios de comunicación, atentos a la etapa de evaluación y consulta pública en la que está el proyecto.
“Nos cayó muy mal esta denuncia de Oikos, que no fue por los canales institucionales que debería haber sido”, señaló Fabián Gregorio -foto-, presidente de la empresa en Argentina, y agregó: “Nosotros estamos llevando con total rigor científico y ciudadano esta etapa”.
“No lo hicieron por la vía que corresponde, parece de un interés que no excede lo meramente mediático”, señaló Gregorio. “Eduardo (Sosa, titular de Oikos) estuvo reunido con nosotros a medidados de agosto y no presentó objeciones”, sostuvo Raúl Rodríguez.
Luego de este período de consulta pública, se procede al de observación, pasando después al dictamen de la comisión interdisciplinaria evaluadora. Un paso clave es la audiencia pública, de carácter obligatorio, pero no vinculante. Una vez que todas estas etapas sean superadas, la Secretaría de Medio Ambiente deberá hacer la declaración de impacto ambiental y la Legislatura dará el paso final, que es la ratificación del proyecto.
Suponiendo que la empresa apruebe todos estos pasos, y comiencen las obras, los trabajos de explotación la mina a finales de 2012, según estiman desde la misma empresa.
Mañana podrían seguir los cortes de ruta en Uspallata
Desde Uspallata, la comisión de vecinos autoconvocados esperan reunirse mañana sábado a partir de las 16 con el intendente de Las Heras Rubén Miranda y con el subsecretario de Medio Ambiente Guillermo Carmona.
Sin embargo, los vecinos indicaron que si los funcionarios no aparecen por la villa cordillerana a escuchar sus reclamos, podría decidir volver a cortar la ruta internacional nº 7, tal como sucedió a lo largo de este día y en el que participaron más de 300 personas.
