En diciembre del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza decidió acumular diez pedidos de inconstitucionalidad contra la ley 7.722, aprobada en el 2007, durante la administración de Julio Cobos, norma que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias en la minería metalífera a cielo abierto. Ahora, dos años después, el máximo tribunal analiza por estas horas si llamará a una audiencia pública antes de tomar la decisión final en plenario.
Fuente: El Sol
En ese momento, el pedido fue realizado por empresas mineras que buscan desarrollar la actividad en la provincia y que vieron impedidos sus propósitos a causa de esa ley.
Ahora, dos años después, el máximo tribunal analiza por estas horas si llamará a una audiencia pública antes de tomar la decisión final en plenario. Teniendo en cuenta los intereses en juego y el impacto social que generan los temas mineros en la provincia, al parecer los jueces se inclinarán por la audiencia, que debería realizarse en agosto después de la feria judicial. Se trata de una de las tareas más pesadas que tienen actualmente los magistrados.
El máximo tribunal analiza por estas horas si llamará a una audiencia pública antes de tomar la decisión final en plenario.
Si bien la audiencia no es vinculante, se transforma en una instancia que les permitirá escuchar la postura de cada una de las partes, tanto de quienes piden la inconstitucionalidad de la norma como la de las organizaciones ambientalistas que defienden su aplicación plena.
El último intento de avance minero que se dio en la provincia fue el del proyecto “Hierro Indio” ( Malargüe), quefue rechazado en la Legislatura, tras el revuelo social que generó en la provincia, especialmente en los departamentos del sur. Mientras tanto el debate también podría avivarse con el proyecto Cerro Amarillo (Malargüe). En poco tiempo se conocerán los resultados del relevamiento de glaciares de la cuenca del Río Grande y se conocerá si la empresa Meryllon puede dar inicio a la exploración.
