El gobernador Alfredo Cornejo presentó el proyecto “Malargüe distrito minero occidental” y consiguió la reforma del Procedimiento de Código Minero. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura documentan los impactos hidrológicos y ambientales del extractivismo para una provincia donde 40 mil hectáreas agrícolas ya están comprometidas por escasez de agua. Las comunidades proponen un modelo “global, social y sostenible”.
Por: Asambleas mendocinas por el agua – Publicado en Agencia de Noticias Tierra Viva
Foto portada: Greenpeace
Es urgente que la comunidad mendocina conozca y tome conciencia sobre el proyecto “Malargüe distrito minero occidental”, presentado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El proyecto no tiene en cuenta la crisis hídrica como consecuencia del cambio climático y los profundos impactos ambientales, sociales y económicos de la megaminería metalífera hidrotóxica, que afectaría directamente a vecinos y pequeños productores regantes del oasis sur de General Alvear y parte de San Rafael.
Funcionarios del Gobierno de Mendoza, varios sectores empresariales y miembros de algunos partidos políticos en principio “opositores”, apoyados por una intensa campaña mediática, intentan conciliar las actividades productivas tradicionales de la provincia con una nueva actividad alternativa: la “megaminería metalífera”, desde un falso discurso basado en un modelo impune, ilegal e ilegítimo que viola toda norma, procedimiento o leyes que protegen a los ciudadanos.
No existe la megaminería sustentable, ni cuidada, ni amigable con el ambiente, ni de bajo impacto, ni limpia. Existe la megaminería metalífera hidrotóxica, ilegal, destructora de los bienes comunes, contaminante y empobrecedora.
La implementación del Proyecto “Malargüe distrito minero occidental”, habilitaría numerosos yacimientos megamineros metalíferos hidrotóxicos en las nacientes del Río Atuel y el área de recarga del Acuífero Atuel-Diamante que, además de producir altísimos niveles de contaminación del agua —metales pesados, xantato, componentes químicos tóxicos— y del aire —drenaje ácido, nubes tóxicas, partículas de las explosiones y más—, afectaría profundamente el futuro, por la disponibilidad y reserva de agua para el consumo humano y el sistema de riego del oasis de Mendoza, que abastece a los departamentos de San Rafael y General Alvear.
Foto: Télam
La vulnerabilidad ambiental de la matriz productiva del oasis sur del Río Atuel ante el “Proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental” no invalida el cuestionamiento a la falta de políticas públicas socioeconómicas para solucionar la profunda crisis en que se encuentran los pequeños y medianos productores agrícolas de la región.
De esta forma, si bien este documento tiene un alcance focalizado en los profundos impactos hidrológicos y ambientales de la megaminería, queremos visibilizar una larga y grave crisis sin resolver que abarca dimensiones sociales, políticas y económicas de la matriz productiva mendocina.
El agua es fundamental y estratégica pero, además, desde una perspectiva macroeconómica lo que surge, en primer lugar, como condicionante de su vulnerabilidad son los factores de precios-rentabilidad de los pequeños y medianos productores de los oasis mendocinos.
Una política integral, territorial y ambiental debe contener la capacidad de ordenar la producción, el crecimiento urbano y los bienes naturales comunes incluyendo una comprensión global, social y sostenible de la región.
En cambio, el martes 23 de abril, el Senado de Mendoza aprobó la reforma del Código de Procedimientos Minero de la provincia, mientras miles de ciudadanos y ciudadanas nos reuníamos para marchar y defender el derecho a una educación pública. Con este nuevo texto, la toma de decisiones en cuanto a las concesiones y permisos mineros queda concentrada en muy pocas manos dando enorme poder al Ministro de Minería, Jerónimo Shantal, y a la empresa estatal Impulsa Mendoza. Buscan acelerar los tiempos y omitir procedimientos fundamentales estipulados en las leyes ambientales y en la 7722.
Impacto del Cambio Climático y crisis hídrica en Mendoza
En la geografía mendocina, el agua que se utiliza proviene, casi en su totalidad, de la fusión de las nieves y glaciares ubicados en la Cordillera de Los Andes. Mariano Masiokas, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sostiene que “no solo se trata de cuidar los glaciares que proveen de agua sino también a las cabeceras de los ríos. Se debería consultar a la ciencia para que aporte evidencia y se tomen las mejores medidas, sobre todo en un contexto de sequía por el cambio climático que tenderá a profundizarse”.
El Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – Naciones Unidas (IPCC) sobre el océano y la criósfera, publicado en 2019, afirma que “se prevé que los glaciares de menores dimensiones situados, entre otros lugares, en Europa, África Oriental, la región tropical de Los Andes e Indonesia perderán más del 80 por ciento de su actual masa de hielo de aquí a 2100 en un escenario de altas emisiones”.
Foto: Nicolás Pousthomis
En Mendoza, de acuerdo a la información de los balances hídricos del Departamento General de Irrigación, se estiman que son 40.000 hectáreas de producción de vid, frutas, olivos y hortalizas con riego superficial comprometidas por faltante de agua en los cauces debido la crisis hídrica.
El río más comprometido es el Atuel, le siguen el Tunuyán, el Diamante y el Mendoza. La variabilidad climática juega un papel muy negativo porque “hace que haya menos disponibilidad del agua, ya que la demanda de los cultivos es mayor, debido a que hay más temperatura en el llano y menos precipitaciones en la zona de cordillera”, expresó el ingeniero Mario Salomón, ex secretario de Gestión Hídrica de Irrigación.
Raúl Aruani, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Tunuyán, también lo sostuvo al anticipar que “la sequía se va a sentir e impactará el estrés hídrico que baja la calidad y cantidad de la fruta”. “Es un problema para los que tienen riego superficial y para los que tienen pozos, porque el abastecimiento de las napas tampoco es el ideal. A eso hay que sumar el costo de la energía. La otras zonas frutícolas, la de San Rafael y Alvear, con los ríos Diamante y Atuel, también están en problemas también”, alertó.
¿Qué impactos tendría en Mendoza la megaminería?
La “megaminería”, como indica la investigadora del Lucrecia Wagner (IANIGLA-CONICET), son proyectos mineros a gran escala, un tipo específico de actividad minera que ingresó al país en la década de los noventa con el fin de explotar yacimientos con menor cantidad de mineral por roca extraída. El prefijo “mega” no se restringe solo a la magnitud del proyecto minero, incluye también otras características de este tipo de minería:
- explotación a cielo abierto
- generación de pasivos ambientales importantes (open pit o rajo abierto, escombreras, diques de cola)
- extracción acelerada de recursos naturales no renovables
- uso de sustancias potencialmente contaminantes
- gran consumo energético
- utilización de importantes volúmenes de agua
- generación de drenaje ácido de mina (DAM) y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR)
Todos estos procesos implican la liberación de metales pesados; apertura de caminos y aumento de tráfico, entre otros impactos. Es decir, la megaminería posee características que comparte con otros tipos de minería, a las que se suman características propias, muchas de las cuales responden a la envergadura de la ocupación espacial que estos proyectos requieren. A estos impactos ambientales se han sumado en el devenir de la conflictividad los impactos específicamente sociales, como la división social generada en ciertas comunidades.
Foto: Télam
Es importante destacar que, por ejemplo, como precisa el investigador Horacio Machado Araoz (Conicet, Universidad de Catamarca), el yacimiento de Minera Alumbrera consume, por día, 100 millones de litros de agua, que extrae de una reserva de agua subterránea (Campo del Arenal), en una región con un régimen pluvial variable entre 100 y 250 milímetros anuales. Esto ha provocado el descenso del caudal del Río Santa María, la desaparición de vegas y humedales, el agotamiento de pozos y el descenso de las napas subterráneas. Todo ello generó una significativa disminución de la superficie cultivada por disminución del agua para riego.
No está de más recordar las palabras con las que desde el Área Ambiental del Municipio de General Alvear se argumentaba contra la megaminería hace unos años atrás, tal como lo cita el trabajo de Wagner “Agricultura, cultura del oasis y megaminería en Mendoza”: “No es toda la minería, el problema es la minería metalífera y en la escala que se quiere hacer (…), La nuestra no es una postura ambientalista, es una postura a favor del desarrollo sustentable. La minería viene a competir con las actividades que ya existen, y con la cultura de producción de cada lugar donde ellas van. Al afectar los recursos básicos, —aunque no contaminaran, hagamos el supuesto de que nunca contaminarían—, la competencia por el recurso hídrico es muy importante, después te va a faltar agua para la agricultura, y en un desierto como es Mendoza, el recurso hídrico es muy limitado. Entonces, aparte de la contaminación en sí, hay otros factores para tener en cuenta”
El ejemplo del fallo histórico de las comunidades indígenas de Catamarca
La Corte de Justicia de Catamarca prohibió que se entreguen nuevos permisos y exigió que se realicen estudios de impacto ambiental de todos los proyectos mineros de la región. El reclamo fue impulsado por comunidades diaguitas y asambleas socioambientales. El amparo ambiental comenzó en el 2019 y tiene centralmente dos protagonistas: la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y el vital y majestuoso río Los Patos.
Fue en agosto de 2019, cuando vecinos de Antofagasta de la Sierra se pusieron en alerta en una confusa reunión vecinal convocada por la intendencia. Se les comunicó la intención de la empresa minera Livent (Allkem-Arcadium) de empezar una obra de canalización, que consistía en el trazado de un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del curso de mayor caudal de la zona, el río Los Patos. ¿Por qué la empresa necesitaba este nuevo acueducto? Porque en los últimos años había secado por completo el río y la vega Trapiche, produciendo un daño ambiental inmenso e irreparable.
Foto: Télam
Este dato del año 2019 es clave para entender la justificación del fallo de estos días de la Corte catamarqueña, puesto que una de las pruebas más contundentes del amparo es el daño ocasionado en la vega y el río Trapiche (una destrucción que se podría haber evitado).
En 2021, al obtener una modificación en el número de integrantes de la Corte provincial, el Gobernador Jalil consiguió la modificación del Código de Procedimientos Mineros de la provincia lo que dejó a un costado de toda disputa al propio Juzgado de Minas. Allí murió el primer intento judicial.
Ahora, la Corte ordena la realización de un Informe de Impacto Ambiental que tenga dos características fundamentales (que los anteriores no tuvieron): que sea acumulativo e integral sobre todo el Salar y en particular, sobre el río Los Patos. Y segundo, que contemple la afectación total de las compañías que han solicitado autorización para el uso y extracción de agua y su potencialidad de transformar el medio ambiente en una misma área geográfica.
Esta será una diferencia enorme en los balances y el resultado podrá darle, por primera vez, al pueblo de Antofagasta y a la Comunidad Indígena, una idea del tamaño y las consecuencias socio-ambientales de la actividad minera en sus territorios.
El máximo tribunal provincial también reconoce “que el gobierno de la provincia de Catamarca actúa vulnerando sistemáticamente la normativa ambiental, otorgando autorizaciones condicionadas, sin conocer el verdadero funcionamiento de las cuencas hídricas del Salar del Hombre Muerto, sin un informe de impacto ambiental acumulativo e integral y sin garantizar la realización de audiencia pública con la Comunidad de Antofagasta de la Sierra y la consulta previa, libre e informada con la Comunidad indígena Atacameños del Altiplano”.
El agua de Mendoza ¿para qué y para quiénes?
Es oportuno replantear y analizar el principal objetivo de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, a fin de compatibilizar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental hacia un modelo del “buen vivir”, basado en una opción territorial justa, respetuosa de los derechos humanos y en una matriz productiva proveedora de alimentos agroecológicos para solucionar el grave problema del hambre en el país y el mundo.
Por todo lo expuesto manifestamos que en el actual contexto de crisis hídrica, ambiental y socioeconómica de la matriz productiva de Mendoza, el Gobierno provincial tiene el deber y la impostergable tarea de definir y construir un modelo de desarrollo sostenible, plural y compatible con el ecosistema, bienes comunes y la cultura mendocina.
Para ello proponemos entre algunas de las acciones a realizar:
- Exigir al Departamento General de Irrigación la realización de los balances hídricos de todas las cuencas provinciales y de esta manera conocer la cantidad total de agua superficial (ríos y arroyos), embalses, agua subterránea y acuíferos; disponible en cada cuenca.
- Con estos parámetros, establecer un correcto uso del suelo y modelo productivo sostenible, como lo exige la Ley 8051.
Edición: Nahuel Lag
