La CNEA hace reparaciones en la mina de uranio pero sin solucionar los problemas que motivaron el juicio que le iniciara la Multisectorial del Sur. Pretenden que vuelva a producir en estas condiciones, poniendo en riesgo la salud de los sanrafaelinos.

Fuente: Energy Press

La mina de uranio de Sierra Pintada, ubicada en el departamento, sigue generando controversias, ya que no han terminado de remediarse los pasivos ambientales de su explotación pasada. Actualmente hay un proceso judicial en marcha, caratulado como “Asociación Multisectorial del Sur contra Comisión Nacional de Energía Atómica, por acción declarativa de certeza”, que con el expediente 85.858 se tramita en San Rafael.

Hace un tiempo, la Comisión ha obtenido un permiso por parte de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) para realizar pruebas en los diques DN 8 y 9, que permitan comprobar la estanqueidad de los mismos. Los letrados de la CNEA entonces notificaron a Irrigación. El motivo de la discordia presente es que, desde los querellantes, la Multisectorial del Sur, pretendían que Irrigación no fuera meramente informado de lo que se va a hacer, sino consideran y exigen que la autoridad de aguas sea parte de la supervisión de las pruebas. Lo solicitado por vía judicial es la intervención previa y urgente, cumpliendo con el rol que le corresponde como “responsable de la policía del agua”.

De todos modos, desde Irrigación vienen siguiendo y supervisando los trabajos que se realizan. Hace un tiempo que comenzaron las tareas; el personal encargado de la cuenca del Diamante ha estado permanentemente presente en el lugar, y estiman que el trabajo llevará bastante tiempo.

Desde la Multisectorial del Sur, por otra parte, se ha presentado en abril un plan de remediación integral, ante la DPA, pero todavía no se ha resuelto nada al respecto. La entidad solicita no sólo el tratamiento del agua, sino también que se incorporen los tambores. Según expresó ante Diario San Rafael Ricardo Schkop, están solicitando además que se determine un ente de control, que se supone que podría ser una universidad, cosa sobre la que tampoco se ha pronunciado la DPA.

Hay una cuestión que es central, y la que más deberá ser observada por la comunidad: Las tareas que se están haciendo en la planta tienen que ver con el trabajo de impermeabilización de dos diques. Por lo tanto, puede inferirse que tienen como destino la puesta en marcha de la planta. Sigue quedando pendiente la remediación de pasivos, entonces, que es la tarea central que se debería estar haciendo.

Además, todo el complejo nuclear argentino está cuestionado por sectores profesionales por diversas cuestiones, como el mantenimiento de las plantas de energía y la calidad misma de sus reactores. La ingeniera Estela Rodríguez de Schiapparelli manifestaba hace poco en nuestro Diario: “Nos están envenenando el agua, con radionucleidos se está envenenando todo el delta del Paraná, a partir de Atucha 1”, a la vez que declaraba que los reactores son muy poco confiables y de tecnología obsoleta.

Actualmente se estima que hay 70 personas trabajando en la mina, y el lobby de la CNEA se ha redoblado a partir de la radicación de la planta de enriquecimiento de uranio Dioxitek en Formosa, luego de que fuera sacada de la provincia de Córdoba. Una de las actividades que llevan adelante es organizar visitas guiadas de alumnos de escuelas, que promocionan en la propia página web, y justo en un lugar donde se sabe que hay residuos radioactivos que no han tenido su tratamiento definitivo.

ALVAERENSES MARCHARON CONTRA LA MINERIA CONTAMINANTE
El lobby pro minero puso en estado de alerta a los alvearenses. El lunes la Federación Agraria Argentina organizóuna masiva movilización para cuestionar a quienes pretenden modificar una ley que prohíbe la minería contaminante.

“Vienen por el agua, pero vamos a resistir. Estamos defendiendo los recursos naturales de nuestra provincia, porque queremos mantener viva una tradición productiva que nos identifica a los mendocinos desde hace varias generaciones. Se está poniendo en juego nuestro futuro como productores”, señaló el director FAA, Carlos Achetoni. Además de FAA, convocaron la Cámara de Comercio, Ganadería e Industria y otras instituciones locales.

Ayer se entregó un nuevo documento al Departamento Provincial de Irrigación, organismo encargado de regular en Mendoza el uso del agua.