La Rioja, Argentina – 28/08/08. Ante el avance manifiesto y prepotente del gobierno provincial a favor de la minería a cielo abierto, las Asambleas Ciudadanas Riojanas, expresamos nuevamente nuestro mas enérgico repudio y ratificamos nuestro compromiso por la defensa de la vida. Lo que estamos viviendo se debe a que aun padecemos funcionarios públicos incompetentes, embusteros, la inexistencia de políticas ambientales concertadas, y la corrupción. El Estado Nacional esta haciendo de la minería a cielo abierto una rama industrial rentable en la Argentina. Los cursos de agua son escasísimos en La Rioja, es la Provincia que menor recurso hídrico del país. Sin embargo el Gobierno está otorgando concesiones mineras para actividades extractivas a cielo abierto en las principales zonas de nutrientes de agua de La Rioja (Famatina, Velasco y Bermejo).
Por Asambleas Ciudadanas Riojanas
Comunicado de Prensa Asambleas ciudadanas riojanas
Ante el avance manifiesto y prepotente del Gobierno provincial a favor de la minería a cielo abierto, las Asambleas Ciudadanas Riojanas, expresamos nuevamente nuestro mas enérgico repudio y ratificamos nuestro compromiso por la defensa de la vida y el futuro de nuestros hijos y nietos hasta las últimas consecuencias. Lo que estamos viviendo se debe a que aun padecemos funcionarios públicos incompetentes, embusteros, la inexistencia de políticas ambientales concertadas, y la corrupción. Además es el Estado Nacional el que esta haciendo de la minería a cielo abierto una rama industrial rentable en la Argentina, y en ese marco la intensificación de la actividad uranífera es parte de la reactivación de un plan nacional de energía nuclear impulsado por la Presidente.
Los cursos de agua son escasísimos en La Rioja, es la Provincia que menor recurso hídrico del país, está constatado hasta en los mas recientes estudio del propio Gobierno provincial, y la reasignación de este recurso esencial para otros fines que no sean los prioritarios (consumo humano y riego) es imposible.
Sin embargo el Gobierno está otorgando concesiones mineras para actividades extractivas a cielo abierto en las principales zonas de nutrientes de agua de La Rioja (FAMATINA, VELASCO Y BERMEJO).
No existen políticas para la gestión integrada de los cursos de agua que atraviesan zonas productivas, mas que módicas mejoras de estructura y bases de datos y no se conservan como ecosistemas sino como meros flujos de agua, con uso deficiente y en muchos ríos ya ni se conserva su caudal ecológico, es decir, el caudal mínimo que sostiene la vida y por tanto la sustentabilidad del desarrollo productivo y social.
Se están entregando estas concesiones mineras a espaldas de la gente.
Se seguirán destruyendo las principales y escasas cuencas de captación hídrica.
Las zonas montañosas serán irracionalmente utilizadas para la localización y avance extractivo de grandes yacimientos mineros.
Todos los supuestos beneficios económicos sociales de estas actividades representan migajas pasajeras frente al valor incalculable de tener fábricas naturales de agua en buenas condiciones.
El gobernador de La Rioja, como ya ha sucedido con los de San Juan, San Luis, Catamarca y Mendoza tapa el cielo con la mano al omitir que esta Provincia es árida, y que no se podrán regar los viñedos y los frutales con uranio, oro, regalías miserables, mano de obra barata, efímera y con espejitos de colores.
La sustentabilidad de la mega minería NO EXISTE. Todas las minas CIERRAN.
Sigue sin aplicarse la evaluación de impacto ambiental previa en las concesiones mineras, radicaciones y decisiones, públicas y privadas, y cuando se realizan es aplastantemente usual en todos lados que contengan gravísimos defectos e imprecisiones.
El Estado es uno de los actores que menos utiliza la evaluación de impacto ambiental y la difusión pública y la consulta, incluso cuando es obligatoria por ley, manejándose en las sombras.
Sigue promocionándose en toda la Argentina la minería de uranio y la energía nuclear sin ningún tipo de consulta previa, e ignorando ex profeso que organismos de energía atómica como CNEA, NASA y ARN protegen más sus propios intereses económicos y la tercerización de acuerdos con las transnacionales mineras, que la seguridad y la salud de la población.
La mayoría de las minas de uranio cerradas siguen contaminando el ambiente porque no fueron remediadas.
En un barrio densamente poblado de la ciudad de Córdoba una sola empresa vinculada a CNEA, Dioxitek S.A., tiene enterradas sin membranas y sin aislamiento más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de uranio de baja actividad.
No se ha comunicado a la población las descargas rutinarias y accidentales de sustancias radiactivas desde las centrales de potencia (Atucha I, Embalse), ni se advierte que los depósitos de combustible radiactivo agotado de esas dos centrales, altamente radiactivos, pueden ser blanco de ataques terroristas y caída accidental de grandes aviones comerciales. Si esto llegara a suceder, se generarían accidentes que equivaldrían a varios Chernobyl simultáneos (accidentes nucleares grado 7 en la escala INES).
En Los Gigantes, Córdoba la explotación de la CNEA ha dejado 1.000.000 de toneladas de estériles con 59 partes por millón de uranio [ppm], 600.000 toneladas de marginales con 120 ppm de uranio, y 2.400.000 toneladas de cola de mineral con 84 ppm de uranio. Por tratarse de una mina, la CNEA y sus contratistas concentraron uranio a valores mucho más altos que los hallados en las sierras y por lo tanto además de uranio también hay allí residuos de radio 226, radón 222, plomo 210 y polonio 210.
El polonio 210 es un derivado de otro material radiactivo natural, el radón 222.
Es muy peligroso por tres motivos: porque mantiene su radiactividad por mucho tiempo (vida media de 138,3 días), porque libera partículas Alfa con gran contenido de energía, muy dañinas a corta distancia para las células vivas, y porque es químicamente tóxico. La energía que tienen las partículas Alfa del polonio 210 es de 5,4 MeV (= millón de electrón-voltios). Si bien una hoja de papel detiene las partículas Alfa, dentro del organismo no hay hojas de papel sino células vivas que sufren la descarga de energía del radón 222, del plomo 210 y del polonio 210.
Antes de llegar a polonio 210 el radón 222 se transforma en polonio 218, plomo 214, bismuto 214, polonio 214, plomo 210 (otro radioisótopo de riesgo), bismuto 219 y finalmente polonio 210. El polonio 210 se transforma finalmente en plomo estable (plomo 206).
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) encontró valores altos de uranio en el arroyo de la mina en Los Gigantes en Córdoba, e incluso una mayor acidez por culpa de las colas de mineral sin tratar. Esto figura en un informe de la propia CNEA presentado en diciembre del 2005 al Banco Mundial para solicitar un crédito de 25.000.000 de dólares para remediar pasivos ambientales.
La Comisión Nacional de Energía Atómica debería empezar por tratar en forma adecuada de una buena vez las 4 millones de toneladas de residuos con uranio almacenados en la mina de uranio de Los Gigantes, aguas arriba del río San Antonio y de la ciudad de Villa Carlos Paz, y las 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad depositados en la empresa Dioxitek S.A., en un barrio densamente poblado de la ciudad de Córdoba.
En 1992, cuando la CNEA pretendió avanzar en sus tareas de prospección de uranio en Traslasierra en Córdoba los pobladores de todas las localidades, desde Villa Dolores en el sur hasta Villa Cura Brochero en el norte del valle le dijeron no a las minas de uranio. Este rechazo se institucionalizó mediante la aprobación de ordenanzas municipales que declararon a sus ejidos como zona no nuclear.
Si el Gobierno provincial y nacional insisten en colocar minas de uranio en la provincia, pobladores y organizaciones sociales seguiremos unidas para decirles que no. Es inadmisible que tengamos funcionarios que desprecien tanto a la gente y a la actividad productiva y turística.
Nunca olvidaremos que en la década de 1980 la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba hizo peligrar el turismo en Carlos Paz porque la empresa contratista de CNEA, “Sánchez Granel Ingeniería Sociedad Anónima”, descargaba clandestinamente sustancias ácidas de color verde y sustancias alcalinas de color blanco que tiñeron las aguas del río San Antonio.
En La Rioja NO hubo información pública previa, ni evaluación de impacto ambiental desde el Gobierno, se ha obrado a contra pelo de la voluntad popular tratando de imponer un hecho consumado, que es rechazado de plano por la sociedad.
Se han derogado bochornosamente las leyes de Consulta Popular y de Prohibición Minera a Cielo abierto sancionadas por conveniencia por este mismo Gobierno hace apenas unos meses.
En su reemplazo se ha creado el manejable Consejo Provincial de Medio Ambiente para fraguar allí el supuesto acuerdo social a estos proyectos aberrantes, con resultado NO VINCULANTE y ante este atropello, el pueblo va a resistir hasta las últimas consecuencias en defensa de su vida y de su futuro.
Además de este Convenio con la CNEA que otorga concesiones a 12 áreas riojanas en los Dptos SANAGASTA, CASTRO BARROS y FAMATINA que rechazamos de plano; denunciamos ante la sociedad que en el mas absoluto silencio y aun con la por entonces vigencia de las leyes de prohibición y consulta, el Gobierno de La Rioja ya ha otorgado desde el año pasado, 150.000 hectáreas para exploración y explotación de Uranio a la empresa canadiense ROME RESOURSES, a través de sus subsidiarias URANIO AG en Suiza y URANIOS DEL SUR SA en Argentina, comprometiendo a los Dptos CHILECITO, INDEPENDENCIA, JUAN FACUNDO QUIROGA, ROSARIO VERA PEÑALOZA, GRAL BELGRANO y FELIPE VARELA.
Denunciamos también que una gran parte de los geólogos mas renombrados de la CNEA son parte de las empresas transnacionales mineras y les han traspasado todas las áreas y exploraciones previas realizadas en el país por la CNEA en los años anteriores y que hoy forman parte de las concesiones privadas de exploración y explotación extranjera al cobijo de los beneficios de las normas mineras nacionales y de la suba del precio internacional de los commoditys minerales.
Ante el silencio de la Justicia se han violado el año pasado las leyes provinciales de prohibición de minería cielo abierto 8.137 y la de Consulta Popular 8138, se está violando el Articulo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Ambiental para Actividades Mineras y el Principio jurídico Preventivo y Precautorio que indica claramente que ante un posible daño ambiental, atento los numerosos antecedentes obrantes en los mas altos niveles científicos de información independiente, la Justicia debe impedir el avance de estas actividades.
Por todo lo expuesto, ratificamos que NO TIENEN NI TENDRAN la Licencia Social del Pueblo de La Rioja.
Si a la Autodeterminación Popular sobre nuestros Bienes Comunes Sociales.
Sí a la vida, a la producción agropecuaria, a la industria del turismo y la cultura.
Basta de funcionarios vende patria y corruptos!.
La Democracia Real NO SE TOCA!
ASAMBLEAS CIUDADANAS RIOJANAS
Agosto de 2008
